Aprobados doce artículos del Reglamento del Congreso

La Comisión de Reglamento del Congreso de Diputados aprobó ayer por la mañana, en su primera sesión, doce artículos del proyecto de reglamento de la Cámara Baja. La estructura y la actitud de la Comisión -en cuya mesa hay mayoría de diputados de izquierdas y cuyos miembros pertenecientes a las minorías de uno y otro signo mostraron buena disposición a juntar sus votos frente el partido gubernamental- obligó a UCD a buscar la negociación en algunos casos, a proponer fórmulas de transacción o a abstenerse en una votación, para evitar ser derrotada.

Los artículos aprobados se refieren a las juntas preparatorias, previas a la constitución interina del Congreso de Diputados. También se regularon algunos artículos sobre la constitución definitiva y se inició el estudio del título segundo, relativo a los derechos y deberes de los diputados.El acuerdo al que llegaron los portavoces de los grupos parlamentarios con la mesa de la Comisión, a propuesta de UCD, consistente en debatir en primer lugar los temas sobre los que existe consenso o no, han sido objeto de enmiendas, aumentó el número de textos aprobados y evitó que ayer se abordara uno de los primeros puntos conflictivos: la constitución interina de la Mesa del Congreso, el número de cuyos miembros desean las minorías que se amplíe y cuyo sistema de votación previsto en el proyecto -cada diputado escribirá en la papeleta de votación un solo nombre, a diferencia de lo que establece las normas provisionales de la presidencia de las Cortes con arreglo a las que se eligió a la actual Mesa- perjudicaría en principio a UCD.

Limitándonos a los temas estudiados ayer, tras el anuncio por el presidente, Francisco Vázquez (PSOE), del calendario intensivo con el que trabajará la Comisión y tras ser aceptado por Jordi Solé Turá, por el grupo comunista, que su enmienda a la totalidad sea debatida en el Pleno, el primer balance de votos se produjo a propósito de la convocatoria de la junta preparatoria. El texto de la ponencia aludía a que tal convocatoria se producirá cuando la mayoría absoluta de los diputados hubieran entregado sus credenciales en la secretaría de las Cortes.

Desconfianza hacia la mayoría

Sócrates Gómez (PSOE) defendió que bastara un tercio de credenciales presentadas para que se procediera a la convocatoria, y argumentó su propuesta en el deseo de evitar la obstrucción que pudiera hacer un Gobierno mayoritario para retrasar el comienzo de las tareas parlamenarias, supuesto que, en buena lógica, no parece verosímil. Se unieron a la iniciativa, y a la desconfianza hacia la mayoría Eduardo Martín (Socialistes de Catalunya), Ramóñ Tamames (PCE), Josep Verde (Minoría Vasco-Catálana), y Juan Luis de la Vallina (Alianza Popular).

Por UCD, José Pedro Pérez Llorca -que coordinó a su grupo de modo bien visible. Negoció con los restantes grupos y estableció contacto con el Gobierno a través del ministro para las Relaciones con las Cortes, Ignacio Camuñas, que asistió a parte de la sesión estimó irrelevante el debate sobre el tema, ya que puede quedar superado por lo que establezca la Constitución que se está elaborando. La votación de esta primera enmienda socialista dio como resultado dieciocho votos favorables, ninguno en contra y dieciséis abstenciones, las de UCD. Formalmente, no hubo, pues" derrota del partido del Gobierno a cargo de las restantes minorías.

Para la aprobación del precepto se tuvo en cuenta, como en la mayoría de los artículos aprobados ayer, la propuesta formulada por la ponencia mixta del Congreso y del Senado para coordinar los reglamentos de ambas Cámaras.

Unanimidad en la aprobación

Tras la aprobación de varios artículos por unanimidad -que fue ,la tónica general de la sesión- se llegó a un nuevo tema conflictivo a propósito de los derechos y deberes de los diputados. Aprobado que los diputados tendrán el derecho y el deber de asistir a las sesiones parlamentarias y que «gozarán, aún después de haber cesado en su mandato, de inviolavilidad por las opiniones manifestadas en actos parlamentarios y por los votos emitidos en el ejercicio de su cargo», los diputados del grupo mixto Emilio Gastón e Hipólito Gómez de las Roces, defendieron sendas enmiendas a fin de que los diputados tengan derecho a obtener información de la Administración Pública. Para ello se alegó el propio reglamento de las Cortes orgánicas, que así lo reconocen.

Por el PCE, Ramón Tamames se adhirió rápidamente a la propuesta y también el señor Solé Turá, mientras que por UCD, el señor Pérez Llorca dijo que éste era un precepto propio de las Cortes anteriores, con un régimen de unidad de poder y coordinación de funciones, pero impropias en un sistema parlamentario democrático.

Contra esta información, el socialista señor Martín Tovar dijo que la unidad de poder «no hacía peligroso» que los procuradores dispusieran de esa información, pero que ahora era «necesaria» para los diputados.

La minoría vasco-catalana también se unió a la enmienda, mientras que la ponencia, que en su informe escrito consideraba una facultad exhorbitante, colaboró tras cinco minutos de descanso pedido por el portavoz del grupo socialista, Vicente Sotillo, y otros tres de prórroga por UCD, a una redacción que finalmente contentó a todos. El texto aprobado por unanimidad dice así, tras las sucesivas adiciones, que subrayamos: «Para el mejor cumplimiento de sus funciones parlamentarias, los diputados previo el conocimiento del respectivo grupo parlamentario, que deberá hacerse constar en su escrito (inciso propuesto por el PSOE) y los grupos constituidos a tenor de este reglamento, tendrán la facultad de recabar de la Administración Pública los datos, informes o documentación que obren en poder de ésta, la solicitud se dirigirá, en todo caso, a través de la presidencia del Congreso y la Administración requerida deberá facilitar los que fuese objeto de la petición o manifestar en plazo no superior a treinta días para su más con ven¡ente traslado al solicitante (propuesta de UCD), las razones que lo impidan.»

En definitiva, los socialistas salvaban, como partido, la posibilidad de que un diputado, por libre, obtenga información del ejecutivo sin conocimiento. de su grupo parlamentario, y UCD, tras sucesivas redacciones hasta llegar a la fórmula final,_conseguía un cierto control por parte del presidente del Congreso, de la publicidad de las razones que pudieran llevar a la Administración a denegar la información.

La última parte de la sesión -que se reanudará hoy a las diez de la mañana- estuvo dedicada a la aprobación por unanimidad del artículo 17, que regula la inmunidad parlamentaria de los diputados, así como el procedimiento para la concesión de suplicatorio y para la posible suspensión.