Peru: la revolución de los cuarteles, paralizada

El 3 de octubre de 1968, en un contexto de crisis política, económica y financiera, el Ejército, dirigido por los jefes de Estado Mayor de las tres armas, pone fin al Gobierno constitucional del presidente Fernando Velaunde Terry. Al día siguiente, el general Juan Velasco Alvarado asumía la presidencia del Perú nombrando un Gobierno compuesto exclusivamente por militares. No se trata, sin embargo, ni de un golpe de Estado «clásico», ni de un movimiento político coherente. El abanico de opciones políticas de los generales y almirantes en el poder iba desde una democracia parlamentaria «reforzada» a un socialismo autogestionario puro, pasando por un socialismo militar estatal y autoritario. Así, a través de una serie de tensiones, en las que Velasco Alvarado juega el papel de «moderador dinámico», se va definiendo «la tercera vía peruana», que entre el capitalismo y el socialismo se inclina hacia este último, pero «dentro de una tradición humanista y cristiana», al tiempo que afirma su independencia frente al exterior.Esta política se traducirá en una serie de nacionalizaciones y «peruanizaciones» (obligación de que las entidades productivas pertenezcan a sociedades y ciudadanos peruanos) de las industrias básicas y del crédito y en una ambiciosa reforma agraria, anunciada el 24 de junio de 1969, y puesta en marcha a un ritmo muy diverso según las regiones.

En febrero de 1975, una serie de motines antigubernamentales llevaron a la proclamación del estado de emergencia. El general Francisco Morales Bermúdez, de la corriente moderada, fue nombrado primer ministro. El 29 de agosto, tras un golpe dentro del Ejército que no ha sido suficientemente aclarado, y alegando la mala salud de Velasco Alvarado, Morales Bermúdez asumía la presidencia. El nuevo Gobierno nombrado por éste puso en práctica una serie de medidas -desnacionalización de la industria pesquera, prohibición de la huelga...-, que suponen un giro a la derecha.

El 11 de octubre pasado, el Gobierno publicaba el texto del plan «Tupac Amaru» que establecía los objetivos del régimen hasta 1980, año en que el poder será transferido al sector civil mediante un proceso electoral que se inicia el próximo año.

El proceso electoral

El próximo mes de julio tendrán lugar elecciones para una Asamblea Constituyente que deberá elaborar una nueva Constitución en la que estén recogidas las reformas estructurales del régimen militar. Una vez redactada la nueva carta magna se celebrarán elecciones generales y presidenciales.

Los actuales dirigentes militares elaboraron meses atrás un estatuto electoral que impone una limitación que tiene gran peso en Perú: la exclusión en el derecho al voto de los analfabetos, lo cual margina del proceso electoral a más de un tercio de la población peruana. Esta medida afecta fundamentalmente al campesinado y, por tanto, a un partido que ha recogido la bandera de las reformas de la primera etapa del régimen militar: el Partido Socialista Revolucionario, cuyo presidente es el ex general Leónidas Rodríguez Figueroa, una de las principales figuras del movimiento militar de 1968 y artífice de la reforma agraria, una de las más radicales del continente, lo que le ha proporcionado gran prestigio entre el campesinado. Leónidas Rodríguez fue pasado a la reserva en octubre de 1976 y en enero del presente año fue deportado. Actualmente se encuentra exiliado en México. Es el único líder de un partido político que actualmente se encuentra sometido a esta medida de expatriación.

Ante estas próximas elecciones figura como favorito la Alianza para la Revolución Americana (APRA), un partido populista en sus orígenes, en los años veinte, que a mediados de los años sesenta derivó hacia posiciones conservadoras. El APRA ha actuado con plena libertad durante el régimen militar, tras haber sido durante décadas el enemigo declarado de los sectores castrenses. Ha mantenido intacta su estructura, y tradicionalmente es el partido más importante. De cara a los comicios del próximo análisis, el APRA cuenta con la ventaja de su capacidad de acción electoral.

Según sectores de la oposición, el actual presidente peruano apoya al APRA, favor que podría ser compensado en las elecciones presidenciales de 1980 con un apoyo del APRA a una eventual candidatura del general Morales Bermúdez.

Así como el APRA continúa contando con un notable grado de influencia entre las capas medias de la población y sectores medias de la industria, el partido Acción Popular, del ex presidente Belaúnde, la segunda fuerza tradicional del país, ha sufrido más directamente los casi diez años de Gobierno militar, y sus posibilidades electorales se presentan bastante más reducidas a pesar de que durante esos años alzó la bandera opositora contra el régimen castrense casi con más agresividad que el propio APRA. Con todo, la tradición belaundista se mantiene.