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Editorial:

La indefensión de los consumidores

LO MENOS que se puede decir de la insólita sentada de más de un centenar de aspirantes frustrados a pasajeros aéreos en Barajas, ayer, es que se trata de una escena no tan desacostumbrada como sería de suponer. Los aeropuertos españoles han sido pródigos en las últimas semanas en desatenciones rayanas en la incuria de los responsables de las compañías aéreas. Líneas nacionales han cometido overvoiking, práctica deplorable en la industria hotelera, pero del todo inadmisible y condenable en la del transporte aéreo. Iberia ha pretendido -y logrado- cobrarse la devaluación de la peseta sobre vuelos internacionales contratados con semanas de antelación; y lo ha hecho extrayendo la diferencia de precio a los sufridos viajeros poco menos que al pie de la escalerilla. Ahora es Aviaco quien se dedica a vender más plazas de vuelo que las disponibles y hace permanecer a sus viajeros hasta diez horas esperando en los aeropuertos. Cabe esperar que no faltarán las correspondientes explicaciones para la desorganización que ofrece el primer aeropuerto internacional español: la fecha absolutamente punta, la excesiva densidad del tráfico, la necesidad de respetar las debidas normas de seguridad. Pero es inadmisible que no se haya previsto un sistema eficaz de solución de estos problemas. Las cifras de vuelos, de aparatos, sus horarios de despegue ,y aterrizaje, y hasta el número de pasajeros son datos que debían obrar en poder de las autoridades del aeropuerto con la debida antelación pata que no se hubiesen producido escenas tan lamentables.Este tema, sin embargo, no es una exclusiva del tráfico aéreo. Se trata simplemente -y nada menos- que de la tan debatida y manoseada defensa de los derechos del consumidor. En nuestra sociedad, tan a menudo llamada de consumo, el consumidor es precisamente la pieza peor tratada de todo el circuito económico y social. Parece como si no tuviera más derechos que el de consumir, cuanto más, mejor, y lo más deprisa posible. En los últimos años el tema ha sido objeto de debates, simposios, reuniones, a todas las escalas, nacionales e internacionales; se vierten torrentes de tinta en su torno, y hasta es objeto de solemnes declaraciones de intención. La defensa de los derechos del consumidor es un eslogan tan repetido como ineficaz hasta el momento. Los únicos intentos medianamente serios han surgido de la base, y se concretan en una serie de asociaciones- privadas de consumidores, de amas de casa, de vecinos, y todo un largo rosario de excelentes intenciones, a las que falta en medios y eficacia lo que les sobra de buena voluntad y entrega en la mayoría de los casos. Pero estos intentos son inconexos, separados muchas veces los unos de los otros, circunscritos a áreas locales o a materias concretas, cuanto no tratan de ser politizados, por la derecha o por la izquierda, subvirtiendo de hecho la naturaleza del propósito. Se requiere una acción general y coordinada y una mayor atención por parte de los poderes públicos, que rinda algún efecto concreto.

En la Carta de los Derechos del Consumidor, elaborada por el Consejo de Europa, se reconocen cinco tipos de derechos: a la seguridad y protección de la salud, a la protección de los derechos económicos, a la reparación de daños, a la información y formación y a la representación en todos aquellos organismos que sea necesario. Todo esto debe quedar inscrito en la legislación española. Se debe reconocer a las asociaciones de este tipo, dotarlas de los precisos canales de representación, arbitrar sistemas de protección jurídica rápidos y eficaces. Pues, hasta ahora, en nuestro país, todo se reduce a un hipotético libro de reclamaciones cuya presentación es siempre problemática y su eficacia nula en la mayoría de las ocasiones. Males todos estos que se agravan cuando el consumidor tiene que enfrentarse, lesionado en sus más elementales derechos, a un servicio o estructura de producción bien monopolística, bien estatal o paraestatal, como en el caso de ayer en Barajas. Basta, pues, de declaraciones solemnes, que más parecen coartadas que otra cosa. Hace falta una legislación y unos canales de representación. Y un sistema jurídico de defensa ágil, inmediato y eficaz.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 2 de agosto de 1977