Imposibilidad jurídica de extrañar a los presos preventivos

«Los presos vascos internados en el penal de Burgos se encuentran en huelga de hambre porque están bien informados de las dificultades reales que existen para su excarcelación. En contra de las informaciones que hasta el momento se han publicado en la prensa, lo cierto es que no existen razones suficientes como para poder pensar con mediana seguridad que todos los presos vascos pueden estar fuera de las cárceles esta semana, ni siquiera para finales de mes.»

En estos términos se expresaba a EL PAIS el abogado guipuzcoano lñaki Esnaola, quien el pasado lunes entregó en la Presidencia del Gobierno las solicitudes de indulto y de extrañamiento firmadas por los presos vascos en el transcurso del pasado fin de semana. Estas impresiones las mantiene el señor Esnaola después de haber tenido una larguísima conversación con el subsecretario de Presidencia del Gobierno, señor Otero, el pasado lunes.

«Hay una voluntad —diría— del Gobierno para excarcelar a los presos, pero hay también una gran ambigüedad en sus manifestaciones.» El problema radica en que no existe fórmula jurídica que haga viable la expatriación de los presos preventivos que son, además, la mayoría. Para decretar el extrañamiento son precisos pasos como un informe fiscal previo y una decisión del tribunal correspondiente, pero en el caso de los preventivos que no tienen juicio previo esto es prácticamente inviable. Mientras tanto, los que sufren condena pueden instantáneamente verla conmutada por la pena de extrañamiento, porque existe un tribunal para entrar en contacto y decretar esta medida.

Por otra parte, el Gobierno siempre ha manifestado su propósito de que utilizará los procedimientos jurídicos vigentes para proceder a la excarcelación de los presos, lo cual, en este caso, resulta inviable y contradictorio con su único proyecto de excarcelación, que consistiría en el extrañamiento.

«Según el mismo decreto promulgado por el Gobierno —explicaría el abogado Esnaola— establece claramente que sus posibilidades no van más allá del indulto, la libertad provisional, y para nada se menciona la expatriación.»

Las salidas jurídicas que quedan a los preventivos, excluida la pena de extrañamiento, seria la libertad provisional, un decreto de indulto, la ampliación de la amnistía, o que los juzgados sobreseyeran los sumarios. Por último, cabría la posibilidad de la deportación a algún lugar dentro del Estado español, «pero esto sería equivalente a una nueva cárcel, y no podría ser aceptado ni por ellos mismos ni por el pueblo vasco», explicaría el señor Esnaola.

En vista de la situación, parece difícil una salida inmediata de los presos de las cárceles. Dentro de este callejón sin salida se encuentra el Gobierno, que sólo ha expresado su voluntad de excarcelar, aunque no esté dispuesto a renunciar a una fórmula concreta. En este contexto, tampoco parece difícil que la enunciada excarcelación inmediata se produzca en los plazos anunciados.