El conflicto de las farmacias

EL PROBLEMA que enfrenta actualmente al Instituto Nacional de Previsión con los representantes de los farmacéuticos tiene su raíz en un defecto previo de forma: la exigencia de descuentos, de forma imperativa, por parte de ese gran comprador. Como tal, exige sus condiciones. Esas condiciones que, en principio y hace años fueron aceptadas por los farmacéuticos, se basaban en un descuento del 7,5 % a la Seguridad Social en concepto de «cliente fijo y potente».Los farmacéuticos consideran hoy que los despachos de farmacia no son rentables. En efecto, los costes de personal han subido, la puesta en marcha de una oficina de farmacia es cara y el conjunto de fármacos almacenados es una inversión importante.

En este estado de cosas concluye el convenio firmado en- 1974, y los farmacéuticos se niegan a negociar descuento. alguno con el INP. Como postura de fuerza deciden, a partir del día 28, si no hay acuerdo, cobrar a los beneficiarios de la Seguridad SociaI, como si no fueran tales, sellar sus recetas y que sea la Seguridad Social quien después abone el precio. Así, las farmacias se asegurarán de que el INP no les aplicará el antiguo descuento. El INP, por su parte, apela a la vía legal (calificada ahora de arcaica ley verticalista por los farmacéuticos), pidiendo que se forme la comisión paritaria, adjetivo éste absurdo cuando, como en este caso, no hay paridad.

La discusión entre las dos partes podría pasar inadvertida si no afectara tan directamente al español medio. Porque resulta, de un lado, que el INP es una entidad pública y no una empresa privada que pueda hacer y deshacer a su gusto, aunque de hecho haya actuado con escasos controles desde su creación. Y por otro, también el ciudadano español se encuentra enfrentado con los farmacéuticos, profesión que ha apelado casi siempre al servicio público y que ha gozado por ello de una situación de privilegio: distancias para la competencia y monopolio de venta. Y hay más: el ciudadano español, contribuyente, que hace posible el inmenso potencial económico del INP, está viendo cómo unos y otros juegan a repartirse algo que no les pertenece. Los farmacéuticos intermediarios, una vez deducidos sus márgenes comerciales, entregan a la industria multinacional -casi monopolio en nuestro país de la industria quimico farmacéutica- el dinero del INP, que, a fin de cuentas, es de los españoles.

Esnuestro dinero y nuestra salud lo que está en juego. Los 100.000 millones de pesetas que la Seguridad se gastará en farmacia en este año son casi 40.000 millones de divisas que saldráñal extranjero enconcepto de royalties.

Estamos ante una situación de conflicto creada por la imprevisión de las dos partes en litigio. Si es cierto que un cliente, con un poder de compra de 100.000 millones, tiene derecho a esperar un descuento por parte de aque llos a quienes asegura tan crecido volumen de ventas, no es menos cierto que los farmacéuticos tienen una base sólida para discutir Un sistema en el que ellos actúan como intermediarios que financian con fondos propios los gastos en fármacos de la Seguridad Social.

El conflicto no es sino una faceta de un problema más general: la actual estructura de gastos de la Seguridad Social y su sistema de finandiación. Un sistema que va a producir a muy corto plazo no sólo un estrangulamiento de los presupuestos del sector público, sino, lo que sería más alarmante y paradójico, un daño generalizado en la calidad de la asistencia que se ofrece al contribuyente.