La Compañía Trasmediterránea será desprivatizada antes de fin de año
Trasmediterránea, compañía concesionaria de las líneas de soberanía será desprivatizada antes de que acabe el año. Las fórmulas de desprivatización están en fase de estudio final en los Ministerios de Transporte y Hacienda y en breve serán sometidas al Gobierno.
Trasmediterránea, empresa fundada por Juan March y en la que el grupo que lleva su nombre retiene en estos momentos directa e indirectamente algo más del 40%, tiene la concesión de las líneas de soberanía desde 1952. El contrato del Estado con la compañía finalizó el pasado mes de marzo. Como en ese momento no se había, encontrado una solución sobre el futuro de la concesión, el Gobierno decidió su prórroga hasta fin de año.En la actualidad las líneas de soberanía son 371, servidas por otros tantos buques, una decena de los cuales se encuentran en tan mal estado, que se, recomienda su desguace. Se cubren los trayectos Península-Baleares, Canarias y plazas del Norte de Africa (Ceuta, Melilla y Tánger), así como los tráficos interitisulares. Las líneas a Guinea y Sahara, sólo realizan unos pocos viajes, al año.
Los déficits de explotación de la compañía privada son cubiertos mediante subvención directa del Tesoro, que en el pasado año alcanzó la cifra de 3.260 millones y que en el presente puede llegar a 4.000 millones.
La magnitud del déficit aconsejó la, alternativa, de que la propia Administración se hiciera cargo de la explotación de las líneas, sobre todo a la vista de que no a ía posibilidad de concurso ante el hecho: de que únicamente Trasmediterránea tiene capacidad para atender el servicio.
Dos alternativas en estudio
Las alternativas consideradas en este momento para la . desprivatización son dos: oferta pública del Estado, a los accionistas para comprar los títulos en el mercado libre o aplicación de la expropiación forzosa con trámite previo de incautación.La segunda alternativa, segun todos los estudios jurídicos realizados es 14, más cara para el Estado y la más larga de trámite. Esto supone que la ventaja: inicial para, los accionistas privados en cuanto a precio se invierte en desventaja por la tramitación. En esta alternativa hay gran disparidad sobre la cotización a aplicar a los títulos, ya que se pueden, seguir diferentes procedimientos. Las diferencias, según diversos estudios, son tales que oscilan entre valoraciones del 300% y del 150 %. Finalmente, y en un proceso que puede durar más de dos años, el juez decidiría el p recio a aplicar.
La otra alternativa, oferta pública, sería menos costosa aunque más rápida. Consistiría en una oferta de compra que puede producirse a un precio ligeramente superior a la par (la cotización de Trasmediterránea en la Bolsa es en estos momentos del 70%) a la cual, podrían acogerse todos los accionistas que quisieran. El objetivo del Estado sería llegar al 54% de la sociedad, que permita el control. En caso de que esta opción no prosperara se recurriría a la expropiación forzosa.
Cualquiera de estas dos opciones debe adoptarse en el mes de noviembre. Todos los estudios técnicos están preparados y únicamente queda la decisión polítíca.
Doce mil accionistas
Trasmediterranea cuenta en estos momentos con unos 12.000 accionistas, de los cuales 7.100 no poseen más de cien acciones pesetas niominales). La familia March mantierte un 5% y las empresas y sociedades del grupo aIgo más del 30%.Los déficit registrados el pasado año en distintos servicios fueron los siguientes: Península-Baleares y tráfico interinsular, 2.000 millones, Península-plazas Africa, 315 millones. Península-Fernando Poo-Guinea, 74 millones. Península- Sahara, veinte millones.
En el caso deque se produjera la desprivatización, los activos de la Trasmediterránea pasarían probablemente a una nueva compania nacional, a integrar en el INI o en el Patrimonio del Estado, que tendría que plantearse su propia estrategia comercial al margen de la cobertura del servicio de las líneas de soberanía que ahora se denominarían de otra forma. Trasmediterránea cuenta con 4.500 trabajadores.
