Nuevas derrotas socialistas: secretos oficiales y orden público

La Comisión de Presidencia del Congreso rechazó ayer dos proposiciones de ley del grupo socialista. Una de ellas pretendía derogar procedimientos especiales en materia de orden público, y la otra trataba de reformar la ley de Secretos Oficiales. En la misma sesión, y a petición del grupo socialista, se acordó solicitar la presencia del ministro de la Presidencia y del de Trabajo para que informen sobre los trabajos de la Comisión de Transferencia del Movimiento -para que sea posible fiscalizar su labor- y la de la Administración Institucional de Servicios Socioprofesionales (AISS).El primer punto del orden del día estuvo centrado en la designación de una ponencia que dictamine el proyecto de ley sobre zona económica, que establece la ampliación a doscientas millas de las aguas jurisdiccionales.

Tras un debate sobre el número de miembros que debían integrar la comisión, quedó constituida por José Antonio Otero (UCD), Laureano López Rodó (AP), Jerónimo Saavedra (PSOE), Javier Arzallus (minoría vasca), Josep María Triginer (Socialistas de Cataluña), Raúl Morodo (Grupo Mixto) y Heribert Barrera (minoría catalana).

Vicente Sotillo, del grupo socialista, presentó la propuesta de ley sobre derogación de determinados procedimientos administrativos especiales en materia de orden público y pidió que, al menos, se tomase en cuenta la proposición, admitiendo un debate sobre ella, sin rechazarla de antemano.

Baudilio Tomé, en nombre de UCD, se opuso a la propuesta, fundamentalmente, por entender que el Gobierno ya había remitido a las Cortes el proyecto de reforma de ley de Orden Público, en cumplimiento de los pactos de la Moncloa, por lo que no juzgaba oportuno tramitar la propuesta.

Antonio Carro, de AP, se opuso también a la admisión de la propuesta socialista, pero argumentando que debían mantenerse las sanciones de plano establecidas en materia de orden público.

Todos los demás grupos de la comisión apoyaron la propuesta socialista. Finalmente, la votación dio quince votos partidarios de admitir la propuesta y dieciocho contrarios, con lo que quedó rechazada.

De nuevo el señor Sotillo presentó la propuesta de ley para reformar la ley de Secretos Oficiales. Argumentó que en el régimen anterior se había hecho un uso abusivo de la misma, que se tiene una vaga idea de que el Gobierno piensa presentar alguna modificación a estos preceptos, pero que la Oposición tiene la obligación parlamentaria de adelantarse a las propuestas del propio Gobierno.

Hizo referencia a lo que entiende como obstrucción del grupo gubernamental hacia toda iniciativa legislativa de la Oposición; «los componentes de UCD intentan ponernos una losa», afirmó. De nuevo se opuso UCD, se sumó a la Oposición AP y argumentaron su postura de apoyo el resto.