Polémica política en Venezuela sobre la explotación del petróleo del Orinoco

La decisión política sobre el uso que se haya de dar a la franja petrolífera del Orinoco, considerada como la mayor reserva de crudos del hemisferio occidental, amenaza con convertirse en una cuestión de debate nacional en Venezuela, sobre todo ante la proximidad de las elecciones generales de diciembre de 1978.

Las actuales reservas de petróleo venezolano, calculadas en unos 18.000 millones de barriles de crudos ligeros, medios y pesados, suponen alrededor del 3 % del total de las reservas mundiales probadas. Al actual ritmo de producción fijado en Venezuela, unos 2.200.000 barriles diarios, este país americano dispone de petróleo para veinte años.En la franja petrolífera del Orinoco, las reservas investigadas hasta ahora suman unos 70.000 millones de barriles de crudo del tipo extrapesado, variedad poco apreciada actualmente en los mercados internacionales por sus dificultades de extracción y refinado. Las reservas del Orinoco asegurarían el suminitro de petróleo a Venezuela por lo menos por otros cien años.

La política petrolífera venezolana seguida hasta ahora era la de explotar los yacimientos de Maracaibo, Lagunillas, Bachaquero y Tía Juanas, constituidos por crudos de fácil refino y reservar las posibilidades de la franja del Orinoco para el futuro. La simple insinuación de un posible cambio de esta política ha producido respuestas encontradas entre las más importantes fuerzas políticas del país.

El problema reside en la necesidad de tecnología avanzada para explotar y refinar el crudo extrapesado de los yacimientos del Orínoco. Sólo las grandes transnacionales petroleras pueden ofrecer esa tecnología, y ello provoca el temor de los venezolanos, de que nuevamente empresas extranjeras se lleven la parte del león de la riqueza petrolífera del país. La mayoría de los expertos opinan, además que las inversiones necesarias para convertir el crudo del Orinoco en productos de consumo inmediato, como gasolinas, harían irrentable el precio del barril de petróleo de la zona.

La gran incógnita es el uso que éste o el próximo Gobierno hagan del artículo quinto de la ley que nacionalizó en 1976 la industria petrolífera venezolana que abre una puerta legal a la participación de empresas extranjeras en dicha industria en determinadas circunstancias. Voces autorizadas del Gobierno de Carlos Andrés Pérez se han apresurado a asegurar que el plan de evaluación y eventual explotación de las riquezas petrolíferas del Orinoco será de la absoluta responsabilidad del ministro de Minas e Hidrocarburos, de la Empresa Nacional de Petróleos de Venezuela y del Instituto Tecnológico Venezolano del Petróleo. Sin embargo las seguridades ofrecidas por el Gobierno no han tranquilizado a determinados sectores. El principal partido de la Oposición, el Demócrata Cristiano COPEI, no se ha pronunciado sobre si es o no oportuno comenzar ahora la investigación y la explotaclón de la franja del Orinoco, pero sí ha expresado claramente su oposición a que ninguna empresa extranjera participe en las operaciones. El Partido Comunista ha ido más allá y ha expresado su opinión de que cualquier decisión que se tome sobre el destino inmediato y futuro que se dé a dichas reservas debe salir de un amplio debate el en el Congreso Nacional.

El hecho evidente es que los ojos de las poderosas multinacionales del petróleo están puestos sobre las inmensas reservas que Venezuela tiene en la franja del Orinoco, y se mantienen espectantes ante la posibilidad de una participación en la explotación de esos hidrocarburos. Saben sobre todo que Venezuela no dispone de la tecnologia precisa para refinar y convertir en productos exportables el crudo extrapesado de esa zona y esperan que, tarde o temprano, el país tenga que volver a llamar a sus puertas.