Cautela sobre las medidas antiterroristas

Ramón Tamames, dirigente del PCE, declaró ayer que «ni el Gobierno, ni los partidos políticos, tienen la función de excluir a empresarios y centrales sindicales de la negociación económica; pero las fuerzas políticas han de dar su idea sobre ella. Naturalmente que los empresarios habrían preferido el libre despido y la congelación completa de salarios, y naturalmente que las centrales habrían preferido que no se acompasara el crecimiento de los salarios al de los precios. Pero de lo que el Gobierno ofrecía en julio a las centrales -crecimiento salarial al 17%, y de precios al 22%- a lo que ofrece ahora, va una diferencia».Por su parte, Felipe Gonzalez, secretario general del PSOE, explicó: « He dicho al presidente del Gobierno que ha de convocar a los representantes- de las organizaciones empresariales y de las centrales sindicales. Yo no voy a asumir responsabilidades en el plano sindical, sino en el político.»

Respecto a las cuestiones políticas discutidas ayer, y más concretamente sobre la, ley anti-terrorista, comentó: «Lo ,primero es garantizar el ejercicio de las libertades públicas, y dentro de ese contexto, habrá que contemplar las reservas contra los que tratan de no hacer posibles esas libertades.» En parecidos términos se expresó Enrique Tierno, quien afirmó que el lugar adecuado para esas medidas sería una ley de orden público.

En cuanto a Santiago Carrillo, secretario general del PCE, confirmó que las discrepancias con algunos grupos habían girado «en torno a las precauciones y cautelas respecto a las medidas excepcionales de defensa de la democracia contra el terrorismo». Manuel Fraga, portavoz de Alianza Popular, indicó que el criterio de su grupo consiste en dialogar sobre dos o tres temas, como la ley contra el terrorismo y el estatuto para medios de comunicación social.

Por su parte, Leopoldo Calvo Sotelo, en respuesta a cuáles serían los temas principales para la UCD, dijo: «Yo cr eo que el país está. pidiendo acciones enérgicas, rápidas y eficaces en materia económica y en materia de orden público, fundamentalmente. Si para ellas hay consenso, habremos dado un paso grande en eso que se denomina credibilidad.»