¿Se acaban las encuestas?

UN DESPACHO de la agencia Logos, referente a la reunión mantenida ayer por la Junta Electoral. Central, anuncia, entre otras cosas, la posibilidad de que se prohiba la publicación de encuestas y sondeos de opinión electorales siete días antes de los comicios del 15 de este mes. Es decir: no habrá más sondeos de opinión pública desde mañana mismo, si los señores integrantes de dicha Junta Electoral -alguno de los cuales se ha enterado de tan importante cita viendo la televisión- estiman que en este país sólo el señor Suárez y sus compañeros de la Unión del Centro Democrático tienen suficiente preparación como para conocer las estimaciones previas al voto sin dejarse influir excesivamente por lo que las encuestas dicen que será la mayoría.En una España en la que por primera vez en 41 años se convocan elecciones generales a un Congreso y un Senado, en la que la Presidencia del Gobierno encabeza una de las candidaturas electorales, cuando esa candidatura utiliza con asiduidad los sondeos del estatal Instituto de la Opinión Pública, prohibir la publicación de otras encuestas implicaría notorio abuso de poder.

EL PAIS tiene ya anunciada la publicación de un último sondeo preelectoral. La Junta Electoral Central acaso pueda prohibirla. Pero, a más de ello, habrá de secuestrar EL PAIS. Porque este periódico va a publicar sus sondeos de opinión ya concertados y anunciados, y no en la defensa de los vanos millones invertidos en la operación, sino en la del derecho de contribuir a la información de los españoles frente a la arbitrariedad del poder.

Si existían dudas sobre la conveniencia o no de la publicación de este tipo de sondeos, debería haberse previsto en las normas electorales que el Gobierno elaboró y en la que otro tipo de cosas se legislan hasta lo exquisito. No es serio, ni admisible, que al final de la campaña, y sólo después de que una entidad privada como EL PAIS ha anunciado la publicación de una gran encuesta, la Junta del Censo pueda decidir impedirla. ¿Por qué siete días antes de las elecciones y no diez o cinco? ¿A quién se protege con esta medida? ¿Al pueblo español, huérfano de información libre durante años y anos, que acude a unas elecciones generales a elegir dos Cámaras, mediante un complicado sistema de nombre extraño, y que se ve inmerso en notables dificultades a la hora de emitir un juicio y una opción? La confusión no ayuda a la democracia, pero es la mejor de las máscaras con que se recubre la ignorancia.

Una cosa está clara: no se puede regular lo que no existe. Cuando se habla de reglamentar la publicación de los sondeos de opinión en período electoral, se contempla el caso de democracias establecidas, que han adquirido ya sus ejecutorias de nobleza a lo largo de la historia. Aquí ni siquiera sabemos de qué se trata. No ha habido aluvión de encuestas, ni mucho menos; y la más completa está, precisamente, en los cajones de la mesa del presidente, candidato número uno del conglomerado electoral que las encuestas también califican como el posible primero. En estas condiciones, la prohibición de la publicación de sondeos en plena campaña, con nocturnidad y alevosía, es un atentado triple: a la democracia, a la libertad de expresión y al derecho del pueblo a estar informado.