Francia no quiere cumplir el acuerdo pesquero con España, firmado en 1967

Sin resultados concretos ni favorables terminó ayer en París la reunión que celebraron una comisión francesa y otra española, sobre las diferencias graves que separan a los dos países al interpretar el acuerdo de pesca hispano-francés de 1967. La delegación española fue dirigida por el embajador en Francia, marqués de Nerva, y en ella figuraba el director general de Pesca, Félix Bragado.

El contencioso que separa a los dos países vecinos es el siguiente: en 1967 se firmó un acuerdo por el que, en el golfo de Vizcaya, la llamada «pesca de bajura» (entre seis y doce millas) pueden realizarla los españoles libremente. Hay que advertir que, en este coto que va desde el Bidasoa hasta Belle Ile, es en donde se pesca principalmente la merluza española. El convenio funcionó normalmente hasta que, a primeros del año en curso, la Comunidad Europea estableció nuevos reglamentos para la llamada «pesca de altura» (entre cero y doscientas millas). De acuerdo con los nuevos reglamentos comunitarios, la CEE distribuyó licencias de pesca y, España se le ofrecieron 124. Esto desbarató el desarrollo normal de la industria pesquera española, caracterizada por su atomización. A partir de este momento, las autoridades francesas advirtieron que el convenio franco-español de 1967 quedaba implícitamente limitado por los reglamentos comunitarios.En este momento empezaron a surgir los problemas que, en la práctica, vienen traduciéndose por trastornos graves para los pescadores españoles: en los últimos dos meses, han sido apresados unos veintisiete barcos y se han puesto multas continuamente que, en varios casos, se han cifrado en 700.000 pesetas aproximadamente.

Los responsables españoles han recurrido a la Comunidad quien, en tres ocasiones diferentes, ha afirmado que, en efecto, el reglamento de pesca de altura puesto en vigor hace algunos meses por la. CEE no afecta al convenio franco-español de pesca de bajura. Es más, la CEE ha estipulado explicitamente que la reglamentación comunitaria no anula los convenios bilaterales anteriores.

A pesar de lo anterior, las autoridades francesas se han manifestado totalmente intransigentes, de igual manera que las españolas, como lo hizo ayer patente la comisión que dialogó en el Ministerio francés de Asuntos Exteriores, señalando que España está dispuesta a seguir aplicando el acuerdo de 1967.

Al final de la reunión, anoche, los medios españoles no se manifestaron optimistas respecto al futuro inmediato.