Fuentes Quintana explicará en Televisión la política económica

Viene de la primera pág.

Respecto a la actuación del Gobierno en materia económica, programada a corto plazo, el vicepresidente Fuentes Quintana esbozó algunos de los criterios más destacados, delimitando una serie de importantes cuestiones -especulación del suelo, seguridad social, plan energético, agro, autonomías...- cuyo tratamiento prioritario corresponderá a los parlamentarios y que, sin duda, serán objeto de vivo debate.

Reforma fiscal

La reforma fiscal se perfila como el elemento medular de todo el programa de actuación económica y sólo su carácter redistributivo podrá ser capaz de paliar los efectos de unas medidas que se consideran inevitables. Sobre el proyecto que será presentado a las Cortes, se dijo es el más audaz de las últimas décadas y equiparaba el sistema impositivo español al de la mayoría de democracias occidentales. En todo momento, el profesor Fuentes insistió en su confianza de que lo inaplazable de su aplicación hallaría la comprensión de todos los sectores. El tema de la inspección de cuentas bancarias recordó había estado vigente hasta 1940, en que la ley Larraz lo dejó sin efecto.

Insistiendo en el tema fiscal, existe confianza en que la recaudación por efectos de la moratoria alcance valores muy apreciables. En un futuro a medio plazo, irán reduciéndose las exenciones actualmente vigentes, aunque ello no se acometerá a corto plazo para no sobrecargar a las empresas.

Moderación de salarios

Uno de los temas vitales de toda la política económica del Gabinete es la necesaria moderación en el crecimiento de las rentas salariales, tema que deberá ser negociado con las centrales sindicales y fuerzas políticas, en cuya cooperación fundamenta sus planes el Gobierno. Ello, unido a la mayor capacidad redistributiva del sistema fiscal, facultará un reparto más equitativo de las cargas que el plan de saneamiento comporte, entre las distintas capas sociales. El criterio del Gobierno parece ser el de posibilitar el acceso de las clases trabajadoras al disfrute de bienes y servicios sufragados con cargo al Tesoro, como contrapartida a esa moderación en el crecimiento de los salarios.

Refiriéndose a la devaluación, el vicepresidente insistió en la sangría de divisas que sostener la cotización artificial de la peseta había costado a la economía española, del orden de los cien millones de dólares diarios. Negó que sus efectos fueran tan nocivos, como algunos sectores habían aventurado y expresó su confianza en que, a medio plazo, se dejará sentir una mejoría en el saldo de la balanza corriente española. No obstante, deberá continuarse la política de endeudamiento exterior, con criterios de mantener un nivel de reservas de divisas que cubran las importaciones de un semestre. Hasta el momento, no ha sido solicitado ningún préstamo o ayuda al Fondo Monetario Internacional que, por cierto, ha dado su conformidad a las líneas esenciales de los planes económicos del Gabinete.

Política de precios realistas

El tema de los precios, ante el que la opinión pública se siente lógicamente sensibilizada, también fue analizado. El criterio del Gabinete es el de propiciar una política de precios realistas, eliminando intervencionismos y distorsionamientos del mercado. De este modo, es lógico que se haya aplicado inmediatamente la repercusión que sobre determinados productos ha tenido la devaluación. Al mismo tiempo, en algunos precios se han efectuado ajustes realistas y en otros se han adoptado criterios de animar o desanimar el consumo de determinados productos. En este sentido hay que mencionar a los productos energéticos, que deberán ser revisados en el plan que se aplicará en otoño. Actualmente, son los más bajos de Europa en algunos productos.

El vicepresidente discrepó abiertamente del tratamiento otorgado al decreto de limitación de precios, ya que con su promulgación sólo se había pretendido poner coto a las arbitrarias y desordenadas elevaciones en cadena que suelen producirse tras una medida devaluadora, con los consiguientes efectos inflacionarios. De cualquier forma, el criterio del Gabinete es el de ir progresivamente hacia un régimen de absoluta libertad de precios.

Fin de las acciones concertadas

El Crédito oficial va a ser reformado para que lo sea auténticamente. Se creará un banco oficial de la pequeña y mediana empresa para apoyar su financiación. Serán reformados el Consejo Superior Bancario y la Confederación de Cajas de Ahorro, para adaptarlos a las nuevas circunstancias. Igualmente, deberá ser arbitrada una nueva fórmula para el Consejo de Economía Nacional; el ejemplo francés puede ser válido. En cuanto a las acciones concertadas, serán respetados los compromisos ya establecidos, ajustando sucesivamente los tipos de interés, pero parecen del todo descartadas para el futuro.

Será revisada la política de monopolios, encaminándose hacia su estatalización y eliminando su intervencionismo en las fijaciones de precios, especialmente cuando cuenten con representación privada. La empresa pública deberá ser sometida a control parlamentario, revisando su gestión y ámbito de competencia, con criterios alternados de rentabilidad y carácter social.

No habrá apoyo institucional a ha Bolsa, por entenderlo superado. El equipo económico achaca a la incertidumbre el clima de bajas cotizaciones que impera actualmente en la Bolsa, aunque existen aspectos mucho más importantes de la coyuntura sobre los que la actuación del Gobierno debe concentrarse.

A título personal, el vicepresidente Fuentes Quintana se mostró contrario a una política de expansión de la demanda, como salida a la situación de grave paro por la que se atraviesa, ya que ello sería muy peligroso a medio plazo.

La actual estructuración de la Administración Pública puede responder adecuadamente al actual momento socioeconómico, aunque su aplicación puede dejar paso, si se demuestra ineficaz, a una reforma profunda. Por el momento, no entra en los planes del Gabinete variar la estructura administrativa.