El PCE pide un decreto-ley sobre aspectos urgentes del pacto de la Moncloa
El Partido Comunista de España (PCE) considera que el Gobierno debe recurrir a la publicación de un real decreto-ley para poner en marcha de manera inmediata una serie de aspectos urgentes del pacto de la Moncloa. Igualmente propone una nueva reunión urgente de todas las partes signatarias, a fin de tratar de la política de salarios y otros puntos trascendentes del pacto que requieren una interpretación.
En un comunicado emitido ayer el PCE pone de relieve que en las actuaciones de algunos miembros del Gobierno en los últimos días -por ejemplo, en los conflictos de Aviación Civil y Obras Públicas-, se aprecia una invocación delpacto de la Moncioa, no congruente con sus objetivos.« En línea con esto -prosigue- estimamos que puede ser necesario recurrir a la publicación de un real decreto-ley para poner en marcha de manera inmediata una serie de aspectos urgentes del pacto de la Moncloa, de modo que, junto a los problemas de salarios que deberían ser objeto de discusión por las partes signatarías del acuerdo, figuren ya desarrollados, o con bases para su desarrollo, los puntos referentes a una serie de cuestiones fundamentales para las clases trabajadoras.»
Según el PCE, los puntos que fueron incluidos en el pacto y cuya efectiva vigencia no puede demorarse -es decir, los que deben ser objeto del decreto-ley-, son los siguientes:
-Anuncio de las inversiones públicas previstas para 1978 y las consignaciones definitivamente previstas para el seguro de desempleo y otras medidas eneaminadas a combatir el paro.
-Anuncio de las consignaciones que se harán con destino a la ayuda comunitaria.
-Disposiciones necesarias para que, a partir del 1 de enero, se incremente la masa global de las pensiones en un 30% que se distribuirá, según lo pactado, de forma que incida progresivamente en las más reducidas.
-Indicar con toda claridad cuáles son las medidas dirigidas a coadyudar a la pequeña y mediana empresa, estableciéndose topes cronológicos dentro del primer semestre de 1978 para su efectiva vigencia.
-Puesta en marcha de un índice de precios de productos de consumo más frecuentes por las clases de rentas más bajas, con la participación de organizaciones empresariales, de los consumidores y de las céntrales sindicales.
Desarrollo del programa experimental del empleo juvenil y de contratación de trabajadores temporales actualmente en el seguro de paro, así como del compromiso estatal de hacerse cargo del 50% de los costes de la Seguridad Social de ambas clases de trabajadores.
-Fecha de emisión de los 40.000 millones de deuda pública, destinada a financiar el programa de construcciones escolares.
-Fecha de publicación del programa prioritario de construcción de viviendas sociales para 1978 y 1979.
-Calendario, con fechas próximas, para hacer efectivo el control de la Seguridad Social, la participación de los beneficiarios en la misma y la presencia de los sindicatos en las entidades gestoras.
-Entrada de organizaciones de agricultores y ganaderos en los organismos de la elaboración de la política de precios agrarios.
El Partido Comunista de España anuncia, además, que su grupo parlamentario presentará inmediatamente ante las Cortes una proposición de ley sobre el Código de Derechos y Obligaciones de los Trabajadores, e Insiste en la necesidad de convocar inmeditaménte las elecciones,sindicales
«Pensamos -añaden- que es necesario reactivar las conversa ciones entre centrales sindicales, empresarios "y Gobierno -suspendidas, desde el pasado día 10 de noviembre- que podrían llevar a la constitución de algún tipo de consulta permanente, con la idea de que el pacto de la Moncloa se aplique con mayor fluidez y eficacia.» Los comunistas reiteran el pleno apoyo al contenido del pacto, así como su propósito de reclamar de forma permanente su más riguroso cumplimiento. Confirman también su intención de dirigirse a la opinión pública siempre que el pacto pueda desvirtuarse por cualquiera de sus signatarios.
El PSOE, en desacuerdo con el decreto-ley
Puestos al habla con el secretario del grupo parlamentario socialista, Gregorio Peces-Barba -que manifestó desconocer el contenido del comunicado comunista-, éste señaló que su partido está, en principio contra todo lo que suponga un detrimento de la labor legislativa del Parlamento.«No estamos dispuestos a que se legisle por decreto-ley. En el pacto de la Moncloa hay aspectos que pueden ser desarrollados mediante órdenes ministeriales, pero todo lo que tenga rango de ley deberá pasar por las Cortes obligatoriamente», afirmó.
