Los sindicatos, ante la crisis económica

LAS DECLARACION Es de los señores Fuentes y Fernández Ordóñez, publicadas en EL PAIS el pasado domingo, han completado el diagnóstico de los males que aquejan a la economía española; y también la dirección de las medidas que se van a poner en práctica para atajarlos. Del cuadro se desprenden dos conclusiones en lo que se refiere a los trabajadores asalariados: que los niveles de desempleo sólo podrán descender cuando la reforma fiscal y la reasignación del gasto público dejen sentir sus efectos, lo cual es impensable a corto plazo, y que los salarios no podrán, aumentar más que en el marco de una política de rentas que atienda, tanto a las exigencias (muy concretas) de la lucha contra la inflación, como a los requerimientos (más abstractos e imprecisos) de la justicia y de la equidad. O sea. que el paro no puede ser eliminado en unos meses y los salarios no pueden aumentar a los ritmos de antes.Nos encontramos, pues, ante una perspectiva difícil para el mundo del trabajo. Los sacrificios que se van a pedir a los trabajadores no son, como los demagogos vocean, un truco para aumentar los beneficios de los empresarios. El aumento incontrolado de los salarios nos arrastraría a una inflación galopante de tipo latinoamericano y a la devaluación permanente: agravaría nuestro déficit comercial mediante una caída de nuestras exportaciones y aumentaría los niveles de paro. En este sentido, los datos de la situación y las medidas a tomar para reme diaria son -como se dice- habas contadas. Pero hay algo más que retórica en el temor de algunos dirigentes : sindicales a que el peso de la crisis sea descargado únicamente sobre las espaldas de los trabajadores.

En el nivel de las grandes decisiones económicas y de la aplicación de las medidas, el Gobierno se propone nego ciar con los partidos políticos de la izquierda, que son los que presumiblemente han recibido la mayor cantidad de votos de los trabajadores. De esta forma, el PSOE y el PCE tendrán ocasión de exponer sus puntos de vista, de modificar tal vez parte del programa y de controlar par lamentariamente en cualquier caso su aplicación. Pero el éxito de la negociación depende sobre todo de los interlocutores sindicales, con los que han empezado ya los primeros contactos. Hay que decir en este punto que la propia debilidad de las centrales, recién salidas de la ilegalidad y arrastradas durante los últimos meses por los urgentes requerimientos de la lucha electoral y por los compromisos de partido de los dirigentes de Comisiones Obreras y de la UGT dificulta el éxito de la operación. Aunque los lideres sindicales socialistas y comunistas, de acuerdo con sus partidos, lleguen a satisfactorios acuerdos con el Gobierfio y con las organizaciones patronales, ¿cómo lograr que los trabajadores les sigan a nivel de fábrica si el índice de obreros afiliados y la presencia de las centrales en cada empresa continúa siendo tan débil como hasta ahora? En una situación en que cualquier acuerdo va a representar para los trabajadores un aumento salarial inferior a los que lograban antes de la crisis, ¿qué posibilidades tienen las centrales de imponer sus criterios frente a la demagogia aventurera de un agitador grupuscular? Dado que los acuerdos van a tener una complejidad técnica superior a la simple demanda de aumento de los ingresos monetarios, ¿dónde va a descansar la autoridad de unos sindicatos que deben ser creídos no sólo por sus afiliados, sino también por los trabajadores no sindicados?

El desmantelamiento de los sindicatos verticales y la transferencia de su patrimonio a la Administración Institucional de Servicios Socioprofesionales fue el primer y tímido paso de una reforma que es urgente ahora acelerar al máximo. Tras la reestructuración del Ministerio de Trabajo ha quedado en manos del señor Sánchez de León, ministro de Sanidad y Seguridad Social, la administración de los cuantiosos -y hasta ahora incontrolados- fondos de la Seguridad Social y todo el ámbito de competencias asistenciales. Parece así, pues, que la princípal tarea del señor Jiménez de Parga va a ser la liquidación de la AISS y el establecimiento de las reglas de juego mediante el que las centrales sindicales van a tener acceso a ese patrimonio formado por la cuota pagada durante casi cuatro décadas. El alcance y la responsabilidad de su misión son muy grandes. Porque el plan de medidas económicas no podrá aplicarse, a nivel de fábrica, sin centrales sindicales fuertes y responsables; y estas centrales sólo pueden acceder a la fuerza y a la responsabilidad si el Estado deposita en sus manos las instalaciones y los fondos que en justicia les pertenecen, y sin los cuales su presencia en el mundo del trabajo no será lo suficientemente eficaz y amplia.

Una política de rentas sólo es posible en una economía en la que las relaciones industriales tengan un elevado nivel de institucionalización. Y en España la contención de las alzas de salarios, condición previa para reducir la inflación y hacer descender los índices de desempleo, exige no sólo acuerdos por arriba en los que el Gobierno y los patronos paguen un precio por ese sacrificio, sino también sindicatos responsables, eficientes y ampliamente implantados que negocien en ramas, sectores y fábricas.