El cepo atenta contra la propiedad privada

«La utilización del cepo es una medida dudosa desde el punto de vista jurídico por ir de forma clara contra la libre disponibilidad del individuo sobre sus propios bienes. Además, esta medida podría constituir un delito de coacción». Eduardo Alarcón y Fernando Muñoz Perea, abogados penalista ven de esta manera la medida adoptada por el Ayuntamiento de Madrid, de utilizar los cepos para inmovilizar los coches mal aparcados.-¿Por qué la utilización del cepo podría constituir una norma no ajustada al Derecho?

-En principio, el poder ejecutivo municipal, a través de sus agentes, no puede atentar contra algo que está protegido por las Leyes Fundamentales del Reino como es la propiedad privada; y la utilización del cepo, atenta, de forma clara, contra la propiedad. Por otra parte, es una medida dudosa desde el punto de vista jurídico porque en el Código de Circulación se dice que los gastos procedentes de la retirada del cepo son tasas municipales; mientras que la ley de Régimen Jurídico dice que las disposiciones que impongan tasas deben promulgarse desde las Cortes y, en este caso, no se ha procedido así.

Un tercer motivo por el que creemos que esta medida no se ajusta al Derecho es que la norma podría estar dentro del delito de coacción. Nosotros hemos visto en numerosas sentencias dictadas por el Tribunal Supremo muchos casos similares en los que se califica de delito de coacción cuando, como en este caso, para conseguir algo se utiliza la propiedad privada.

-Entonces, ¿el Ayuntamiento madrileño no está revestido de poder suficiente como para implantar el cepo en Madrid?

-No, por la sencilla razón de que se atenta contra algo protegido en las Leyes Fundamentales. Además, con esta medida, se pretende, teóricamente, dar una mayor fluidez al tráfico por medio de paralizar los coches; mientras que, en realidad, se pretende por la «ley del miedo» impedir a los ciudadanos que aparquen indebidamente cuando lo correcto sería convencer a los ciudadanos de los perjuicios que puede traer consigo estacionar indebidamente.

Otra irregularidad de la norma es que en ella se prevee la posibilidad de desacato a las órdenes de los agentes, lo que ya en sí debilita la autoridad municipal por implicar la posibilidad de desobediencia.

-¿Creen ustedes que el cepo debiera suprimirse?

-El cepo es una medida impopular, especialmente por el tiempo que hay que perder para recuperar el vehículo inmovilizado. En principio y si se acepta su implantación, lo correcto sería que en lugar de tener que marcar un número de teléfono como paso previo para recuperar el coche, se instalaran unas máquinas tragaperras automáticas junto a los coches en las que una vez depositada la cantidad de la sanción se pudiera recuperar el coche o bien que hubiera un agente permanente junto a los vehículos inmovilizados.

En cuanto a las multas, hay que señalar que en la norma no hay garantías para el propietario del coche ya que no se le deja a éste la posibilidad de defenderse. Para recuperar las llaves tiene que pagar, luego que recurra, pero primero que pague. Además, si pasan más de 24 horas, se pueden acumular multas que hay que pagar de golpe antes de recuperar la llave y las multas hay que pagarlas de una en una.

-¿Qué posibilidades hay de anular esta medida en el caso de que realmente resulte impopular?

-El cepo se puede atacar por cualquier procedimiento contencioso administrativo iniciado por un colegio profesional, una corporación local o cilalquier asociación de vecinos e incluso por cualquier ciudadano que considere un delito la inmovilización de su automóvil por medio de un cepo.

Setecientas personas se manifiestan contra el cepo

Alrededor de setecientas personas se manifestaron ayer contra el cepo en la calle Desengaño, de Madrid, como reacción contra la instalación de un cepo en el coche de un taxista. Rápidamente aparecieron en la zona fuerzas de la policía municipal y gubernativa, aunque no se registró ningún incidente y finalmente el taxista no tuvo que pagar ninguna multa.