Campaña contra el Plan Territorial de Andalucía
Como parte de una estrategia colonizadora de la región ha sido definido el Plan Territorial de Coordinación de Andalucía aprobado por decreto de 18 de junio de 1976, cuya derogación fue solicitada ya en el pasado mes de marzo por representantes de numerosos colegios profesionales de las ocho provincias andaluzas. Pero la «batalla del Plan» no ha hecho más que comenzar y es ahora cuando diversos partidos políticos se han unido a los profesionales para iniciar una amplia campaña de divulgación que permita a los andaluces sensibilizarse y tomar postura ante un plan -elaborado, una vez más, en Madrid- que puede ser determinante de su futuro.El Plan Territorial de Coordinación de Andalucía (PTCA) contempla las alternativas regionales en cuanto a política energética, embalses y regadíos, centros industriales y de servicios, bases militares, medio ambiente y defensa de los recursos naturales, patrimonio histórico-artístico, infraestructura básica (comunicaciones, abastecimiento de agua), etcétera.
Lo mínimo que puede decirse del PTCA es que tiene una inspiración claramente centralista y antidemocrática. Su centralismo es mayor aún que la propia ley del, Suelo. Mientras que en ésta la Comisión Central de Urbanismo tiene un carácter informal, el decreto-ley de formación del Plan le otorga facultades decisorias fundamentales, como la de elegir la alternativa o las alternativas que han de desarrollarse. Los grupos de trabajo previstos son estrechamente dependientes, por su composición, de la Administración Central. Y no digamos la Comisión Regional de Planeamiento: en ella habrá menos representación de las entidades locales andaluzas que en la Comisión Central de Urbanismo. Según el artículo 1 del dichoso decreto, esta Comisión Regional estará formada por los ocho gobernadores civiles, los presidentes de las Diputaciones de las ocho provincias y ocho representantes de la Administración Central.
¿Por qué tanta prisa?
El caso es que el Plan podría ser menos malo si las Diputaciones andaluzas hubieran hecho uso de su facultad de redactarlo directamente en vez de dejarlo en manos de la Administración Central. Pero las ocho Diputaciones de la región -muchas de las cuales, si no todas, se han apresurado en los últimos meses a colocar en sus balcones la bandera verde y blanca- han escogido el camino más fácil: dejar que las grandes líneas del PTCA, es decir, las grandes líneas del futuro inmediato de los andaluces, las decida la Administración Central.
Hay que subrayar, por otra parte, que el decreto vulnera lo dispuesto en la ley del Suelo, produciendo así un contrasentido jurídico al no respetar la jerarquía de las normas. La ley establece en su artículo 8 que los planes directores territoriales se ajustarán a los principios del Plan Nacional de Ordenación, Plan que no existe en la actualidad. Es imposible adaptarse a unos principios que no han sido aún definidos.
Precisamente esta «urgencia» gubernamental por hacer el PTCA resulta sospechosa para muchos. Justo en esta situación histórica de tránsito hacia la democracia y mientras se niega a tomar medidas contra la alarmante crisis económica, el Gobiemo se apresura a aprobar un Plan que sí puede y debe esperar -al contrario que la economía- a que haya democracia en España.
Los andaluces deben decidir
Frente a estas deficiencias, la opinión más generalizada entre los sectores profesionales que se vienen ocupando del tema es que el decreto, si no derogado, debe al menos ser modificado para garantizar la participación de los ciudadanos andaluces. La base fundamental de esta participación podría estar en una Comisión Regional de Planificación integrada mayoritariamente por representantes de Andalucía democráticamente elegidos (al igual que los grupos de trabajo), que debe nombrar a los profesionales que redacten el Plan, decidir entre las alternativas a desarrollar, asegurar la intervención efectiva de los municipios, etcétera. Todo ello dejando sin uso a la mancomunidad de Diputaciones ya creada y haciendo posible, en cambio, el concurso de las. fuerzas sociales y políticas representativas. En resumidas cuentas, posibilitando que los andaluces decidan cómo va a ser Andalucía mañana.
