Griñón podría pasar de tres mil habitantes a más de cuarenta mil

El Ayuntamiento de Griñón ha concedido 9.000 licencias de construcción de viviendas en terrenos rústicos, calificados como de reserva metropolitana. Las licencias habían sido declaradas dos meses antes como inexistentes por el mismo Ayuntamiento y ahora se ha concedido sin consultar con el Area Metropolitana, quien además, ya había denegado esas mismas licencias dos años atrás por considerar que en esos terrenos no puede construirse nada. El único concejal que se opuso a la concesión, Angel Ruiz, ha enviado un dossier completo de los hechos al Gobierno Civil en el que pide que se exijan responsabilidades contra toda la Corporación y el arquitecto municipal, así como que se abra expediente sancionador a las empresas beneficiarias de la concesión.

La historia de estas licencias (ver EL PAIS del martes) está llena de hechos contradictorios, en los que se revela la existencia de fuertes intereses urbanísticos. Griñón es hoy una población que no pasa de los 3.000 habitantes, mientras que esas 9.000 viviendas supondrían un aumento aproximado de 40.000 nuevos habitantes.Entre el 14 de junio y el 28 de septiembre de 1974, el Ayuntamiento de Griñón concedió 2.512 licencias a la empresa Orcón, SA, 1392 a la empresa Processa, 2.472 a Ibin, SA y 2.696 a Jerálvi, SA, todas ellas para construir viviendas en terrenos considerados como rústicos.

Las licencias concedidas entonces lo eran por un plazo de diez años. No se sabe por qué, la concesión no se les notificó por aquel entonces, y un año más tarde, el 31 de julio de 1975, se dirigen al Area Metropolitana directamente para que este organismo les reconozca el derecho de construcción. El Area lo deniega el 14 de agosto, en base, justamente, a la calificación del suelo ya citada.

El siguiente paso de las empresas es volver a dirigirse al Ayuntamiento, el 10 de octubre de 1975, reclamando la validez de las licencias por silencio administrativo positivo ya que, según ellas, ni el Ayuntamiento ni el Area habían contestado a suspeticiones.

Las licencias no existen

Las contradicciones continúan. El Ayuntamiento, en sesión de 27 de mayo de 1977, declara inexistentes las licencias «por no ajustarse al planteamiento vigente ni a los preceptos de la ley del Suelo». Como consecuencia de este acuerdo, el gobernador civíl de Madrid señor Rosón, mandó paralizarlas obras que las constructoras habían iniciado ya por su cuenta.Por último, el mismo Ayuntamiento, con la excepción de un concejal, Angel Ruiz, que votó en contra, aprobó el 12 de agosto la concesión de unas licencias que dos meses antes declaraba inexistentes. El Gobierno Civil, a la vista de la resolución municipal, levantó la suspensión de las obras aunque, según expone el concejal aludido éstas se habían reiniciado de hecho un mes antes. Actualmente, dieciséis máquinas excavadoras y cuarenta camiones trabajan continuamente, incluso domingos, para acelerar al máximo la construcción de los bloques.

En la rueda de prensa de ayer de Coplaco no se trató el tema oficialmente por falta de documentación concreta, aunque a título personal la opinión de los técnicos consultados es que las empresas están actuando ilegabmente. Por su parte, el Gobierno Civil ya está informado de los hechos, y ha anúnciado que en dos o tres días tomará una decisión.

Demasiadas anomalías

Lo relatado hasta aquí son las líneas generales de este affaire, pero hay muchos datos anecdóticos unos y muy importantes otros, que complican la historia. En primer lugar, el hecho de que uno de los arquitectos que redactaron los proyectos de Urbanización, Carlos García Rodríguez, fuera en el momento de la primera concesión arquitecto municipal, y que sobré sus informes se aprobara la concesión de las licencias. En el informe se decía, que se podía permitir una densidad de 125 viviendas por hectárea, cuando lo máximo permitido por el Area es de setenta, agrupadas además en bloques de hasta quince plantas.Otro hecho curioso, es que las licencias que se refieren al pleno de junio de 1974, que en su día no se notificaron a las constructoras, aparecen luego en un documento de enero de 1976, pero sin ir firmadas por el alcalde, condición indispensable para su validez.

Ernesto de Vicente, como representante legal de las cuatro empresas, envió un escrito, el 25 dejunio de 1977, al Gobierno Civil, exponiendo que- en caso que el Ayuntamiento decidiera anular las licencias -como así ocurrió el 27 de mayo- les crearía un problema económico muy grave, y menciona la cifra de mil millones de pesetas como posible indemnización.

Posibles responsabilidades

Las empresas se basan en que el Ayuntamiento no puede revocar acuerdos que hayan creado derechos a terceras personas. El concejal Angel Ruiz estima, al contrario, que Ia concesión de licencias en junio de 1974 fue un acto nulo de pleno derecho, puesto que, de entrada, está prohibido por la ley construir viviendas en terrenos no calificados como edificables.En el escrito que ha enviado al Gobierno Civil acompañado de toda la documentación recopilada, el señor Ruiz intenta probar las numerosas anomalías de fechas, contrafechas licencias sin firmas, caso omiso de la denegación del Area, etcétera, que convierten en un caos todas las actuaciones de estos tres años. Pide que se vuelvan a paralizar las obras de inmediato, que se exijan al arquitecto Carlos García responsabilídades por la emisión del informe que sirvió de base para la concesión originaria, que se exijan responsabilidades, asimismo, al alcalde, secretario y concejales que volaron nuevamente la concesión, el pasado mes de agosto y, por último, que se abra un expediente sancionador a las empresas indicadas por las supuestas infracciones legales cometidas.