Veinticinco personas viven en cuarenta metros cuadrados
Es muy posible que la familia de Fernández Maya, residenciada en el poblado mínimo de Caño Roto, calle Cullera, número 1, figure en los primeros puestos de una lamentable clasificación: la de las familias madrileñas. que viven en condiciones que rayan en lo infrahumano.
La familia Fernández Maya, claro apellido gitano, la forman el padre, Manuel, su mujer y siete hijos. De ellos, cinco están casados: José, con mujer y cinco hijos; Pascual, mujer y tres hijos; Maria, con cuatro chiquillos; Francisco, con mujer y un niño, y Manuel, que está casado, pero por ahora no tiene descendencia. Todos ellos viven en un piso bajo, de apenas cuarenta metros cuadrados.Sus condiciones de vida, que hay que ver en persona para apreciarlas en toda su dimensión, son un grito contra una sociedad y unas autoridades que permiten que en Madrid haya pisos vacíos, de concesión oficial y sin habitar por sus adjudicatarios, entre otras cosas.
En un dormitorio duermen una de las mujeres y tres chicos. En otro, uno de los matrimonios y tres niños más. El exiguo comedor, sin muebles, porque no cabrían, se convierte en un abarrotado dormitorio, donde se extienden camas plegables y colchones directamente en el suelo, que ocupan todo el espacio disponible. Allí se acomoda otro matrimonio, una anciana, suegra de Manuel, y seis o siete niños más, con edades comprendidas entre los doce años y algunos meses.
Fuera, en la calle, pegadas a la pared de la vivienda, se colocan otras dos camas, utilizadas por otra familia, la de Jiménez Escudero, casado, con un hijo, amigos de los Fernández Maya, y que tampoco disponen de vivienda propia.
Como aun así la falta de espacio es angustiosa, uno de los hijos, Pascual, su mujer y sus dos niños (el tercero está ingresado en el hospital, con un ataque de meningitis), viven en una DKW aparcada en las cercanías. Allí guisan, comen y duermen. Los dos niños padecen de tosferina y los primeros síntomas de enfermedades reumáticas aparecen en otros miembros de la familia.
En estas condiciones sobreviven desde enero de este año, cuando fueron desalojados de las chabolas que habitaban en una zona cercana a Marqués de Vadillo, donde vivían desde treinta años atrás. La expulsión fue promovida por Ramón Cachoferio, abogado administrador de los propietarios del terreno, residentes en México actualmente.
Les dieron una escasa indemnización, «aunque no tenían derecho legal a ella». El Ayuntamiento pasa una subvención mensual a uno de ellos de 6.000 pesetas.
Todas las gestiones realizadas en el Ministerio de la Vivienda, así como una carta que enviaron al rey Juan Carlos, les han valido para coleccionar «promesas y buenas intenciones».
