Parlamento y política exterior/1
(Comisión Internacional del PSOE)
La vida política de una sociedad puede considerarse desde una doble perspectiva: nacional e internacional. Ambas facetas son estrictamente interdependientes en el mundo en que vivimos. Mediante su política exterior y sus relaciones internacionales un Estado influye en la vida internacional, pero, a su vez es condicionado o determinado (según los casos) en la elaboración de tal política -e incluso en la de su política nacional- por los demás Estados.Ello juega en todo tipo de sociedad nacional, bien sea ésta democrática o no. La ventaja de una sociedad democrática es que los ciudadanos -que no súbditos que la componen tienen el derecho y la posibilidad de expresar sus opiniones y de controlar ambas facetas de la política -nacional e internacional- a través del Parlamento y de otras instituciones y medios sociales, por ejemplo, la prensa.
El Parlamento puede concebIrse como una de las más importantes instituciones -si bien no la única de expresión de la voluntad popular, como foro donde los intereses dje la colectividad entendidos de forma diversa se someten a debate público y -en el aspecto exteriorcomo garante de los intereses nacionales y portavoz, de los mismos ante la comunidad internacional.
Ciñéndonos a este últirno aspecto, la responsabilidad del Parlamento democrático es doble, -puesto que, siendo expresión de la plural representación nacional, ha de encararse con asuntos que afectan a la acción exterior del Estado, del cual es una institución.
En dos palabras, en un Estado autoritario o totalitario la responsabilidad por determinadas acciones realizadas en la vida internacional es más fácilmente achacable a una mera y abstracta entidad sociopolítica. Por ejemplo, «la España de Franco» o «el Estado franquista». Incluso en las postrimerías del régimen franquista, y aludiendo a oscuros compromisos internacionales contraídos, ha podido echarse mano de otra cómoda fórmula: la de «los difíciles momentos de la transición». En un Estado como el franquista -actualmente en vías de superación- la responsabilidad por actos disconformes con el Derecho Internacional, vejatorios para algún sujeto de las relaciones internacionales o simplemente injustos o ignominiosos era más fácilmente diluible.
Un Estado democrático de derecho -hacia el cual parece que nos encaminamos- con un Gobierno emanado de elecciones libres (a pesar de los «residuos franquistas», otra expresión ad hoc) y con un Parlamento de idéntico origen (con igual proporción de residuos) no puede tan fácilmente escapar a la crítica interna e internacional por actos internacionales de los que puede ser responsabilizado.
La comunidad internacional tiene el derecho y la.comunidad nacional (representada en el Parlamento) el deber -y el legítimo orgullo- de que se abra una meridiana discusión sobre todos los temas de política exterior y relaciones internacionales en que un régimen anterior no democrático, autoritario, haya podido incidir con mediclas no acordes con el derecho y la moral internacionales. Y en nuestro caso -y para empezar-, un buen ejemplo es el de la descolonización del Sahara Occidental.
