El laborismo británico supera un voto de censura en el Parlamento

El Gobierno británico se enfrentó anoche a un voto de censura por su nueva estrategia económica, destinada a salvar al país de la explosión salarial. Con la ayuda liberal, los laboristas han salvado este nuevo reto parlamentario, pero no han podido evitar las criticas que su programa pasado y presente recibe desde todos los sectores sindicales del Reino Unido.

La Administración no ha conseguido siquiera el apoyo de sus aliados moderados de los Trade Unions, cuyo consejo ejecutivo no se ha atrevido a recomendar restricciones a la hora de pedir aumentos de sueldos.Al reformar su programa económico, el Gobierno retiró el apartado de las congelaciones salariales, que funcionan desde hace dos años, y que en este momento limitan las subidas en un 4,5%.

Al hacer esta concesión, que había sido reivindicada prácticamente por todos los sindicatos del país, el Gobierno pidió, con humildad y desesperación, que se limitaran las demandas, a un 10 % de aumento cuando empezaran a negociarse libremente los convenios colectivos. También recomendó que un elemento esencial del ahora difunto «pacto social», el mantenimiento de un plazo de doce meses entre subidas salariales, se siguiera respetando, con efecto retroactivo y para el futuro.

En su respuesta, el TUC, que es el congreso sindical británico, no ha podido ir tan lejos. Su lealtad al Gobierno laborista le ha llevado a pedir sin convicción que en efecto se observa aquel periodo entre convenios colectivos, pero ha considerado contraproducente volver a poner un «Iímite voluntario» a los sueldos.

Esto significa que a partir de ahora nadie podrá impedir que los mineros pidan un 90 % de aumento, que los 12.000 médicos de hospital lleven a cabo su huelga de un día para exigir que se levante la regla de los doce meses, que los trabajadores de los ferrocarriles presionen para lograr aumentos superiores al 50 %, o que, en general, se produzca una situación similar a la que en 1974 puso a este país al borde del caos, provocó las restricciones actuales y produjo una caída vertical de la esterlina.

Eso no es lo único que el Gobierno quisiera evitar ahora. También pretende impedir las elecciones generales. De hecho, Callaghan desea hacer que su pacto parlamentario con los liberales dure al menos hasta el próximo año para que una derrota en los Comunes no precipite una consulta popular que en este momento sería favorable a los conservadores. Como nos dijo ayer la secretaria de relaciones internacionales del Partido Laborista, "un triunfo tory en unas elecciones inmediatas garantizaría la presencia de ese partido en el poder por un período de diez años, al menos"

En 1979 empezará a obervarse el efecto del petróleo sobre la economía británica. Cuando ese ingreso nivele la balanza de pagos y la libra vuelva a valer lo que pesa, el partido que gobierno será tan sólido como su economía.

Como en 1974, cuando los mineros precipitaron la caída de Edward Heath y devolvieron a Wilson al poder, la frase que más se escucha en Gran Bretaña es: «Ya basta.» El objetivo de la lucha sindical ahora es el « pacto social», al que se acaba prácticamente de rematar. Ya no sólo lo dicen los mineros, sino que lo repiten los asistentes sociales, los doctores e incluso los policías. Hasta el ministro de Sanidad lo ha dicho: «Reconocemos que las restricciones salariales han producido anomalías internas y han hecho decrecer el nivel de vida.»

Estos días el laborismo tiene muy difíciles las cosas. Callaghan ha pedido, desde la plataforma de los mineros, un respeto al pobre, al débil y al desempleado. Demandas superiores a las que el Gobierno puede conceder harán sufrir a todo el mundo. Este país ya no es rico ni es todavía autosuficiente. Pero parece que esta vez el llamamiento de Callaghan a la cordura salarial no se va a hallar con una respuesta amable entre los trabajadores.