En estudio una nueva ley de libertad religiosa

Eduardo Zulueta, director general de Asuntos Eclesiásticos, asumió desde ayer funciones que eran propias del subsecretario del Ministerio de Justicia y desde ahora se halla en cargado no sólo de las relaciones del Estado con la Iglesia Católica, sino con las restantes confesiones que se profesan en España.

El señor Zulueta comenzará la próxima semana a tomar contacto con los líderes de las diferentes confesiones. El propósito de estas reuniones es el de arbitrar los medios necesarios para reformar radicalmente la ley de Libertad Religiosa, que en la actualidad ya resulta anacrónica, según señaló ayer a EL PAIS el propio director general de Asuntos Eclesiásticos.Eduardo Zulueta explicó también que esta cesión de funciones que ahora recibe es un primer paso hacia la reconsideración del carácter que tiene la dirección general que ostenta, y cuyos objetivos se han cumplido ya en un 90%.

El señor Zulueta no tiene aún una idea clara de cómo se reformará la ley de Libertad Religiosa y desconoce si habrá otta legislación completamente distinta o un nuevo acuerdo-marco. El director general reitera que los cambios sólo serán introducidos a raíz de las conversaciones que va a iniciar a partir de mañana. .

Una de las últimas consecuencias de la actividad de la Dirección General de Instituciones Eclesiásticas fue el acuerdo con la Iglesia católica para variar radicalmente el sistema de ayuda que el Estado le prestaba hasta ahora.

La idea de estos contactos ha sido recibida con interés por las confesiones afectadas. Asimismo según el ambiente que se ha detectado en los últimos tiempos en la Iglesia católica, las nuevas atribuciones que recibe la Dirección General de Asuntos Eclesiásticos aparecen como una consecuencia de la voluntad que Iglesia y Estado han mostrado para que acabara una relación de dependencia que en último término tenía un condicionamiento económico.

Al anular las relaciones económicas directas entre Iglesia y Estado se han comenzado a sentar las bases de una nueva comunicación que en medios de uno y otro sector se considera positiva. Como se sabe, desde enero próximo el Estado ya no hará llegar subvención a la Iglesia católica de acuerdo con criterios políticos, sino que es la propia institución eclesiástica la que administrará a su albedrío una cantidad global.