Un kilo de setecientos gramos

EL SECTOR panadero anunció ayer a la opinión pública algo tan alucinante como inadmisible: que el kilo de pan -que nunca ha sido tal kilo- pasará a pesar, de no ser satisfechas sus demandas de aumento de precios, setecientos gramos.Los empresarios panaderos, quizá por la incidencia que tiene todavía el producto que fabrican en el consumidor, nunca han gozado de una buena imagen; imagen que nunca se han preocupado por alcanzar, aunque en ocasiones han tenido sobrados motivos para conseguirla. La histórica realidad de un sector que siempre se ha identificado con los estratos más reaccionarios del régimen -recuérdense nombres como el de Constantino Pérez Pilado-, ha tenido la virtud, o desgracia, de identificarse como una mafia, sambenito que por la afirmación con que comienza este editorial no parece tener deseos en que desaparezca.

La amenaza de un sector de quien depende el aprovisionamiento de pan, llevada en los términos con que se ha presentado, es, cuando menos, de juzgado de guardia, y esperamos que la Administración no consienta un chantaje de tan mal gusto como el lanzado por los miembros del sector.

Es del dominio público que el precio del trigo se ha incrementado, que de la misma manera suben los costos de mano de obra, electricidad, carburantes, etcétera, y que todas estas alzas repercuten, sin lugar a dudas, en el precio del producto final. Nunca se ha puesto en duda la necesidad de llegar a un acuerdo mediante negociación, y cuando no se llega a acuerdo poder utilizar una serie de bazas admitidas en todos los países. Pero chantajear de esa forma a toda una sociedad para que la Administración se vea forzada a admitir unas alzas en los precios del pan, muy por encima de lo que ésta entiende que es razonable, es algo -repetimos- inadmisible.

Si el sector industrial, cuyos precios están sometidos al régimen de regulación especial, decide elevarlos unilateralmente,

seguro que se hace merecedor de una importante sanción. Dado que los precios se fijan en base a unas cantidades de producto determinadas, reducir éstas equivale a incrementar el precio, sólo que de otra manera.

La sanción, pues, se impone. A la Administración corresponde aplicarla.