Los libreros de Madrid, contra la venta de libros de texto en los colegios

Al parecer el gobernador civil ha ordenado al gabinete jurídico que revise las distintas leyes en las que se especifique la prohibición de la venta de libros de texto en los colegios. En la reunión del próximo lunes se entregará, a los representantes de los libreros, el informe del citado gabinete. Hasta entonces los libreros permanecerán encerrados.Un grupo de libreros encerrados en las dependencias del INLE declararon a EL PAIS que los colegios privados tienen ya almacenados los libros para la venta, a la vez que fijaron en un 40% el porcentaje de descuento de las editoriales a los centros escolares, mientras que a las librerías el porcentaje habitual no excede del 30%. Estos beneficios de los descuentos -añadieron- no repercuten para nada en el comprador del libro. Al parecer la única región española en la que los libreros han conseguido la prohibición práctica de la venta en los colegios es en Galicia.

Las mismas fuentes añadieron que las editoriales no sirven los libros de texto a los libreros, lo que sí hacían otros años, sino que éstos tienen que buscarlos y pagarlos a domicilio. Esta situación se agrava porque el convenio establecido con ellos fija en un 10 % el máximo de libros sobrantes.

Peticiones de los libreros

Los libreros encerrados piden que sean retirados todos los libros de texto que estén en poder de los colegios para su venta, y se oponen en todo momento a las licencias de venta otorgadas a algunos centros escolares,«ya que estos centros no pagan impuestos sobre las ventas de libros», mientras que los libreros los pagan.Los libreros encerrados han recibido apoyo de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA), de Madrid, de los libreros barceloneses y de algunos partidos políticos. Varios diputados del PSOE han visitado a los libreros encerrados y han manifestado su apoyo a las reivindicaciones de los mismos. A este apoyo se ha adherido, también. la Federación Provincial de Amas de Casa de Madrid.

En el transcurso de la tarde de ayer el subdirector del INLE. Gerardo Mariñas, explicó a los encerrados la postura del Instituto en relación con el conflicto, y señaló que el Instituto tiene registrados a los libreros y a los colegios que pagan licencia fiscal como libreros. Por su parte, el secretario general del INLE. Eduardo Nolla que también estuvo presente explicó que el Instituto había efectuado durante el presente año cerca de 300 denuncias por venta ilegal de libros de texto y que a consecuencia de las mismas fueron cerrados algunos establecimientos.

Durante la misma reunión el vicepresidente de la Agrupación de Empresarios del Comercio del libro. César Ramírez. indicó que se había llegado a esta situación tras dos años de buscar soluciones al problema. Dijo que en julio del presente año se apalabró un contrato con los editores que obligaba a éstos a entregar los libros a las librerías, con la condición de que éstas dieran á los editores la relación de libros antes del 13 de septiembre (los de Enseñanza General Básica), y antes del 5 de octubre, los del Bachillerato. Sin embargo, añadió, los colegios no han facilitado las listas de libros que necesitan sus alumnos y algunas distribuidoras han llevado a diversos, centros docentes los textos para el próximo curso.

Postura del INLE

El INLE considera, según ha hecho constar en una nota informativa sobre el conflicto, que todos los puntos tratados en la asamblea -en presencia de los representantes de este organismo autónomo y del Gobierno Civil- son atendibles y negociables, sobre todo si se tiene en cuenta que el 21 de julio de1977, con notable antelación a este conflicto, se había firmado un acuerdo escrito sobre la comercialización del libro de texto, entre editores y libreros, en el que entre otros aspectos, se establecía que «las editoriales, colaborando con las librerías, pedirían en sus ventas directas la documentación exigida por la ley que garantice la cualidad de librería en el comprador. Los editores y los libreros se comprometen a solicitar listas del censo de librerías actualmente reconocidas como tales en el área de Madrid, según el dictamen del INLE, que aceptan».Por último, dice también la nota, el Instituto Nacional del Libro Español quiere llamar la atención sobre el equívoco que supone aludir sin más y de manera general a los colegios «a los que está prohibida la venta de libros», ya que los colegios que venden libros tan sólo pueden ser aquellos que reúnan las condiciones legales para hacerlo (pago de la licencia fiscal oportuna) o aquellos que además de colegios son libreros a tenor del artículo 8 de la ley del Libro. que dispone: «Son libreros las personas naturales o jurídicas que, debidamente autorizadas, se dedican exclusiva o principalmente a la venta de libros en establecimientos mercantiles de libre acceso al público y aquellos otros que venden libros directamente al público a través de sistemas de suscripción, correspondencia y otros análogos. »

El INLE se ofrece a propiciar el acuerdo entre las partes de este conflicto, que, en definitiva -según interpretación del propio INLE-, es un conflicto de intereses económicos entre editores, distribuidores, algunos libreros madrileños y determinados vendedores finales de libros de texto. En el resto de la nota informativa el INLE explica la mecánica por la que se había llegado a la celebración de la asamblea de libreros.

Comunicado de los editores

Por su parte, la Agrupación Nacional de Editores de Enseñanza ha precisado, en un comunicado dirigido a los libreros y a la opinión pública, que «las recientes declaraciones de un sector de libreros de Madrid, por su imparcialidad e inexactitudes, requieren las siguientes precisiones:Respecto al acuerdo entre editores y libreros para la comercialización de libros de texto en la periferia de Madrid, que se firmó el 21 de julio y el día 30 de agosto, se constituyó una comisión mixta de vigilancia y aplicación del mismo, los editores manifiestan que por parte del comercio del libro no se ha entregado a los editores las listas de los libreros adheridos de cada distrito (con la única excepción de una exigua relación de Moratalaz).

No han existido tampoco según los editores los pedidos globales que los libreros debían pasar a los editores en el mes de agosto para que éstos les hicieran las correspondientes reservas de libros. Han sido abundantes, en cambio, los libreros especializados en la comercialización de libros de texto que han acudido a las editoriales a manifestar su falta de interés y adhesión a dicho acuerdo y solicitar su pedido y crédito individual.

El representante del sector librero -continúa la nota- informó a la parte editorial el pasado 6 de septiembre de la dificultad de sus representados para aplicar el acuerdo, según él por la escasa colaboración de los colegios a la hora de dar información sobre los libros adoptados.

Respecto a los precios y pañales comerciales, los editores precisan que existen colegios que cumplen los requisitos legales para actuar como librerías en la venta de libros de texto; que un número importante de colegios que compran libros lo hacen a determinadas librerías, sin que en ello intervengan las editoriales; también han sido publicadas informaciones solventes sobre costes y sistemas de fijación de precios de los libros de texto controlados por la Junta Superior de Precios, organismo en el que están representados diversos departamentos ministeriales y otras representaciones de la sociedad.

Los editores manifiestan también su propósito de llevar adelante el acuerdo con los libreros libremente adheridos, aunque «nos sorprende -dicen- que el acuerdo que la otra parte no ha podido cumplir quiera ser ahora reivindicado por algún librero con argumento y acusación contra nosotros» . Denuncian también la manipulación que están haciendo determinados grupos del tema de los libros de texto, «que no buscan soluciones, si no contribuir con él al malestar ciudadano y a la desestabilización del proceso democrático de nuestro país». Rechazan, asimismo, los editores que se trate de presionar a autoridades y opinión pública con acciones efectistas y demagógicas, y expresan su decisión de suministrar todos los libros necesarios para el normal funcionamiento de la enseñanza desde el comienzo del curso a través de los cauces legales y más adecuados para el consumidor.

Tras reiterar «nuestra actitud dialogante», los editores proponen un estudio a fondo de soluciones reales y objetivas del problema a las que, previo el conocimiento de todos los aspectos, pueda llegar una comisión de trabajo constituida por los sectores interesados, tales como agrupaciones de editores y comercio del libro, colegios, asociaciones de padres de familia, cooperativas de estudiantes, asociaciones de profesores, asociaciones de consumidores y los órganos de la Administración implicados.