Gobierno-sindicatos: entre el diálogo la negociación

Un año ha tardado el presidente Suárez en convencerse de que tenía que reunirse personalmente con los sindicatos españoles. Hace ahorajustamente un año, el entonces ministro de Relaciones Sindicales, Enrique de la Mata, sorprendía al país con la apertura (casi de tapadillo) de los primeros contactos entre el Gobierno y la oposición sindical, contactos que, con resultados moderadamente positivos, se prolongaron hasta que el reciente cese de De la Mata cortó un diálogo que ahora, mes y medio más tarde, intenta reanudar el Gobierro de la Monarquía.El diálogo recientemente abierto entre el Gobierno y parte de los sindicatos democráticos (UGT, USO y CCOO) se ha iniciado, sin duda, porque el Gobierno se ha convencido, aunque tardiamente, de que no cabe salir de la crisis económica que el país padece sin contar con la opinión de los trabajadores organizados sindicalmente.

El Gobierno pretende llevar a los sindicatos a su terreno, no tanto porque esté sinceramente convencido de que la instauración de la democracia requiere ese diálogo, cuanto porque la unánime reacción negativa de los sindicatos obreros ante su plan económico de urgencia ha puesto seriamente en peligro la viabilidad de ese plan y, a medio plazo, la misma continuidad del Gobierno.

En todo caso, cualquiera que sea la causa determinante de la apertura de los contactos sindicatos-Gobierno, soy de quienes entienden que es positivo el que el presidente Suárez haya convocado a su despacho a los responsables de CCOO, USO y UGT, aunque ese diálogo haya nacido tarado, porque a él no han sido llamados todos los que son.

El que desde la Presidencia del Gobierno no se haya convocado a todos los sindicatos legales, el que se haya olvidado a organizaciones sindicales que ya en 1976 habían pisado las alfombras de las oficinas gubernamentales para entrevistarse con Enrique de la Mata, el inexplicable olvido en que se ha dejado a dos centrales de inspiración comunista como la CSUT y los SU, y a la veterana y a la vez renovada CNT, no son nijustificables ni, por supuesto, oportunos.

.Si la STV, la SOC, la CNT,-la, CSUT y los SU, entre otras, son centrales sindicales legales no es justificable que el Gobierno Suárez, autor formal de la legalización de esas centrales, las haya excluido del diálogo. Por otras razones, tampoco parece lógico que si todas las centrales socialistas fueron llamadas (UGT y USO), no lo hayan sido todas las centrales comunistas.

Nadie está capacitado, y mucho menos el Gobierno Suárez, para conceder o denegar patentes de representatividad a. las centrales sindicales, pues si bien es cierto que UGT, USO y CCOO parecen ser, por el momento, las centrales más implantadas, y, por tanto, las más representativas, no es menos cierto que, con la necesaria objetividad, la que se mide en votos, nadie puede hablar de representatividad hasta que no se hayan celebrado las elecciones sindicales previstas para el otoño de este año.

De ahí que, dadas las todavía bajas tasas de afiliación de los trabajadores a las centrales sindicales (tema que no se resolverá claramente hasta que no se reparta el patrimonio de la AISS), el inicial acierto del Gobierno al abrir el diálogo con algunas centrales sin dicales esté seriamente en peligro por el error que ha supuesto haber discriminado a otras centrales, ol vidándolas sin más.

Esta ausencia, que aún se puede remediar (otra cosa es que las centrales sindicales hoy excluidas, si se las cita desde Presidencia del Gobierno, acudan al encuentro), hará inviable, a cortísimo plazo (otoño de este año), los contactos entre el Gobierno y las centrales sindicales por el momento llamadas a formar parte de la Comisión Mixta de expertos económicos. Ténganlo en cuenta el Gobierno de una parte (porque un diálogo con exclusiones garantiza la radicalización de las posiciones de los trabajadores no. afiliados) y USO, UGT y CCOO, de otra (porque un diálogo con exclusiones las convertirá en centrales sometidas al Gobierno Suárez y las reglas del juego por él impuestas). Creo que remediar esta situación es tarea que el Gobierno y las tres mencionadas sindicales tienen la obligación de resolver a corto plazo, porque la crítica situación de la economía española no está ni para dar pasos en falso ni, mucho menos, para perder el tiempo.

Queda finalmente necesitado de aclaración al país, qué es lo que pretende el Gobierno con la aper tura del diálogo con las centrales sindicales, pues suscita evidentes dudas que el Gobierno haya ofre cido dos distintas versiones de sus pretensiones. Así, mientras el pre sidente Suárez, en sus entrevistas con UGT, CCOO y USO, proponía simplemente la creación de una comisión mixta de expertos, pÚa dialogar y cambiar impresiones e información sobre la situación ac tual de la economía española, po quísimas horas después, el vice presidente Fuentes Quintana anunciaba por televisión la preten sión gubernamental de abrir una negociación con las centrales sindicales y los empresarios, negociación que, en palabras del propio Fuentes Quintana tendría como objetivos concretos el logro de la moderación en el incremento de los salarios y la defensa del nivel de empleo.

La aclaración pública de los objetivos del Gobierno no parece un tema baladí, ni para las centrales por ahora convocadas, ni para las ausentes, y, mucho menos, para las organizaciones patronales.