Mañana será promulgada la autonomía regional en Italia
El Consejo de Ministros italiano volvió a discutir anteayer durante dieciocho horas consecutivas la reforma regional. Leyó uno a uno los 140 artículos de la ley, que inmediatamente fue firmada por el jefe del Estado, Giovanni Leone, y tras un control del Tribunal de Cuentas sobre su legitimidad, será promulgada definitivamente mañana lunes por la Gaceta Oficial del Estado.Aunque el texto definitivo de la ley será conocido solamente mañana, se sabe que el problema más espinoso por solucionar ha sido y es el del personal funcionario. Dada la larga lista de oficinas esta tales que serán suprimidas a partir de enero del año próximo, miles y miles de funcionarios quedarán afectados por la reforma. Como solución, se ha adoptado el criterio de poner a disposición de la región geográficamente competente, el personal suprimido. Si la región lo rechaza será destinado a otras funciones por indicación de la presidencia del Consejo de Ministros.
La dificultad de repartir geográficamente al personal estatal según las reales exigencias de las regiones, podrá de hecho constituir un gravamen financiero colosal.
Se sabe por ahora a grandes líneas cuáles serán las competencias de regiones, provincias y ayuntamientos. El Estado ha cedido todas las funciones de política urbana, rural y administrativa, es decir, la licencia para ser portero o para abrir una tienda no tendrá que venir del Estado. Las regiones se ocuparán por completo de la asistencia sanitaria y hospitalaria, escolar y universitaria, tutela de recursos ambientales, incluidas aguas públicas, termales, minerales. La vivienda residencial pública, la urbanística, transportes municipales y regionales, todo el sector turístico y hotelero correrá, entre otras cosas, por cuenta de las regiones.
Las regiones, sin embargo, no podrán promocionar en el extranjero cualquier iniciativa sin concordarla, en líneas generales, con el Estado. También será exclusivo poder del Estado central la gestión de las intervenciones, de tutela de los precios en actuación de la política agraria fijada por la Comunidad Económica Europea.
