Consenso de las fuerzas políticas en el enfoque del orden público

La cumbre de la Moncloa finalizó ayer con un completo acuerdo sobre el programa económico. El presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, expresó su satisfacción por el resultado de las reuniones que se iniciaron el pasado día 8, satisfacción que compartieron todos los líderes de los partidos con representación parlamentaria. A la salida del palacio de la Moncloa flotaba la sensación de que los partidos de izquierda habían obtenido contrapartidas aceptables y que el acuerdo es una buena base para iniciar la salida de la crisis económica. En el plano político no se produjo el mismo consenso generalizado que en el económico. Alianza Popular, a través de Manuel Fraga, anunció su oposición al nuevo enfoque del orden público.En el plano político, el pacto establece que el Gobierno presentará en fecha inmediata ante las Cortes tres mociones para la reforma de las leyes de Orden Público, de Asociación Política y de Reunión, sobre cuyo contenido se llegó ayer por la tarde a un consenso con los líderes de los partidos parlamentarios, excepto con Alianza Popular.

Manuel Fraga, líder de esa coalición, comunicó a la salida de la Moncloa que, en ese plano político, sólo apoya la creación de una comisión paritaria para el control de los medios de comunicación estatales, acordada en una sesión anterior.

La última reunión de la cumbre se inició a las once de la mañana de ayer con la presencia en la Moncloa de los líderes de los distintos partidos y de los ministros de Justicia, Landelino Lavilla; Interior, Rodolfo Martín Villa, y Cultura, Pío Cabanillas.

Adecuar el orden público a la democracia

De acuerdo con el orden del día, se trató de unificar criterios sobre la reforma de la ley de Orden Público y posible elaboración de una ley especial para la defensa de la democracia.

Los partidos de izquierda (PCE, PSOE y PSP) pusieron de manifiesto su preocupación por el hecho de que una ley semejante o la introducción de un capítulo especial sobre terrorismo en la ley de Orden Público pudiera tener carácter de permanente. Manuel Fraga, de Alianza Popular, por su parte, se mostró contrario a encargar a una policía especial, dependiente del poderjudicial, de la persecución e investigación de los delitos de terrorismo. Tras una intervención de Landelino Lavilla tendente a globalizar las conclusiones, se acordó, por iniciativa del presidente Suárez, la inmediata constitución de -una ponencia que concretara los criterios expuestos.

No se incluye el estado de excepción

De acuerdo con esta iniciativa se reunieron en el despacho particular del presidente Suárez los ministros de Justicia, Interior y Cul tura con los señores Navarro (PSP) Fernández Viagas (PSOE), Verde y Aldea (Minoría Vasco-Catalana) y Solé Turá (PCE). En menos de una hora elaboraron un documento en el que se afirma la necesidad de adecuar el concepto de orden público a los avances de la democracia y a su defensa.

Se dice también que el orden público se entiende como la defensa del «libre y pacífico disfrute de las libertades públicas». Se alude asimismo a la declaración á la Convención Europea de Estrasburgo sobre el terrorismo, para pasar después a delimitar la potestad sancionadora de la autoridad gubernativa, potestad que quedará reducida al Ministerio del Interior y gobernadores civiles, y que excluye todo el ámbito de las libertades públicas constitucionalmente reconocidas.

Se establece la previa audiencia de la persona afectada y se excluye el arresto sustitutivo y el pago previo al recurso. También se regulan las situaciones de emergencia o alarma pública. El estado de excepción o él estado de guerra quedarán fuera del ámbito de la ley de Orden Público.

Sobre la lucha contra el terrorismo, el documento habla de la necesidad de fortalecer los medios estatales de investigación y persecucón de actividades calificadas judicialmente como terroristas, a tenor de su tipificación en el Código Penal y con exclusión de las tipificaciones contenidas en otras leyes.

No habrá una ley antiterrorista

Este párrafo significa la inmediata derogación de los artículos aún vigentes de la ley de Prevención contra el Terrorismo. Se acordó igualmente la adscripción a las autoridades judiciales ordinarias de una unidad de policía específica, encargada de la persecución e investigación de esos delitos. Finalmente la ponencia decidió acoger la preocupación expuesta, por los partidos de izquierda, de forma que la reforma de la ley de Orden Público tendrá el carácter de provisional y temporal, hasta la aprobación de la Constitución. No habrá, pues, ninguna ley antiterroista específica.

La reunión se suspendió cerca de la una y media de la tarde, para proseguir a las cuatro y media con el estudio de la reorganización de los cuerpos policiales y su vinculación al Ministerio del Interior, dentro del cual podría crearse una Secretaría de Estado, con dos Direcciones Generales, una de la Policía Armada y otra de la Guardia Civil. Los miembros de una y otra estarían sometidos a la disciplina militar, pero en cuanto á los efectos de su actuación dependerían de la autoridad civil y sus responsabilidades se sustanciarían ante la Juisdicción ordinaria.

El señor Fraga se opuso a esto último, así como a la vinculación al Ministerio del Interior, y propugnó la dependencia del Ministerio de la Defensa en todos los órdenes.

Polémica sobre las pelotas de goma

En este punto se suscitó un diálogo entre los señores Martín Villa y Fraga, en torno a la dotación de material para las fuerzas de orden público. El señor Martín Villa ma ntuvo que a su departamento no le incumbía establecer los medios instrumentales de carácter estrictamente militar, pero sí los botes de humo o las pelotas de goma, por ejemplo. El señor Fraga contestó que en la cuestión de las pelotas cada uno hace lo que quiere, a lo que el señor Martín Villa replicó rápido que, por ahora, eran las suyas las que se imponían. El incidente produjo la distensión de la reunión durante unos segundos.

Se acordó también la potenciación de las fuerzas policiales de carácter local y no se aceptó, en cambio, que las fuerzas de orden público dependan de los poderes autonómicos.

Por lo que se refiere a la policía judicial, la propuesta de su adscripción orgánica al poderjudicial fue considerada deseable, pero no realizable por el momento. El ministro de Justicia explicó que, por ahorá, sólo es posible una adscripción funcional.

Terminado el estudio de los temas políticos, corresponde al Gobierno desarrollar los acuerdos adoptados de modo similar al tema económico.