Sociedad, Estado y profesorado

Catedrático de la Universidad de ValenciaTodo lo expuesto en nuestro artículo anterior nos conduce a una afirmación fundamental: la mayor parte de los problemas -aunque no todos- de la Universidad española proceden de los problemas de la sociedad que la rodea y, especialmente, del incorrecto e inadecuado aparato del Estado.

Precisamente por la inadecuación del Estado a la sociedad es por lo que aquél intentó reiteradamente reducir a silencio a la Universidad (silencio impuesto también a otras fuerzas sociales),mediante autoridades académicas calladas, complacientes y silenciosas, pese a que existieron honrosas excepciones. Aquel Estado fomentó la existencia de alumnos que tan sólo se preocuparan de estudiar y que no se preocuparan -lo que era imposible para un joven universitario- de los problemas de la sociedad circundante, especialmente en momentos predemocráticos en los que el debate político empezó -falta de prensa, de Cortes y de partidos libres- a realizarse en las universidades y en las iglesias.

Por ello, para obtener el silencio universitario, es por lo que no se permitió la autonomía y la libertad de la Universidad, sino que se impuso más y más el «centralismo burocrático» universitario. Y, al fin, cuando la autonomía universitaria se inició tímidamente, fue rápidamente reprimida, porque en su ejercicio, la Universidad empezó a oponerse al diktat del poder central. Así ocurrió en la Universidad española y especialmente en las universidades de Valencia y de Salamanca, con los expedientes a profesores y alumnos y con la creación de años de sepulcral silencio en muchas de nuestras universidades. Porque la Universidad se opuso a quienes con arbitrariedad ejercían la autoridad del Estado. El palo, la amenaza y el expediente disciplinario acallaban al que discrepaba e inducían al silencio a quienes podían osar protestar. Pese a solidaridades -ejemplares, pues siempre las hubo, la Universidad fue reducida a silencio. Se acalló su crítica y con ella su propia conciencia institucional.

Recuerdo de unos hechos

Quizá sea ahora el momento de recordarlo, porque nada es tan ilustrativo como los hechos mismos: en 1972 se recibieron en la Universidad listas con varios miles de alumnos a los que (sin oírlos, Y sin iniciarles ningún expediente administrativo, tan sólo mediante unas fichas policiales) por orden del Ministerio se les prohibía el acceso a la matrícula universitaria. Y con ellos -por el mismo procedimiento- varios centenares de profesores debían ser depurados. La negativa, la dimisión y la oposición de la junta de gobierno de una Universidad española hizo imposible la depuración. Al año siguiente, un nuevo rector de esa misma Universidad aplicó y ejecutó sumisamente -con las mismas fichas policiales- la depuración en la Universidad. Cuando el patronato de esa Universidad rogó y pidió explicaciones, fue fulminantemente cesado y sustituido por otras personas más complacientes. Se había logrado ensayar la depuración y la Universidad la aceptó en silencio, por el temor a la protesta. La presión del Estado y del aparato gubernamental no sólo logró su represión, sino que denigró y obtuvo la paz universitaria. Los efectos de la denigración aún los soportamos, porque la denigración de una institución produce efectos que perduran largos años en la conciencia de quienes hubieron de aceptarla.

En definitiva, la sumisión de la Universidad al Estado centralista y autocrático ha provocado una falta de coordinación y de auctoritas entre los estamentos universitarios, que, a su vez, ha creado una incapacidad para el diálogo entre las grandes masas de alumnos y la mayor parte de las autoridades académicas Y de sus claustros.

Por ahí hemos de buscar en el pasado inmediato gran parte de las causas que han conducido a nuestra átona Universidad y han provocado su difícil recuperación y reforma.

Mas si los problemas universitarios vienen de lejos, lejos hay que buscar sus causas. No por masoquismo intelectual, sino para buscar y aplicar los remedios en la profundidad debida.

Es evidente que en 1939 le inicia una política oficial autoritaria, dirigida a eliminar la libertad intelectual de la Universidad y a uniformar la actividad docente, cultural e investigadora de todas las Universidades españolas al someterlas a un centralismo radical. El sometimiento de las nacionalidades y de las regiones que integran el Estado español, preocupación política obsesiva del régimen que se inicia en - 1939, exigió, entre otras tareas también necesarias, imponer una absoluta uniformidad centralista y autoritaria para el régimen administrativo, financiero y académico de nuestras universidades. Este uniformismo produjo un doble efecto: coadyuvar a la reducción del sentimiento y de la voluntad de autonomía, de tales nacionalidades y regiones y acelerar la desaparición del enraizamiento de la Universidad con las necesidades de la sociedad circundante.

Hemos tenido, y aún tenemos, una Universidad construida y gobernada según la imagen del centralismo burocrático, lo que si bien no ha producido el efecto de esterilizar a nuestra Universidad (la cual, en términos absolutos -pese a todo y si tomamos 1960 como punto de referencia- ha crecido en calidad e intensidad los últimos años) sí que ha producido el doloroso efecto de mantenerla en exceso de espaldas a las necesidades científicas, económicas, administrativas, culturales, tecnológicas y jurídicas del país y, a la larga, ha adormecido e incluso ha mutilado el espíritu de ilusión en su tarea intelectual que la Universidad -pese a excepciones singulares- ha perdido.

Defectos propios

Mas al lado de los problemas extrínsecos a la Universidad, hemos de ser conscientes de que existen otros directamente procedentes de defectos de la propia Universidad, quizá impuestos también por el Estado y por la sociedad que la circundan. La Universidad debe colaborar al progreso en el saber (con su función investigador a); la Universidad debe transmitir el saber y la ciencia (con su función docente); la Universidad debe asumir la tarea de difundir la cultura (con su función cultural), y, finalmente, la Universidad debe también formar profesionales y ayudar al mejor conocimiento y realización de los problemas del país, Pues bien, todas estas tareas, la Universidad española no las realiza en condiciones óptimas. Ni mucho menos. Todas estas tareas y funciones deben realizarse teniendo en cuenta que estamos insertos en una sociedad concreta y propia del tiempo presente.

La Universidad hoy está aún conformada y sometida al clima que estaban vigentes en el régimen franquista, porque aún no ha reaccionado a un régimen centralista y burocrático impropio de un Estado y de una sociedad que han iniciado el cambio o la reforma. De ahí le viene, en no escasa medida, parte de su actual desconcierto.

Precisamente por ello, es cada día más evidente que la Universidad no puede realizar ni sus tareas ni sus funciones de modo pretendidamente aséptico o burocrático como era propio de la Universidad napoleónica, en la que se la consideraba como una simple dependencia de la Administración pública y, por tanto, dependiente del poder político. La Universidad tampoco puede realizar sus tareas y funciones sometida a una ideología exclusiva o a un partido político ni soportando el sometimiento a una ideología o a los intereses de quienes en cada momento se apropien del poder político.

La Universidad debe, pues, democratizarse, planteándose de abajo hacia arriba sus propios problemas. Desde los profesores y los alumnos en debate autocrítico y abierto, sus propias dolencias y graves defectos. Todos. Desde la contratación del profesorado, los planes y los métodos de estudio, los exámenes, la selectividad, sus ni veles de exigencia y responsabilidad, etcétera. Todo, absolutamente todo, está hoy en crisis y debe cuestionarse por los propios universitarios.

Mas para ello, la Universidad debe cumplir sus tareas y funciones con autonomía y libertad. Es imprescindible que la Universidad pueda actuar dentro de un régimen y de un derecho universitarios que, al menos, permitan tutelar los siguientes principios cardinales: el respeto a todas las ideologías y concepciones democráticas; el respeto absoluto de la razón y la libertad, como únicos condicionamientos a su funcionamiento científico; el respeto a su autonomía e independencia, que haga posible el estudio de la realidad política, social y económica que la rodea, de forma libre y crítica, sin intromisiones externas de ningún poder político o económico; el respeto que le permita funcionar para convertirla en motor de cambio y progreso social y no sólo de cambio de sus propias estructuras internas, para poderse así proyectar desde todas sus funciones y tareas hacia la sociedad -nacional o regional que la circunda.

Significa todo lo anterior que la Universidad debe actuar dentro de un marco de libertad efectiva, tanto para sus profesores como para sus alumnos, para su personal no docente y en consecuencia, para toda la institución universitaria. Mas como no hemos tenido estos principios ni estas libertades para la Universidad, para sus miembros ni para sus funciones, esta situación, a lo largo de los últimos años (al mismo tiempo que despertaba la sociedad española), ha sido causa de graves tensiones y problemas. Problemas y tensiones que, fundamentalmente, se inician por parte del movimiento estudiantil en 1956, cuando la Universidad comenzó a reivindicar la libertad que le era indispensable, razón por la cual el aparato del Estado redobló de nuevo sus esfuerzos para controlar y dominar la potencial capacidad crítica de la Universidad.

Para recobrar aquellos principios no bastará la autonomía universitaria concedida desde arriba. Será necesario despertar de nuevo la conciencia universitaria, para lo cual sería indispensable un debate abierto y crítico de todas las universidades -entre sus profesores y alumnos- que se planteen a fondo.