La izquierda radical, tras las elecciones

Aún no reconocidos, pero tolera dos y con protección policial en sus sedes, los partidos políticos de la llamada izquierda radical han entrado después de las elecciones en un período de reflexión y de autocrítica. Motivos para una y otra no faltan si se tienen en cuenta los pobres resultados electorales conseguidos, cercanos a la catástrofe, con la excepción de algunas zonas, como el País Vasco, Navarra o Cataluña. Ha habido varios factores exteriores a la propia izquierda revolucionaria que han contribuido a su escaso éxito. Uno de ellos ha sido su no legalización, lo que ha impedido, sin duda, que aparezca ante la opinión pública con su verdadero rostro y que haya podido utilizar al máximo los medios de sus organizaciones. Otro factor más influyente, quizá, ha sido su presentación dispersada, a pesar de que algunos partidos lograron formar coaliciones electorales, sin olvidar tampoco la importancia que el electorado de izquierdas ha concedido a la utilidad de su voto en las primeras elecciones tras cuarenta años de dictadura. Estos factores pueden suavizar, aunque no explicar en su totalidad, lo que a estas alturas se puede calificar de auténtico desastre para la izquierda radical, sobre todo si se tiene en cuenta las previsiones que algunos de estos partidos, particularmente la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT) y el Partido del Trabajo de España (PTE), hacían pocos días antes de la jornada electoral.

El primer factor, después del período electoral y de los inmediatos días de las elecciones, en que pasó a un segundo orden de preferencias entre los propios partidos interesados, parece que está a punto de desaparecer. Los partidos de la izquierda radical vuelven a plantear, ante la opinión pública y ante el Gobierno, el tema de su reconocimiento legal. Los partidos democráticos que han obtenido escaños en el Congreso de Diputados y en el Senado han venido reiterando en los últimos tiempos su promesa de que uno de los primeros objetivos que plantearán en las Cámaras será el reconocimiento de todos los partidos, pero aquí, de nuevo, parece que se les adelantará el Gobierno actual, es decir, la Unión de Centro Democrático, que no quiere que la Oposición le arrebate la iniciativa en el terreno de lo que es inevitable. A esta intención debe responder, sin duda, el hecho de que el Ministerio del Interior haya comenzado a dar traslado al ministerio fiscal, para que emita su preceptivo informe, de los expedientes. de los partidos políticos no legalizados, sobre los que en su día se declaró incompetente el Tribunal Supremo.

El expediente del Movimiento Comunista ya ha sido trasladado al ministerio fiscal, pero se espera que muy pronto sean también enviados los correspondientes a otros partidos de la izquierda radical, como el Partido del Trabajo de España, la Organización Revolucionaria de Trabajadores y la Liga Comunista Revolucionaria. La inmediata legalización de estos partidos le evitará al Gobierno una serie de interpelaciones por parte de la Oposición en las Cortes.

Sin embargo, los factores interiores a las propias organizaciones de la izquierda radical, que ahora surgirán a la luz cuando se proceda a su legalización, han sido los más determinantes en sus pobres resultados electorales. Quizá el principal de ellos haya sido la falta de adecuación de sus programas al estado sicológico del electorado español en estos momentos, reflejo de las especiales condiciones en que se está produciendo el cambio político.

Cuando estas condiciones desaparezcan es lógico pensar que la izquierda radical juegue algún papel e n- la nueva política española, aunque ello no evitará que su escasa influencia en la política actual produzca importantes crisis internas, cuyo desenlace es todavía difícil de prever. Por lo pronto, algunas organizaciones de la izquierda radical comienzan ya a preparar sus primeros congresos, en los que la experiencia de las elecciones será un dato a tener en cuenta en la hora de buscar un hueco en el abanico de las demás fuerzas políticas y, sobre todo, en el interior de la voluntad del pueblo español.