Los ayuntamientos y las trabas a la información pública

Partimos de un hecho constatado por todos los periodistas que trabajan en el área de la información local: es más arduo obtener datos de un pequeño municipio que del. Area Metropolitana, más difícil conectar con sus alcaldes que con el gobernador civil de Madrid (sin entrar aquí con que luego los datos facilitados respondan o no a la pregunta formulada).Existe un contexto general que explica este fenómeno. Durante años, pedir información sobre un asunto determinado significaba en cierta medida, fiscalizar la labor de las autoridades municipales, lo que, desgraciadamente, no era de su agrado, entre otras cosas, porque gentes puestas a dedo, que admitían además este sistema, no son las más apropiadas para dejarse fiscalizar sin resistencia. Sus representados, acostumbrados a la fuerza a no meterse en camisas de once varas y convencidos de la inutilidad de sus denuncias, optaron por la postura designada de protestar verbalmente. Oficialmente, pues, todo era correcto.

Esta especie de muralla de silencio es el obstáculo que encuentra el informador cuando intenta conocer aspectos de tal o cual actuación urbanística -por ejemplo-, que va a cambiar totalmente la forma de vida del pueblo. en cuestión, que le va a originar múltiples problemas, y que los beneficios de contrapartida puede que no vayan a parar a las arcas comunes, sino a los bolsillos de particulares. El tema urbanístico es el que mejor ejemplariza esta situación, por cuanto significa movimientos de cientos o miles de millones de pesetas.

Y cuando se quieren obtener datos comienza la retahíla. Los alcaldes «no están nunca en casa», «ni van a venir hoy a la hora de comer». Del Ayuntamiento «se acaba de marchar y no sabemos si regresará», «nosotros no podemos decir nada sin su autorización», «presente usted una instancia», y respuestas similares.

Las dificultades del periodista se dan porque su tarea depende en gran parte, de la buena voluntad de sus fuentes. La única disposición que en la ley de Prensa contempla la relación del profesional con las fuentes de información oficiales dice: «el Gobierno, la Administración y las entidades públicas deberán facilitar información sobre sus actos a todas las publicaciones periódicas y agencias de información general que lo soliciten por escrito de su director o persona debidamente autorizada por el mismo».

El organismo, en cuestión, puede negarse a la solicitud, y contra la denegación se puede interponer recurso por vía administrativa. Lógicamente, éste no es el terreno de juego de un periodista, con lo que queda pendiente de la accesibilidad que quiera mostrar el alcalde en cuestión.

A su vez la realidad ha cambiado esta situación. Hoy, negarse a dar información sobre un tema público pone automáticamente en entredicho a la fuente consultada. La conducta a seguir, entonces, será retardar todo lo posible la entrega de datos, a ver si abandona, o hacerlo en la forma más restrictiva posible. En la práctica sucede así en demasiados casos. Los responsables municipales, a lo largo de sus muchos años de permanencia en el puesto, desarrollan una especie de sentido de propiedad, que les hace ver su despacho como su habitación particular, y los archivos como propios.Todo el que pregunta, es sospechoso de intromisión, y tratado con recelo.

Una vez más, la letra legal carece de efectividad si no va a, acompañada de un talante abierto y democrático de los encargados de aplicarla. Ocurre -y éste es el contexto particular y nuestra sospecha más grave-, que el talante cerrado descrito puede tener también motivaciones económicas, y tal vez, esa actitud trata de encubrir unos intereses que sólo mediante argumentos muy retorcidos se pueden presentar como generales.