Política de precios y política regional

A pesar de reconocer sus profundas limitaciones, la política de precios agrícolas, es y va a seguir siendo un instrumento clave de la política agraria. Son muchas las polémicas, académicas y políticas, y muchas las opiniones diversas de todo tipo de especialistas sobre el tema. Pero la realidad es que la política de precios es uno de los elementos imprescindibles de toda política agraria en el momento presente y constituye una de las alternativas más eficaces para garantizar la libertad de los agricultores.Otro problema distinto consiste en cómo debe ser esa política de precios. El tema es complejo con múltiples derivaciones en otros muchos aspectos de política agraria y política económica general en los cuales no vamos a profundizar aquí. Pero sí sería interesante hacer algunas consideraciones generales sobre dos aspectos de la política de precios que pueden considerarse como clave en su orientación.

En primer lugar, es preciso tener presente que la política de precios no es una política de renta justa; hay que ir a mecanismos fiscales correctores. En una agricultura tan diversa como la española, garantizar precios justos a la mayoría de los agricultores implica la obtención de sustanciosos beneficios para una minoría poderosa o mejor organizada. El elevado coste que este tipo de políticas supone al Estado hace necesario que la. política fiscal complete la garantía de los precios con una imposición progresiva sobre los beneficios excesivos.

Existe un segundo aspecto de igual o mayor trascendencia y es que la enorme diversidad del campo deriva del hecho de la existencia de agriculturas completamente distintas. Este es un hecho relacionado en parte con la necesidad, reconocida cada día por una mayoría creciente de españoles, de institucionalizar el hecho diferencial nacional y regional de España. Este hecho regional es un factor adicional que complica las decisiones a adoptar en materia de precios agrarios. Por un lado existe un único mercado para el país en el cual la política de precios introduce un importante elemento de rigidez. Supone un freno a la necesaria especialización de cultivos, además de incrementar excesivamente los benéficos en las zonas más aptas para cada producto.

Poder central-poder regional

Todos estos factores exigen un profundo estudio aún por realizar. Autonomía regional, política de precios y política fiscal confluyen en una misma problemática que podemos observar desde una nueva óptica. ¿Qué aspectos de política agraria deben depender de un poder regional y cuáles exigen un planteamiento general a nivel del Estado?

No se pretende dar una respuesta a una pregunta tan extensa y complicada con implicaciones políticas y económicas de evidente magnitud. Sin embargo, pueden existir algunos criterios objetivos que constituyan la base de partida para el estudio y negociación que supone la solución de este problema.

Las diferencias regionales en nuestro país exigen una intensa acción redistribuidora que compense tanto factores de tipo natural como otros de tipo económico derivados de un mercado libre con repercusiones perturbadoras en la construcción de una sociedad más justa y equilibrada. De esta forma parece evidente que la política de cambio de estructuras en todo cuanto hace referencia a los grandes planes de transformación de áreas deprimidas deben corresponder a la acción del Estado siempre en la más estrecha coordinación con los poderes regionales. De igual modo podríamos concluir que un aprovechamiento óptimo de los recursos hace conveniente que el crédito agrario se canalice en su mayor parte por instituciones de carácter regional con el apoyo subsidiario, en los casos precisos, de órganos centralizados.

Otro aspecto de la política agraria en que se presenta claramente la urgencia de poderes de decisión regional es la política de conservación del medio ambiente. La Administración del Estado se encuentra en cualquier país desarrollado con evidentes dificultades para instrumentar políticas eficaces en este campo. Las exigencias diarias a corto plazo ocultan en gran medida la gravedad del progresivo deterioro de la naturaleza, suponiendo un freno evidente a las soluciones que se arbitran, ya que éstas no pasan, en la mayoría de los casos, de ser simples declaraciones de principios o de mostrar la preocupación por el tema. La descentralización de las decisiones referentes a conservación del medio ambiente supone una aproximación deseable hacia aquellos sectores de población más afectados directamente por la destrucción de la naturaleza que adquiere formas muy diferentes en cada caso y por ello exige soluciones propias y no generalizables. El interés de las comunidades locales o regionales por su entorno físico puede estimular planes concretos de acción siempre más eficaces.