Los beneficios fiscales del juego destinados a los minusválidos son insuficientes
La Federación Española de Asociaciones Protectoras de Subnormales ha denunciado en un escrito dirigido a la opinión pública las contradicciones del Gobierno en la aplicación del rendimiento de las tasas sobre los juegos de azar, recientemente autorizados en España. La Federación estima, concretamente, que se asignan cantidades insuficientes, derivadas del beneficio del juego, a los sectores de educación especial y prevención de la subnormalidad, mientras que a otros sectores de asistencia social que cuentan ya con importantes fuentes de financiación se le ha aplicado un índice mucho mayor.El real decreto-ley 16/1977, de 26 de febrero -dice la nota- por el que se regulan los aspectos penales, administrativos y fiscales de los juegos de suerte o azar, en su artículo tres, apartado séptimo, establece, respecto a la tasa fiscal a la que somete el juego, que «el rendimiento de esta tasa quedará afectado a acciones de asistencia, recuperación e integración social de minusválidos físicos y sensoriales, y de los subnormales con especial atención a los niveles más altos de deficiencia; prevención de la subnormalidad, educación especial, prevención y tratamiento de la delincuencia juvenil y atención a la tercera edad.
A pesar de esta disposición, el Consejo de Ministros; en su reunión del 10 de junio, aprobó otro real decreto-ley sobre distribución de los rendimientos de la citada tasa de acuerdo con la cual se destina: el 25 %, a los ayuntamientos; 1.500 millones de pesetas a la asistencia, recuperación e integración social de minusválidos físicos y sensoriales y de los subnormales, con especial atención a los niveles más altos de deficiencia; 1.500 millones al Patronato Nacional de Protección de Menores; el resto al Fondo Nacional de Asistencia Social.
Contradicción es del Gobierno
Ante esta nueva disposición del Consejo de Ministros, caben observaciones, tanto formales como de fondo. Teniendo en cuenta que todavía no funciona ningún casino o sala de juego, resulta incomprensible la urgencia con que se ha procedido a la distribución de unos rendimientos inexistentes, que aún tardarán meses en producirse.El hecho de que el Gobierno proceda contra sus propias decisiones sin que tan siquiera hayan transcurrido noventa días hábiles desde la promulgación del primer decreto-ley, pone de manifiesto la incoherencia y contradicción del Gobierno con su propia legalidad.
Al proceder de tal forma, el Gobierno no sólo ha frustrado parte de los objetivos sociales iniciales, sino que ha procedido a la distribución arbitraria de la tasa, sin el conveniente control democrático.
Al detraer un 25% de la tasa en beneficio de los ayuntamientos y no aplicar la totalidad a los fines específicamente sociales previstos en el decreto-ley de 25 de febrero, el Gobierno acentúa el abandono y la discriminación en que tiene a las minorías marginadas.
Al ver que se asignan cantidades o se consignan específicamente los destinos del rendimiento de la tasa, causa sorpresa no ver similares medidas específicas en relación con dos sectores de gran importancia como la educación especial y la prevención de la subnormalidad.
Existe un plan nacional de prevención de la subnormalidad dispuesto para su aplicación y a falta de recursos; por otro lado, la educación especial carece de financiación para atender debidamente los altos costes.
El Gobierno ha procedido a una arbitraria interpretación económica excesivamente restringida para unos sectores y excesivamente amplia para otros. Tanto el Consejo Nacional de Protección de Menores como el Fondo Nacional de Asistencia Social cuentan ya con importantes fuentes de financiación.
Si la tasa de juego -concluye la federación- en una proporción importante, queda subsumida en el Fondo Nacional de Asistencia Social, se confundirá el plano estricto de lo que son los derechos (por ejemplo, la educación) con acciones puramente asistenciales, y por otra parte, estas finalidades específicas quedarán diluidas en un fondo de gran magnitud y difícil control.
