No hubo acuerdo en la comisión INP-farmacéuticos

Sin acuerdo alguno ha concluido la reunión que ayer, durante más de cuatro horas, celebró la comisión, calificada de paritaria compuesta por miembros de la Administración y representantes de la profesión farmacéutica. Como reiteradamente se ha venido publicando las posturas parecen radicalizarse.

Por un lado, el Boletín Oficial del Estado publicaba ayer un decreto sobre sanciones a los farmacéuticos, publicación que los profesionales de la farmacia consideran como medida coactiva cuando se está en plena negociación. Por otro lado, los farmacéuticos insisten en que el descuento, punto clave, aunque no único del problema, es vejatorio para la profesión. Con estas premisas se celebró la reunión de la comisión paritaria -que no es tal- sin que se haya llegado a acuerdo alguno. Para hoy, a las cinco de la tarde, está convocada nueva reunión de la comisión.Pasadas las doce de la noche de ayer, el Consejo General de Colegios Farmacéuticos hizo pública la siguiente nota:

«A las cinco de la tarde de ayer se reunió en el Ministerio de Trabajo la comisión imperativa "paritaria" formada por cuatro representantes de la profesión farmacéutica y cinco designados por el Ministerio de Trabajo.

La propuesta de los farmacéuticos, en evidente minoría, fue la de establecer una prórroga de hasta un año de duración, sin aportación alguna por su parte, con el fin de estudiar conjuntamente a fondo los aspectos jurídicos, económicos y sociales de la dispensación de medicamentos a los beneficiarios de la Seguridad Social, dentro de la nueva estructura del inminente Ministerio de Sanidad. En este sentido, los farmacéuticos propugnan expresamente la necesidad de que en la comisión paritaria estuviesen presentes, como era de justicia, representantes de los trabajadores y de los empresarios.

Insólitamente, los cinco representantes de la Seguridad Social y del Ministerio de Trabajo no aportaron estudio alguno, ni si quiera los esbozos de propuestas insinuadas con anterioridad,confirmando la más flagrante desconexión entre el INP y el Ministerio, y ofreciendo como única alternativa precisamente la prórroga hasta el 31 de diciembre del actual convenio reiteradamente declarado inaceptable por los farmacéuticos españoles, que lo consideran vejatorio para la profesión y contra todo derecho. Más que diálogo, pues, lo que habido en ésta reunión ha sido un despropósito imperativo que al cabo de más de cuatro horas de intervenciones proseguirá hoy, también a las cinco de la tarde, si la Seguridad Social y el Ministerio de Trabajo no se deciden a afrontar seriamente el tema.

La asamblea general de colegios farmacéuticos, en reunión permanente desde hace dos días, ha aprobado plenamente la actuación de sus representantes en la comisión paritaria imperativa y ha ratificado su preocupación por el perjuicio que la intransigencia de la Seguridad Social pueda producir a los beneficiarios, verdaderos accionistas del INP, sin representación alguna en esta comisión y sin voz ni voto en la estructura y funcionamiento de la Seguridad Social.»

El decreto de sanciones

Por otra parte, el decreto de sanciones ha sido fuertemente rechazado por los farmacéuticos.

El real decreto considera como falta grave «la negativa a dispensar una receta de la Seguridad Social sin causa justificada». Las faltas son calificadas como leves, graves o muy graves. Se estiman como faltas graves todas las que supongan «defraudación a la Seguridad Social a través de la facturación y cobro de recetas oficiales, cualquiera que sea su grado de ejecución, cuando la cuantía del perjuicio ocasionado, o que se tenía intención de ocasionar, sea igual o inferior a 5.000 pesetas». Entre las faltas muy graves está contemplado el mismo caso «cuando la cuantía del perjuicio causado, o que se tenía intención de causar, sea superior a 5.000 pesetas».

Se establece también una sanción con carácter de inhabilitación para el despacho de recetas de la Seguridad Social, en el caso de sanciones graves y muy graves, «cuando en la localidad de que se trate exista otra oficina de farmacia o su inhabilitación no origine un transtorno para la buena marcha de la Seguridad Social o perjuicio para las personas protegidas».

El decreto ha sido recurrido por acuerdo unánime de la asamblea general de colegios farmacéuticos.