Falta de estructuras económicas y dependencia internacional

A lomos del subdesarrollo, obligada a guiñar perpetuamente un ojo al turismo rico y opulento, de modo que le sea posible la supervivencia, Canarias busca en estos momentos recobrar su propia identidad. Pugna por hallar un modelo de desarrollo autóctono y viable, que la faculte para afrontar los estertores agónicos del modelo tecnocrático-desarrollista español y subir al tren del nuevo despegue, sin depender básicamente de los caprichos y avatares del exterior.Pero no es fácil.

Una torpe división provincial, auspiciada por los oligarcas en 1927, en plena dictadura primorriverista, se transforma hoy en rivalidad suicida, cuando los problemas insulares respectivos, son, fundamentalmente, canarios. A ello se unen una estructura social arcaica, un modelo económico jamás diversificado, bajos niveles salariales y de cualificación profesional y una omnipresente clase dirigente que, en perfecta connivencia con el poder centralista, ha propiciado una política inhibitoria y abandonista hacia el archipiélago.

Durante décadas Canarias ha sido el enclave paradisíaco, de clima privilegiado, al que resultaba atractivo viajar en el invierno, con el gancho adicional de adquirir toda clase de artículos extranjeros a precio muy reducido, merced a su calificación de puerto franco. Nunca llegó a explicarse muy bien el apelativo de afortunadas, con que los manuales al uso definían a esas ocho islas atlánticas, injustificadamente colocadas en el extremo inferior izquierdo del mapa peninsular, como junto a Huelva, cuando la distancia real supera los 2.000 kilómetros; es decir, el doble de la que separa Cádiz de Bilbao o La Coruña de Barcelona.

Dentro del esquema filosófico-político del atado y bien atado, Canarias fue siempre un enclave sin complicaciones, donde en tiempos se destinaba a los funcionarios castigados y, más recientemente, existían pugnas por obtener un lugar burocrático que permitiera permanecer allí dos o tres años; los suficientes para optar a los beneficios de traslado del ajuar personal. Muchos representantes del Poder central en Canarias han circunscrito su labor a las operaciones de traslado de automóviles a la Península, aniparándose en ciertos privilegios, no del todo, abandonados. Todavía hoy, los funcionarios del Estado reciben cuantiosos pluses sobre su salario por residir en el archipiélago. Los canarios suelen referirse a estos ejemplos, no del todo anecdóticos, para expresar la total falta de integración del Poder central y sus representantes en los problemas reales de las islas. Sucesivas oleadas de funcionarios, que no llegaban a identificarse, con las auténticas necesidades regionales, han tenido a su cargo el cometido de mitigar en lo posible las consecuencias de esos 2.000 y pico kilómetros que separan a los canarios del resto de los españoles.

Uno de los problemas seculares de la economía canaria ha sido la escasa diversificación de sus fuentes de riqueza y la consecuente dependencia exterior. Pobre en recursos propios, pero con una situación privilegiada, Canarias ha sido siempre objetivo primordial de los movimientos especulativos -autóctonos y foráneos- que, lógicamente, no han revertido en la instrumentación de un modelo económico que, en las circunstancias actuales, aportara instrumentos de defensa frente a las consecuencias de la crisis internacional.

Tras varias décadas de predominio absoluto del sector primario -agricultura-, una serie de circunstancias y comportamientos provocan un rápido trasvase de recursos y mano de obra al terciario -turismo-, incidiendo lógicamente en el secundario -construcción-, como consecuencia directa del boom de equipamiento de plazas hoteleras. Todo ello, en un contexto de comportamiento especulativo del capitalismo autóctono y peninsular y una irreflexiva política de entreguismo a sociedades extranjeras, que obtienen lo más saneado de los recursos generados en las islas durante los últimos años.

Nunca ha llegado a percibirse una auténtica preocupación de las clases dominantes -insulares, o peninsulares- por proveer un modelo económico coherente, siquiera un equipamiento esencial que permitiera aproximar el archipiélago a la media nacional. El capítulo de insuficiencias es, en Canarias, inagotable. Un aspecto esencial es la falta de estadísticas y estudios ponderados sobre la realidad socioeconómica canaria. Con frecuencia, los datos que se barajan son aproximados, estimativos o, en el mejor de los casos, procedentes de estudios aislados, ultimados con un sinnúmero de problemas.

La presencia de las oligarquías es inagotable. Desde el mercado financiero, monopolizado prácticamente por las Cajas Insulares -cada una en su provincia-, hasta los distintos sectores, las decisiones están en muy pocas manos, con claras implicaciones intersectoriales, de modo que se hacen posibles episodios como el de la aludida Caja Gran Canaria, comprometida en el asunto de Protucasa, y en cuyas actividades se diluyeron más de 3.000 millones de pesetas, en circunstancias todavía no desveladas. El director general de la institución en esa etapa, Juan Marrero, cuyo nombre aparece también por todas partes, fue despedido por el actual asesor de Suárez, Lorenzo Olarte, pero está todavía pendiente de sentencia su demanda de readmisión ante Magistratura. La creencia popular señala que en los asuntos de la Caja pueden estar implicados la mayoría de oligarcas insulares.

La carencia esencial: el agua

Las sucesivas etapas de sequía, unidas a una inconcebible estructuración del mercado del agua, han provocado un peligro de desertización que, siendo inminente en Gran Canaria, puede llegar a afectar a todas las islas.

En Gran Canaria -isla que puede tomarse como modelo-, el agua se encuentra en manos de escasas personas privadas, que distribuyen a su antojo y albedrío los suministros y cometen, al decir de los agricultores, todo tipo de arbitrariedades en precios, mediciones y demás valoraciones del líquido elemento. La tenencia privada ha facultado también a los oligarcas la utilización masiva de recursos acuíferos -escasos- para el abastecimiento de núcleos turístico-residenciales, como es el caso de Maspalomas, Puerto Rico y Playa del Inglés, provocando la desertización de la zona sur de la isla. Cualquier observador se pregunta de inmediato los ocultos motivos por los que el agua no ha sido todavía socializada, desprivatizada o, cuando menos, regulada su utilización por los poderes públicos. No hay respuesta.

Las propias circunstancias geológicas y climáticas del archipiélago -con escasa pluviometría-, la dificultad para embalsar y la ya mencionada explotación privada de las corrientes subterráneas, otorgan un notable rol de futuro en Canarias a las potabilizadoras, de las que ya algunas se encuentran en servicio, otras proyectadas y las más en el ánimo de todos. Sin embargo, su construcción ha chocado con innumerables problemas, desde la oposición previa de los tenedores de los caudales subterráneos hasta complejos sistemas de financiación. Actualmente, Gran Canaria cuenta con una planta para abastecerse, pero ya precisa otra -proyectada-, y se estudia la construcción de algunas más, especialmente en los núcleos turísticos, en los que actualmente se están consumiendo grandes cantidades de agua procedente de manantiales subterráneos, provocándose la salinización de los pozos, por excesivo descenso de la altura freática. Tenerife se enfrenta al problema con menos urgencia, y las restantes islas cuentan con núcleos más reducidos de población.

La altemativa sugerida por diversos grupos de oposición se refiere a la instalación de potabilizadoras más rentables -las actuales obtienen agua a muy elevado coste-, utilización de métodos de depuración de aguas residuales y procedentes de regadíos, máxima utilización de las posibilidades de embalse, cambio de técnicas de riego en la agricultura y la ya mencionada desprivatización o control público alternativo de los caudales y pozos subterráneos.

Suma de insuficiencias

Tampoco la dotación energética es loable en Canarias. La red eléctrica es insuficiente y las centrales están infradimensionadas -sólo en Gran Canaria hay 220-, incluidas las que posee la empresa estatal Unelco, que aprovecha las posibilidades energéticas de las potabilizadoras y posee veintiséis plantas en todo el archipiélago. No obstante, el rendimiento no es óptimo, ya que las pérdidas por distribución y transporte se estiman en el 25%, muy por encima de la media nacional. Además, el que las potabilizadoras y las centrales no pertenezcan a los mismos organismos -aquéllas están regentadas por los cabildos- dificulta notablemente cualquier intento planificador.

Los derivados del petróleo se obtienen exclusivamente a partir de la refinería de Santa Cruz, en Tenerife, propiedad de DISA (CEPSA), aunque en el aspecto comercial no existe monopolio.

El transporte es, igualmente, deficiente. No hay ferrocarril, y la red viaria está mal proyectada y en irregular estado de conservación. La infraestructura portuaria tampoco es la que corresponde al enclavamiento estratégico de las islas. El puerto más importante es el de La Luz, en Las Palmas, pero está muy mal dotado, careciendo inclusive de una terminal de pasajeros. El aspecto mejor atendido es el de las comunicaciones aéreas, existiendo un aeropuerto en cada isla, bien dotado y con buenos sistemas de ayuda a la navegación, con la sola excepción del nefasto Los Rodeos, incluido en todas las listas negras de las compañías comerciales del mundo, pero que se espera sea sustituido por el del Sur, sólo falto de los edificios terminales, y que, aunque con el importante inconveniente de estar situado en una zona de fuertes y constantes vientos, constituye la esperanza del futuro del transporte aéreo de y hacia Tenerife.

Canarias cuenta actualmente con uno de los índices demográficos más importantes de España (+2,5% anual) y una tendencia a la concentración urbana muy importante. La emigración se ha reducido -Caracas es la segunda ciudad canaria del mundo, con más de 300.000 habitantes procedentes del archipiélago- y la penetración de las colonias extranjeras y peninsulares se ha acentuado. El 25% de la renta disponible está en manos del 1% de la población. Hindúes y marroquíes acaparan los circuitos comerciales. Los puestos ejecutivos están en manos de peninsulares en buena parte de las empresas. El paro rebasa el 15%, según fuentes laborales, y la renta no alcanza el 85% de la media nacional. El número de analfabetos está cifrado oficialmente en torno al 12%, pero diversas fuentes consultadas estiman que puede alcanzar incluso el 20%.

Por otra parte, la compleja sucesión de maniobras oligárquicas que concluyeron en el Tratado de Madrid, por el que se entregó, en 1975, el Sahara occidental a Marruecos y Mauritania, unido al creciente interés de Estados Unidos y la URSS por el continente africano, hacen del archipiélago una zona apetecible y explosiva, en la que pueden concurrir determinadas circunstancias, en contra de los propios intereses autóctonos.