Inquietud de la Marina de Guerra por las restricciones de presupuesto para el próximo año

La reciente dimisión del almirante Carlos Buhigas como jefe del Estado Mayor de la Armada refleja una inquietud de la Marina de Guerra, causada por la forma en que los marinos consideran haber sido tratados por el Gobierno en sus drásticos planes de limitación presupuestaria. El proyecto de ley del presupuesto de 1978 ha penalizado a la Armada en más de 1300 millones de pesetas sobre las previsiones de aumento ya pactadas y fijadas por leyes anteriores y otros acuerdos, y ha cercenado expectativas económicas por otros 1.900 millones por lo menos.

La Marina señala, además, que estas restricciones se producen en un momento en que aún sufre las consecuencias de dos devaluaciones en menos de año y medio y en medio de un alza en flecha de los costos de material y producción. Señala, además, que las medidas restrictivas tomadas son perjudiciales para un sector prometedor de la industria, la construcción de naves de guerra para España y la exportación.Aunque éstas no son las únicas razones que han influido en la decisión del almirante Buhigas, son quizá, las más determinantes. El estado de ánimo de la Marina se refleja en el rumor, extendido por las guarniciones, de que la flota tendrá que reducir en un 70 % sus salidas a la mar.

Según las cuentas del Estado Mayor de la Armada, las reducciones sobre las peticiones propias han sido de 1. 100 millones de pesetas en alimentación y paga del soldado, cuatrocientos millones en combustible y unos cuatrocientos millones en dietas, billetes de tren y hospitalidades. En cuanto a la alimentación y paga, el problema de la Marina es parecido al de otros ejércitos. En el capítulo de combustible, sin embargo, los marinos señalan que la dotación asignada ha retrocedido a los quinientos millones del año 1974. En los años siguientes, el Gobierno había autorizado cuatrocientos millones suplementarios anuales para cubrir los aumentos de precio del combustible. Este dinero, aseguran los marinos, ha sido suprimido ahora; la diferencia tendrá que ser detraída de las inversiones o, en otro caso, habrá que amarrar los buques.

El capítulo de las inversiones en equipo, armamento y naves es el que aparece bajo luz más crítica, desde el punto de vista de la defensa. Las inversiones militares están reguladas por la ley 32/7 1, que preveía la dotación de inversiones que habrían de incrementarse en 19,2% anualmente. Para corregir el posible efecto desinversor de la inflación, la ley preveía que a mitad de su vigencia debía ser revisada. La revisión debía haberse efectuado en 1975, pero en realidad no se ha efectuado sino a principios de 1977, añadiendo casi 5.000 millones para los tres Ejércitos, de los que 1.396 correspondían a la Marina, y estableciendo el crecimiento de las dotaciones en un 30% anual. Sin embargo, la ley del Presupuesto cancela este año el aumento del 30%, dejando los aumentos en el conocido techo del 22%, pero quitando el piso de 1.396 millones para el cálculo de los futuros aumentos.

Otro capítulo en que la Marina se siente perjudicada es el de las devaluaciones. Los créditos a la Marina concedidos por Estados Unidos en virtud del acuerdo de amistad y cooperación, importan doscientos millones de dólares; la devaluación última ha supuesto una pérdida de más de 3.000 millones de pesetas. Cuando la devaluación del 67, el Gobierno se hizo cargo de las pérdidas sufridas en los créditos; actualmente sólo ha asumido el 50%. Mayores consecuencias tiene la devaluación en el sector de importaciones de equipo para naves y bases de la Marina: unos 9.000 millones.

Hacienda explica

El punto de vista de Hacienda difiere sustancialmente de esta visión. Las fuentes consultadas afirman que las reducciones sufridas por las Fuerzas Armadas no son pérdidas, sino, simplemente se aplicará en los seis años Aunque el aumento del 30% en las previsiones de la ley 32/71 no se ha aplicado este año, ese aumento se aplicará en los seis años próximos. La ley misma prevé este tipo de situaciones, cuando autoriza anticipos de tesorería, como podrían ser, por ejemplo, créditos a la Bazán sobre encargos de la Armada a excepto los 5.000 millones de rebaja presupuestaria que han correspondido a las Fuerzas armadas, todos los demás acuerdos, afirman esas fuentes, han sido mantenidos; la misma dotación para combustible, de hecho, está incorporada al 30% de aumento sobre las previsiones de la ley 32/7 1.El problema, pues, es evidente: las inversiones militares se dilatan en el tiempo, incorporando una previsible deriva de precios, que desfigura la planificación de las inversiones y, en última instancia, hace dé la defensa una incógnita difícil de despejar. La dimisión de Buhigas ha arrojado luz sobre un problema de falta de entendimiento entre las Fuerzas Armadas y el Gobierno. Es discutible el que esta pequeña crisis de confianza fuera de todo inevitable.