Discrepancias en UGT de Renfe

Las diferencias en cuanto a representación de los trabajadores en Renfe entre la UGT y el resto de las centrales (el sindicato socialista presentó su propia tabla reivindicativa a la dirección al margen del Pleno General de Ferroviarios, órgano unitario que negoció el último convenio) no han sido totalmente superadas a unos días de la anunciada huelga limitada -el próximo jueves- recientemente acordada por el pleno nacional de los trabajadores.Mientras el sindicato nacional de ferroviarios de la UGT desmentía en un comunicado nuestra información del día 15, en la que se daba cuenta de posibles medidas disciplinarias a los afiliados que habían manifestado su apoyo al pleno general de ferroviarios, haciéndonos eco de fuentes sindicales. José Carlos García Paredes, secretario de organización de la comisión ejecutiva nacional del sindicato de ferroviarios de UGT, distribuía una circular a todos los trabajadores de Renfe safiendo al paso «del reciente llamamiento de la comisión ejecutiva nacional en solicitud de apoyo a las perentorias reivindicaciones que fueron presentadas a la dirección de la empresa, el pasado día 2».

Tal llamamiento, según el citado secretario, «se hizo de forma unilateral por la secretaría de prensa y propaganda, en oposición al criterio de los restantes miembros de la comisión ejecutiva nacional». Por otra parte, añade el señor García Paredes, «ni las inmediatas mejoras sociales y económicas que ha presentado el sindicato, ni tampoco aquellas otras reivindicaciones que le fueron remitidas a la empresa por el conglomerado de representantes, poseen la suficiente entidad como para justificar tales tipos de acciones incontroladas como las que se pretenden».

El sindicato de ferroviarios de UGT, en su desmentido, afirma que por encima de las divergencias, «está la unidad de acción de cara a la consecución de las reivindicaciones planteadas». Su secretario de organización, por el contrario, se opone a la acción por una serie de razones y principalmente -la califica de fundamental- porque los usuarios se verían perjudicados y la opinión pública se mostrará desfavorable ante «nuestro mal justificado comportamiento social».