De agentes de la autoridad han pasado a marginados sin empleo

Todavía quedan en prisión algunos de aquellos guardias civiles y policías armados detenidos a raíz de la manifestación del pasado 17 de diciembre. Otros 46 guardias civiles han sido expulsados del Cuerpo como consecuencia de lo mismo.

Cuarenta y seis guardias civiles han sido expulsados del Cuerpo como consecuencia de la manifestación llevada a cabo por unos 2.000 policías armados y guardias civiles, el pasado 17 de diciembre, en la plaza de Oriente y frente al Ministerio de la Gobernación, reivindicando mejoras profesionales. Otros trece agentes de la autoridad -guardias y policías- están aún en prisión.Algunos de los expulsados han dirigido cartas al Rey y al presidente del Gobierno en las que exponen los hechos ocurridos y expresan quejas por lo que consideran medidas arbitrarias -como la de expulsión -o discriminatorias ,-como el haber recaído el castigo sólo sobre unos pocos- que se han cometido con ellos.

Los antecedentes

Según se nos ha informado, el movimiento reivindicativo tiene sus orígenes unos cinco años atrás, pero nunca se atrevieron a hacerlo realidad mediante una medida como la de la manifestación aludida. Esta concienciación entre los guardias civiles y los policías armados culmina en el mes de diciembre pasado con la decidida voluntad de manifestar pública y colectivamente sus aspiraciones. «Por supuesto, cinco días antes de la manifestación, los jefes sabían que ésta se iba a producir. Sin embargo, nada hicieron por impedirla. Quizá pensaban que, como en otras muchas ocasiones, no tendríamos valor. O quizá también a los mandos les interesaba que la hiciéramos: la seguridad social que pedíamos podría beneficiarlos a ellos. O por otras motivaciones que nosotros desconocemos.» Sobre este particular en su momento, se apuntó la hipótesis de que tal manifestación podía haber sido una acción más en un contexto de manipulaciones de sucesos con vistas a desestabilizar el momento político del país en general. Recuérdese el secuestro de Oriol, los sucesivos asesinatos y el secuestro del teniente general Villaescusa, acontecimientos todos ellos que constituyeron una oleada de violencia y tensión inusitadas.

Cuatrocientos detenidos

La manifestación se hizo. Pidieron cosas que habitualmente se entienden como estrictamente laborales y pidieron cosas que habitualmente se entienden como políticas.La manifestación pasó. Y, de los 2.000, fueron detenidos cuatrocientos; se les intruyó sumario y se les envió a prisión, según nos siguen informando fuentes oficiosas. «Se conocían más nombres, pero no se detuvo a nadie más. Cuatrocientos ya suponían un buen escarmiento. Los 2.000 hubieran acarreado demasiados problemas, aunque sólo fueran burocráticos. Pero tal forma de zanjar la investigación apunta más hacia unas intenciones tácticas que hacia un auténtico deseo de hacer justicia ». «Hemos sido cabezas de turco. Se nos castiga y degrada por algo que no impide seguir en su puesto, ni resta dignidad, a los demás compañeros», han opinado algunos.

En la prisión de Soria

De los cuatrocientos, 101 fueron a la prisión de Soria, «que estaba sin terminar y le faltaban dos meses para ser entregada y abierta». De éstos, 37 eran guardias civiles y 64 policías armados. Los restantes 82 guardias civiles fueron internados en la Academia de El Escorial, y el resto en distintos organismos mili tares en régimen de prisión Cumplirían dos meses de arresto «en el que hasta hemos tenido que pagarnos la comida».Ocho de los guardias civiles ingresados en Soria fueron trasladados a los calabozos del CIR número I de Colmenar Viejo, desde el 2 de febrero hasta el 21. También había aquí policías armados. Abogados de éstos, ante las condicione en que se encontraban, consiguieron que fueran evacuados en menos de 48 horas. Y días después salían también los guardias civiles.

Todavía quedan trece detenidos -nueve policías armados y cuatro guardias civiles- que se encuentran en la comisaría de Entrevías -aún abierta al público- y en el Cir número 2 de Alcalá de Henares, respectivamente. Parece que a éstos se les considera cabecillas de la manifestación. «Del mismo modo que se está poniendo en libertad a aquellos que antes eran objeto de nuestra persecución, también quisiéramos que pusieran en libertad a nuestros compañeros.»

Tras la salida de prisión, sólo a los ocho guardias civiles que fueron trasladados a Colmenar Viejo desde Soria se les comunicó que quedaban en arresto domiciliario. A los demás se les comunicó el levantamiento del arresto domiciliario sin saber antes que se hallaban en tal situación.

Los 46 expulsados

Los últimos datos que nos han sido facilitados, señalan que todos los detenidos, a excepción de los que aún se hallan encerrados y los expulsados, han vuelto a sus funciones. Si bien han sido trasladados de destino. A los policías armados se les ha permitido seguir en Madrid, aunque en distintos lugares de los que habían pertenecido. A los guardias civiles se les ha trasladado fuera de Madrid.De los 46 expulsados de la Benemérita, uno prestaba servicio en Logroño. Se le ocurrió entonar con la corneta la canción de Libertad sin ira. Fue secundado por unos trescientos compañeros. Era la cena de Nochevieja. Se supone que se extendió en solidaridad con los manifestantes de Madrid. Al corneta le costó la expulsión del Cuerpo, automáticamente por radio.

Cuando tuvo lugar la orden de expulsión de los últimos diecinueve, en la Academia de El Escorial se produjo un incidente de protesta entre los guardias jóvenes. Hubo algunos desperfectos de materiales, que supuso pagar 114 pesetas a cada uno de los alborotadores. Esto sucedía el 10 de febrero, cuando se rumoreaba que los expedientes de expulsión iniciados ascendían a unos noventa. La cosa quedó en los citados 46.

Sin empleos

El gran problema con el que se enfrentan los expulsados -según se nos ha explicado-, entre los que hay varios padres de familia, es la falta de empleo y la práctica imposibilidad de conseguirlo, pues allí donde van les piden certificado de buena conducta, antecedentes, y el resultado es negativo,«Parece que no nos queda otro camino que alquilarnos como guardaespaldas o algo así», comenta alguno. También dicen que «a pesar de llevar ya más de dos meses en esta situación, todavía no se han vendido ni alquilado a ningún enemigo de la Justicia, pues siguen creyendo en los rombos de sus uniformes».

En algún caso, los familiares han sufrido la visita de agentes de la autoridad que han registrado las habitaciones donde tenían efectos personales de algún sancionado. «Creemos que si quieren saber algo de nosotros, pueden venir a preguntarnos sin necesidad de traumatizar a nuestros padres», se nos ha comentado.

La orden y la derogación

La orden de expulsión, «con independencia y sin perjuicio de las responsabilidades que puedan de rivarse del procedimiento judicial » -según reza la notificación se basa en la R. O de 17 de enero de 1893 (C. L. número 22). Este ha sido recienteniente derogado, y ya no se puede expulsar salvo a raíz de ser condenado a tres años de arresto, enjuicio. En esa orden de expulsión se les cataloga corno «perjudiciles», que, al parecer, viene a ser como fuera de la ley.Tal derogación es uno de los logros positivos de todo este asunto. De todos modos, el juicio dirá su última palabra, aunque no se sabe cuándo tendrá lugar, La causa la instruye el juzgado militar Permanente número 1 .

Otros logros han sido el pasar a ser cubiertos por la Seguridad Social y acogerse a las ayudas de la Mutua Benéfica del Cuerpo que ahora concede a los créditos de hasta un millón de pesetas a un interés del 5 %.

Otras reivindicaciones están en estudio, parece ser.