La obligación de la policía

EN ESTE país son muchos los problemas que precisan una solución urgente. Uno de ellos es el esclarecimiento de la agresión sufrida por Jaime Blanco, diputado socialista por Santander. No exageramos un adarme el incidente, que es calificable si los hechos se confirman: violencia física y vejación moral ejercidas sobre la persona de un diputado, en un cuartelillo y por agentes gubernativos.En los países de régimen parlamentario y democrático -y el nuestro lo es- un incidente de esta naturaleza arrastra inevitablemente, como una sarta de cerezas, una serie de consecuencias tales como el cese inmediato del gobernador provincial (a quien no exime la ausencia), separación del servicio activo de los agentes de orden público presuntos autores de la agresión, hasta el término de la investigación y la encuesta judicial incoada, y comparecencia ante el Congreso del ministro del Interior para dar excusas, suministrar información y garantizar justicia.

La democracia parlamentaria puede tomarse en serio o por sobrepelliz de un régimen más o menos autoritario. Si se hace lo primero hay que entender cabalmente el respeto inherente a la figura del diputado y la inviolabilidad de su persona, representante del pueblo. Que la autoridad gubernativa ofenda y agreda a un diputado resulta, sencillamente, inconcebible e intolerable.

El caso de Jaime Blanco puede sentar un precedente o motivar el principio del fin de un estado de cosas. Alguno de los dos ministros de la Gobernación de la Monarquía ha llegado a comentar que ya tenía trabajo sobrado intentando controlar a la policía. Quienes tan severos se han mostrado -y no criticamos su actitud- ante unos policías armados y guardias civiles que se manifestaron en reclamo de mejores condiciones de trabajo deben demostrar también su autoridad cuando la disciplina se rompe por otras costuras. Si los ciudadanos o sus representantes políticos son maltratados, en un exceso de celo digno de mejor causa, los responsables merecen un castigo ejemplar.

En un fin de semana no podían acumularse más desatinos por parte de los funcionarios del señor Martín Villa: violenta dispersión de los concentrados en las proximidades de Pamplona, carga sobre el Rastro de Madrid y, en un cuartelillo santanderino, el grácil apeamiento del Su Señoría que merece todo diputado por el apelativo de «diputado de los maricas» que le han deparado al socialista Jaime Blanco, olvidando que es persona aforada y que una ofensa de este género a un diputado, y por motivos políticos, es una falta gravísima. La policía está para proteger a los ciudadanos y a sus representantes y defender el orden. Ambos han sido agredidos en Santander.

El Gobierno tiene el deber de explicar y sancionar cuanto antes estas cosas si pretende para sí el respeto que parece no saber garantizar a los ciudadanos.