Ayer se vio en Francia la causa sobre la extradición de "Apala"

Ayer, a las dos de la tarde, finalizó en Aix-en-Provence (Francia) la vista contra Miguel Angel Apalategui (Apala). El tribunal francés emitirá su informe al Gobierno cumplido el plazo de ocho días, tiempo en el que dictaminará si, a su juicio, procede o no la extradición del militante vasco.

En el supuesto que el dictamen sea positivo a la extradición, será el Gobierno francés quien, en última instancia, y a la vista del tratado hispano-francés, decidirá sobre el asunto. En caso contrario, si el dictamen del tribunal es negativo a la extradición, el Gobierno francés no podrá intervenir y Miguel Angel Apalategui deberá ser puesto en libertad. La vista, que comenzó con algún retraso, tuvo como sonido de fondo, a lo largo de las casi cuatro horas de duración, los gritos y canciones de la manifestación que protagonizaron miembros del comité de solidaridad vasca de Marsella y centenares de vascos en su mayoría desplazados en los autobuses movilizados por las gestoras pro amnistía de Euskadi.Los gendarmes franceses impidieron la entrada a los manifestantes registrándose momentos de alguna tensión cuando la policía hizo intento de cargar contra la multitud. Algún parlamentario vasco resultó lesionado en la parte baja deícuerpo a consecuencia de golpes de la policía francesa. Sólo los familiares de Apala, testigos y periodistas pudieron llegar hasta la sala de la audiencia, entre los gritos de Apala askatu, ETA herria surekin, etc.

El comité de solidaridad vasca está compuesto en Francia por los partidos PSUC (Partido Socialista Unificado), OCT (Organismo Comunista de Trabajadores), PCR (Partido Comunista Reunificado), UTCE (Unión de Trabajadores Corsos en el Exilio) y MAJ (Movimiento de Acción Judicial) que engloba a abogados de izquierda. Este comité redactó un comunicado en el que protestaba por la petición de extradición y exigía la libertad para Apala. Al citado comité se habían unido además los periódicos Liberation, Rouge y Humanité. Como testigos declararon, afirmando la personalidad política del acusado y la naturaleza política de la acusación, los diputados del PSOE señores Benegas y Corcuera; el diputado por Euskadiko Eskerra y militante de ElA Francisco Letamendía; el señor Bujanda, diputado del PNV; señor Elcoro, representante del grupo de los 47 alcaldes, y Marc Palmés, abogado catalán defensor de González Terrón, involucrado en su día en una de las acusaciones que pesan sobre Apala y hoy en libertad. Asimismo y en calidad de observadores, acudieron representantes de los partidos HASI, ElA, LAILA, PT yel Sindicato Unitario.

Siempre en Euskera

Las acusaciones del ministerio fiscal se refirieron, tal como se esperaba, al intento de asesinato del guardia civil en Beasaín, Antonio Rúa Mendoza y al secuestro de Javier de Ybarra. Con respecto a la primera acusación, que llevaba los apartados de robo con violencia, robo de un taxi, tenencia ilícita de armas y terrorismo con intento de asesinato, Apala, sereno, en su tercer día de huelga de hambre, contestó siempre en euskera: Nik ez diat zer ikusirik horrekin gañera terrorismo eigtaeurak sorpzen du ETA guk herre zabaldua defenbitu eguiten gerá (No tengo nada que ver con eso; además, el terrorismo lo engendra la dictadura, y nosotros, el pueblo oprimido, nos defendemos de ella). Con respecto a la segunda acusación, el secuestro de Ybarra que implicaba detención ilegal, violación de domicilio, extorsión, asesinato relacionado con el terrorismo, declaró: Nik beraneatzen negoen Porquerolle fen ez daukat zer ikufirik (He estado veraneando en Porquerolle, Francia. No tengo nada que ver).

Al calificar el presidente del tribunal de terrorista a la organización ETA, Apalategui contestó: ETA ri terrorista ex beitu, ekentza polieiko bal bela (No llamar terrorista a ETA; era una acción política). Las respuestas en euskera provocaron desconcierto en el traductor oficial que se mostró incapaz a lo largo de la vista de cumplir con su cometido. Después de terminar el iríterrogatorio del acusado, y una vez finalizada la declaración de los testigos, el fiscal, señor Shauei, después de hacer un recuento de las dos peticiones de excarcelamiento y extradición, mantuvo la tesis de que no le corresponde al tribunal francés juzgar los hechos, lo que correspondía al tribunal español, sino tan sólo la forma y el fondo de la petición de extradición. Finalmente, el fiscal pidió al tribunal que una vez celebrada la audiencia suspendiese la resolución del caso hasta tanto no se reciban los resultados de la petición de exilio político y se conozca la información más detallada de las actividades de la organización ETA. En ese supuesto se llegaría a un nuevo juicio.

La defensa, integrada por los abogados Sebag, Abeberry y Castells, dio cuenta de las contradicciones de la,acusación resaltando la personalidad política del acusado, suficientemente probada por los miles de telegramas de solidaridad recibidos y por la presencia como testigos de numerosos parlamentarios vascos, así como las declaraciones de los representantes de todos los partidos políticos de Euskadi. El abogado señor Sebag pidió, flnalmente, la liberación inmediata de Apalategui. A continuación hizo mención a la tradicional hospitalidad del Estado francés, planteando las consecuencias para su defendido de un posible regreso a las cárceles españolas.

Terminada la intervención de la defensa, el presidente del tribunal, señor Gilge, levantó la vista tras anunciar que el dictamen se haría público pasados ocho días.

Por la tarde los tres abogados defensores Sebag, Castells y Abeberry ofrecieron a los numerosos periodistas que acudimos a cubrir la información del juicio una rueda de prensa en el despacho que el señor Sebag posee en Aix-en-Provence. En el transcurso de la misma, Miguel Castells transmitió la decisión de Apalategui de continuar en huelga de hambre en tanto no se encuentre en libertad. Sebag, por su parte, hizo notar dos aspectos que para él eran sumamente positivos a la hora de hacer el balance de la vista. De un lado, la actitud del tribunal francés al autorizar a un abogado extranjero, Miguel Castells, a intervenir en la vista. De otra, el permitir declarar a los testigos, en contra de la petición del ministerio fiscal. Por todo ello la impresión era de optimismo.