El Gobierno español pagó tres millones de pesetas a una agencia de relaciones públicas
Un bufete de abogados de la capital federal norteamericana cobró el año pasado 45.000 dólares (unos tres millones de pesetas al cambio de entonces) al Estado español, por lo que se define coordinar la visita de los Reyes a Estados Unidos, en junio de 1976.
Esta Información, procedente de documentos del Departamento de Justicia norteamericano, fue publicada ayer en el diario The Washington Post, y recuadrada junto a un amplio artículo en el que se recogen algunos de los servicios que bufetes y firmas de relaciones públicas estadounidenses prestan a países extranjeros.El caso de la visita real es destacado por el Post como un ejemplo de estas actividades desarrolladas por empresas norteamericanas, que deben inscribirse en el Departamento de Justicia como agentes de Gobierno extranjero. En el recuadro citado, el periódico afirma que el bufete de Washington O'Connor and llannan cobró 45.000 dólares al Gobierno español a cambio de preparar la siguiente información:
-Normas existentes en USA cuando altas personalidades o funcionarios hablan con los medios de comunicación, diferenciando entre on the record, off the record y no atribuible.
- Un informe previo con el historial, orientación política y cualquier especial actitud hacia España que hubiera sido expresada por los periodistas que asistieron al desayuno en Washington.
- Un memorándum similar describiendo el historial y cualquier especial punto de vista de los ejecutivos de medios de información que asistieron al desayuno en Nueva York.
- Un informe sobre los comités de relaciones exteriores del Senado y la Cámara de Representantes.
Según datos oficiales, España tiene registrados quince agentes para defender sus intereses en Estados Unidos. Esta es una práctica normal, permitida por la ley norteameric4na, hasta el punto de que hay cerca de 700 lobbyisis, que representan a unos seiscientos clientes extranjeros.
El pasado mes de abril, EL PAIS informó de que la agencia de relaciones públicas Ruder and Finn cobraba 10.000 dólares mensuales (680.000 pesetas de entonces) al Gobierno Español por cuidar su imagen pública. Según el contrato, la firma neoyorquina debe buscar «establecer en periódicos, revistas y televisión una mayor comprensión en Estados Unidos de la política del actual Gobierno español».
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