Razones de la reestructuración administrativa laboral

El análisis de la situación en que queda la Administración Social (Relaciones Laborales, Empleo, Seguridad Social, Promoción Social, Relaciones Sindicales, Sanidad y Asistencia Social) tras la reforma de la Administración del Estado aprobada recientemente, requiere, como punto de partida, unas previas reflexiones sobre el porqué y el cómo de la reforma administrativa, a la que el Gobierno Suárez llama reestructuración administrativa.

En teoría, la reestructuración del Gobierno Suárez se ha justificado en razones económicas (disminución del gasto público) y en razones de eficacia administrativa (aumento de la eficacia de los servicios públicos). Al menos esto es lo que -afirma el preámbulo del decreto gubernamental que ha aprobado la reestructuración, para el que la desaparición de diez subsecretarías contrabalancean suficientemente la creación de cinco secretarías de Estado.

Conviene señalar, de entrada, que, contra lo que afirma el preámbulo citado, no es cierto que la reestructuración haya supuesto una reducción del número de Ministros a los que el País tiene que alimentar. Antes eran trece los ministerios civiles y tres los ministerios militares. A los titulares de es tos dieciséis departamentos había que añadir un vicepresidente militar y dos ministros sin cartera (Relaciones Sindicales y ministro secretario del Gobierno), lo que suponía un total de diecinueve ministros, además del presidente.

Tras la reforma, los ministerios pasan a ser dieciséis, quince civiles y uno militar. A estos dieciséis ministros hay que añadir un vicepresidente político y dos ministros sin cartera (Relaciones con las Cortes y Regiones), lo que supone un total de diecinueve ministros, además del presidente del Gobierno.

No se trata de que sean muchos o pocos los ministros del Gobierno Suárez, sino de algo más simple, que, contra las afirmaciones del Gobierno, el número de ministros no se ha reducido.

Por supuesto que, hoy por hoy, al Gobierno Suárez le basta afirmar que su reestructuración supone disminución del gasto público. Creo que semejante afirmación es más que dudosa, porque aunque disminuya el número de subsecretarías, lo cierto es que la nueva estructura departamental supone aumento del aparato administrativo del Estado en las cincuenta provincias del Estado español, medido en incremento del número de delegaciones provinciales, cada una de las cuales tendrá un equipo directivo y unos servicios generales que claramente suponen aumento del gasto público.

Con todo, lo más importante no es que se pueda o no discrepar sobre si el gasto público aumentará o disminuirá, sino que el Gobierno Suárez, cuando dentro de cuatro meses termine su reestructuración tendrá que informar al país contribuyente dando pelos y señales de la reestructuración y de su coste. Quédele claro al Gobierno que, si no lo hace de grado, es previsible que el Congreso, aun con mayoría de la UCD, le pida cuentas de su reestructuración.