Los consejos de administración de las cajas serán elegidos entre los impositores

En el plazo de una semana, los titulares de cartillas de ahorro -el 89% de las familias españolas- pasarán a controlar directamente las instituciones en que tienen depositados sus ahorros, ya que un próximo decreto regulará la reestructuración de los consejos de administración de las cajas de ahorro, que contempla la elección directa y democrática de todos los altos cargos de estas entidades entre los propios impositores de cada una de las cajas existentes en España y que en la actualidad suman 85, según ha podido saber EL PAÍS

La nueva normativa legal, que al parecer no encontrará cortapisas de mayor relieve en el Consejo de Ministros, regulará el sorteo ante notario de una cantidad de compromisarios en relación directa con el número de impositores. La única exigencia para poder ser elegido compromisario consistirá en ser mayor de edad, tener un saldo no inferior a 25.000 pesetas durante el último trimestre y contar con una antigüedad superior a, tres años en las cajas donde se tenga abierta la cartilla de ahorros. Esta cláusula tiene como objeto impedir que un determinado grupo intente monopolizar un elevado número de cartillas en un período de tiempo corto con vistas a cubrir un elevado porcentaje de los compromisarios.Los compromisarios que resulten elegidos por sorteo elegirán entre ellos a su vez a las tres cuartas partes de la asamblea general. La cuarta parte restante se completará con representantes de las entidades creadoras o promotoras de las respectivas cajas como pueden ser los ayuntamientos, diputaciones, etcétera.El siguiente paso consistirá en que la asamblea general elija a los representantes de tres órganos decisorios que contempla el decreto como el consejo de administración, el comité de vigilancia y el comité de obras sociales.

Consejo de administración.

Pueden darse dos casos: las cajas corporativas y las no corporativas. En ambos casos el número de miembros será próximo a la veintena.

En el primer caso se elegirán los consejeros entre los impositores de la asamblea general, representantes de las corporaciones municipales y el personal. En el caso de las cajas no corporativas, aquellas que no dependan de las corporaciones locales, la estructura será similar, aunque estarán representados miembros de las entidades fundadoras y no de las corporaciones locales como en el caso anterior. En ambos casos, los representantes de los impositores ostentarán la mayoría simple, mientras que los trabajadores de las cajas pueden estar representados por dos o tres miembros.

Comité de vigilancia.

La función de este comité sería la de controlar las actuaciones de los consejeros de administración y estaría compuesto por una decena de miembros que serían elegidos entre los representantes de los impositores y del personal. En este caso no formarían parte de este comité las corporaciones u organismos fundadores de las cajas.

Comité de obras sociales.

Tendría entre sus funciones decidir el destino de los fondos de las cajas dedicadas a obras sociales. Este organismo sería el más reducido en cuanto a sus miembros y daría cabida, mediante elección, a los impositores, instituciones benéficas de la región y representantes de los fundadores o corporaciones municipales. El reparto de sus miembros sería equitativo.

También liberalización

Junto a esta estructura democrática, que en opinión de los expertos puede solucionar muchos de los actuales males de las cajas de ahorro, el equipo económico del Gobierno tiene proyectado también la liberalización financiera de las cajas. En este sentido, cabe resaltar el hecho de que se les permitirá descontar papel, de modo que el descuento de efectos comerciales no dependa, únicamente de la banca. Esto puede suponer una importante vía para las pequeñas y medianas empresas que en muchas ocasiones se encuentran ante la negativa bancaria a negociar los efectos presentados, ya sea por causas de liquidez o por motivaciones políticas.

Otro de los aspectos que podría ver la luz próximamente tendría que ver con la regionalización de las inversiones de las cajas, aunque ello ya sería consecuencia de la estructuración democrática de las altas esferas de estas entidades de financiación y ahorro.

Dos billones de recursos

Aunque en la pasada asamblea anual, el presidente de la Confederación de Cajas de Ahorro señaló que «las cajas no son políticas ( ... ) y que han de estar dispuestas para el cambio político que se ha producido», la realidad es que con más e dos billones de pesetas de recursos ajenos, las cajas de ahorro han dejado de ser entidades de ahorro desinteresado para convertirse en un serio competidor de la banca española, ostentando una fuerza económica y política importante y dirigida y controlada por las personalidades más poderosas de cada región española.

El poder de las cajas es patente en toda España y las apetencias políticas que provoca. su poder entre los partidos políticos es importante. Cabe resaltar que el escaso control democrático de la gestión de las cajas propiciaba la huida de los recursos captados en sus respectivas zonas hacia otras regiones más ricas y en donde se podía sacar un mayor rendimiento al dinero. De la misma, forma, las cajas han servido como base de financiación de numerosos proyectos estatales o seudo-estatales con escasa rentabilidad y motivado por el elevado porcentaje de recursos inmovilizados que el Estado destina a estimular el sector público.

Otro de los puntos que han sido críticamente denunciados numerosas veces señalaba hacia el trasvase de recursos de las cajas a la banca en una fórmula de buscar rentabilidad al ahorros sin demasiados quebraderos de cabeza. En este sentido, cabe reprochar a los dirigentes de las cajas la colocación de una importante parte de sus recursos en la banca privada, cifra que alcanza al 8% de todos los recursos de las cajas, es decir, cerca de 160.000 millones de pesetas.

La dualidad de los actuales consejeros

Es fácilmente comprobable cómo la fórmula del pluriempleo está muy al uso entro las altas esferas de las cajas de ahorro, a pesar de que el puesto de los consejeros no es remunerativo. El decreto de abril de 1975 firmado por Rafael Cabello de Alba supuso el paso a la jubilación de un buen número de miembros de los consejos, aunque las prácticas viciosas continúan en la actualidad al ser muchos los consejeros de las cajas que ocupan puestos en otros consejos de administración de empresas de primer línea en el país. De otra forma no se comprendería el interés existente en las altas esferas de las finanzas en colocar a sus hombres en los consejos de administración de las cajas, máxime cuando no reciben un duro por su función.

Un somero repaso, a los consejos de administración de las principales entidades de ahorro ofrece la posibilidad de comprobar cómo altos cargos de las cajas son miembros de consejos de administración de empresas tan significativas como son las constructoras, inmobiliarias, autopistas, siderurgia o minería, sectores proclives a necesitar créditos importantes del sistema financiero.