Responsabilidad del Ayuntamiento salmantino en la contaminación del agua

El impago de anteriores suministros de cloro por parte del Ayuntamiento de Salamanca ha sido la causa de la contaminación del agua procedente de los depósitos municipales. El distribuidor de dicho producto se negó a realizar nuevas entregas en tanto no le fuera abonada la cantidad adeudada por el Ayuntamiento. Sin embargo, en una nota oficial, éste ha rechazado tal explicación, aunque admite que no ha podido proceder a la debida esterilización en una de las dos plantas potabilizadoras de agua con que cuenta Salamanca por carecer de cloro gas.

Según se ha podido saber ahora, después de la falta de cloro, el agua de la planta potabilizadora afectada fue tratada durante algunos días con lejía, antes de que se contratara en Zamora una cantidad de aquel producto. Posteriormente, una vez abonadas las 100.000 pesetas que se adeudaban a la casa suministradora, se trasladó un camión hasta Zaragoza para recoger una carga.La explicación oficial facilitada por el servicio de aguas del Ayuntamiento ha sido contestada por la opinión pública, que la ha calificado como ambigua e insatisfactoria, y en muchos casos, de falsa e irresponsable. El Instituto Castellano-Leonés, los representantes del Partido Comunista de España en Salamanca y un industrial hotelero han presentado sus correspondientes denuncias ante el juzgado en relación con la contaminación del agua que ha sufrido la ciudad.

Siete asociaciones de barrio, así como varios partidos políticos y particulares, han elevado sus protestas y exigido responsabilidades ante los organismos sanitarios y la Corporación municipal, urgiendo una investigación que determine las respectivas culpabilidades. Dos asociaciones de vecinos celebraron anoche sendas asambleas generales para tratar este problema, que ha afectado a numerosos salmantinos, aquejados de trastornos intestinales, mareos y vómitos a consecuencia del deficiente estado del agua.

Al Ayuntamiento se le responsabiliza tanto de la falta de vigilancia en la necesaria purificación del agua como de la ausencia de información, que dejó a los ciudadanos sin posibilidad de adoptar medidas preventivas. Las protestas se extienden a la Jefatura Provincial de Sanidad, que debió comunicar el peligro que entrañaba el consumo de agua, una vez que sus controles -según ella, realizados diariamente- detectaron la ausencia de cloro.