Tarradellas desmantela la Diputación de Barcelona

Todos los poderes de la Diputación de Barcelona están ahora en manos de su presidente, Josep Tarradellas, que también lo es de la Generalitat. Por un decreto firmado anteanoche y dado a conocer en el pleno de ayer, se crean seis comisiones informativas, para las que no se designa aún titular, se deja sin efecto la organización de la Diputación de Barcelona, establecida en marzo de 1974, y, finalmente, «quedan sin licencia todos los nombramientos hechos en favor de los diputados provinciales para ostentar los cargos de vicepresidentes, o delegados, así como los representantes de la Diputación en juntas, instituciones, organismos o patronatos que figuran en el cartapacio provincial». Con este decreto se cumplen las previsiones avanzadas en la segunda edición de EL PAIS de ayer, y resulta que, en estos momentos, ningún cargo político de la Diputación de Barcelona conserva la más mínima posibilidad de obrar en nombre de la Corporación, por carecer de todo poder de firma.Por otro decreto, Josep Tarradellas queda expresamente facultado para designar a dos representantes de la Diputación de Barcelona en la comisión mixta para la transferencia de servicios de las diputaciones catalanas a la Generalitat. Su nombramiento deberá efectuarse antes del próximo lunes, según determina el propio decreto de Tarradellas.

Tarradellas acordó también que quedara sobre la mesa un dictamen proponiendo la modificación de los estatutos de la Caja de Ahorros de Cataluña, perteneciente a la Corporación, así como un nuevo reglamento para la. designación. de los órganos de gobierno de la misma. Dicho dictamen sería considerado por Tarradellas como un fortalecimiento de los poderes de los actuales directivos de la Caja, cuando su deseo sería precisamente el poder proceder a una importante reestructuración de tan importante fuente de ingresos.

Desconcierto

Tarradellas había informado de, sus decretos a los diputados provinciales, pero sólo minutos antes de celebrarse el pleno, y en ocasión de un breve consejillo. Uno de ellos, José Matías de España y Muntadas, de ideología muy marcadamente ultraconservadora, dijo que podía existir el peligro de que la Diputación quedase paralizada, a lo que Tarradellas respondió, sin duda con ironía, de, que no se preocupara, que él se encargaría de su funcionamiento. Posteriormente, en el pleno público, ningún diputado opuso la más leve objeción a los decretos de Tarradellas. No obstante, las caras de los diputados no eran en absoluto de satisfacción, sino de claro desconcierto.

En el pleno, Tarradellas parecía estar en uno de sus mejores momentos. El acto guardaba una paradójica similitud con otro gran acto histórico que protagonizó, también Tarradellas en 1936, cuando consiguió la disolución del comité de milicias antifascistas.

Este episodio confiere a Tarradellas una nueva dosis de autoridad moral, la cual puede serle de extrema utilidad en la entrevista, en curso de celebración anoche, con los presidentes de las diputaciones de Lérida, Gerona y Tarragona. En relación a estas tres diputaciones, el poder efectivo de Tarradellas es prácticamente nulo, pero, en cambio, su autoridad moral es ahora enorme, favorecida además por el escaso protagonismo político y cívico de los tres restantes presidentes de las diputaciones catalanas. Ello puede permitir a Tarradellas el lograr que los representantes de las otras tres diputaciones en la comisión mixta Generalitat-Diputación sean personas de su agrado y confianza.

La amenaza del PSOE no le inquieta

Con referencia al Gobierno autónomo de la Generalitat, continúa perdurando la ausencia de precisiones fiables. Fuentes próximas a Tarradellas se limitaron a señalar que la amenaza socialista de no tomar parte en el Gobierno no había inquietado lo más mínimo a Tarradellas, pudiéndose incluso dar el caso que entre los ministros llamados técnicos no figure ya de entrada ningún socialista. Con respecto a la presencia comunista, fuentes del propio PSUC consideraban anoche muy improbable que figure algún comunista, exceptuando su secretario general, Antonio Gutiérrez, quien será nombrado ministro político, en cumplimiento de los acuerdos secretos de Perpignan.