Fernández Palacios recurre contra su procesamiento por la matanza de Atocha

A puerta cerrada se celebró ayer en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la vista del recurso de apelación interpuesto contra el auto de procesamiento de Simón Ramón Fernández Palacios, supuestamente implicado en el quíntuple asesinato del despacho laboralista de la calle de Atocha, el pasado 23 de enero.

Según el auto de procesamiento, a Fernández Palacios le fueron ocupadas numerosas armas, sin que poseyera licencia ni guía, a la vez que conocía la acción violenta que llevarían a efecto unos amigos de Francisco Albadalejo, entonces secretario del Sindicato Provincial de Transporte de Madrid, contra el despacho laboralista de la calle de Atocha. En contra de lo anterior, el abogado de Fernández Palacios adujo ayer que el auto de procesamiento omitió la cualidad de capitán de complemento de Infantería y de caballero mutilado de su patrocinado, acreditada en el sumario con el carnet militar de identidad, que se considera como licencia y permiso de armas, existiendo, además, la licencia tipo B con guía de pertenencia que ampara otra de las armas. Respecto a que fuera conocedor de los propósitos de los presuntos asesinos, el letrado recurrente señaló que no puede ser considerado como encubrimiento el hecho de que conociera el delito, ya que no ocultó efectos ni instrumentos del delito ni albergó ni proporcionó la fuga de ninguno de los culpables. Por su parte, el fiscal de la Audiencia Nacional Enrique Abad, que en su día se opuso al recurso, en el acto de la vista se adhirió al mismo, en el sentido de solicitar que se levantara el procesamiento de Fernández Palacios.La acusación privada, a cargo de los abogados Jaime Miralles y José María Mohedano, en representación de los familiares de las víctimas, y de José María Stampa Braun, en representación del Colegio de Abogados de Madrid, expuso que en el sumario hay indicios sobrados para acusar al procesado de encubridor. En cuanto a las armas, la acusación privada manifestó que el procesado sólo poseía licencia para una de !as armas cortas, no para las demás, aparte de que la licencia no puede ser suplida en ningún caso por su calidad de capitán, ya que el reglamento militar se refiere siempre a oficiales en activo. Por otra parte, la tenencia ¡legal de armas se complementa con el origen desconocido de las mismas, que no ha sido aclarado por el procesado.

Por último, según la acusación privada, existen indicios de que el procesado conocía el plan que llevarían a cabo los procesados Albadalejo, Fernández Cerra, García Juliá y Lerdo de Tejada, todos ellos amigos suyos, a los que frecuentaba de manera habitual.