La larga y dificultosa marcha hacia la CEE
Los aspectos políticos de las relaciones España-Comunidad han encubierto tradicionalmente los problemas económicos reales, que hoy empiezan a existir. El comportamiento de la Comunidad no puede decirse que ayude al proceso democratizador español, y en las últimas semanas parece que los obstáculos aumentan en vez de disminuir. Nos referimos a dos aspectos concretos de estas relaciones: la pesca y la adaptación del acuerdo comercial de 1970.Al extender sus aguas jurisdiccionales, la Comunidad propuso a los países que faenaban en sus aguas la firma de acuerdos-cuadro que regularan esta actividad en el futuro. España inició negociaciones con la Comunidad, y si creemos en las declaraciones de la delegación española, el espíritu en las mismas ha sido óptimo hasta el punto que, en la última sesión, el acuerdo era casi total. Mientras se negocia, la Comunidad ha establecido un régimen transitorio autónomo que entró en vigor el primero de enero hasta el 31 de marzo, y que acaba de ser prorrogado con ciertas modificaciones. Dicho régimen supone, según la Comunidad, el mantener un statu quo de la actividad. Así ha sido durante el primer trimestre, pero las modificaciones recientes han cambiado la situación.
Hasta marzo la única restricción, no justificada, por otra parte, con datos técnicos, ha sido la de reducir a un 30% nuestras posibilidades de captura tradicionales para la merluza. Desde abril la Comunidad ha impuesto a España (y curiosamente no a otros países) un sistema de licencias, hecho más o menos justificado, y, en base al mismo, sin ninguna justificación, una limitación a 124 del número de barcos que podrán pescar en sus aguas jurisdiccionales. En esta limitación radica el problema: en dichas aguas faenan tradicionalmente entre seiscientos y 1.200 barcos españoles. La aceptación de la norma comunitaria implica que quedarán en puerto entre el 75 y el 90% de la flota pesquera del Norte. Por otra parte, según medios técnicos españoles, con los barcos permitidos por la Comunidad no se pescará más allá del 25% de los cupos ofrecidos por aquélla, que quedan de hecho reducidos a dicha cuantía. Para la flota de arrastre más moderna, la de más de mil toneladas, la incidencia es mayor. Como resultado, más de 10.000 personas podrán verse afectadas. Parece como si en Bruselas una vez más se buscan soluciones teóricas a adoptar de la noche a la mañana sin tener en cuenta que detrás existen unas familias cuya vida depende de dicha actividad. ¿Dónde está el respeto del statu quo? ¿Y la supuesta comprensión de nuestros problemas, tan cacareada en las negociaciones?
Los hechos anteriores no son aislados. El último Consejo de Ministros de la Comunidad ha aprobado un nuevo mandato para negociar con España la adaptación del acuerdo de 1970. Dichas negociaciones se iniciaron en 1971 para compensar a España por los problemas creados a nuestra exportación agrícola por la ampliación de la Comunidad. Las propuestas comunitarias intentaron llevar a nuestro país a una zona de libre cambio industrial, objetivo no justificado económicamente, pero única alternativa política en aquel momento. La situación cambió al decidir el primer Gobierno de la Monarquía, con clara visión del problema, limitar la negociación a la simple adaptación del acuerdo del setenta con las concesiones agrícolas que nos eran debidas A partir de este momento el objetivo prioritario de España pasa a ser la adhesión.
Tras un nuevo intento de la Comunidad de volver a la zona de libre cambio, cortado por gestiones del Gobierno español en septiembre del 76, el Consejo de Ministros aprobó el 5 de abril un nuevo mandato que en opinión de responsables del tema constituye la peor solución que podía esperarse. La incomprensible intransigencia de Italia, apoyada por otros Estados miembros, en conceder a España ventajas agrícolas mucho menores de las que ya disfrutan nuestros concurrentes del Mediterráneo, han llevado a proponernos un acuerdo en dos etapas: en la primera ambas partes se extenderían el acuerdo del setenta. En las segundas, según parece, se negociará para reequilibrarlo en favor de la Comunidad a cambio de unas posibles concesiones agrícolas. Como se ve, tras seis años el problema se ha invertido y se ha pasado de una compensación agrícola a España a una compensación industrial por parte de nuestro país en base a un supuesto y nunca demostrado desequilibrio del acuerdo de 1970.
¿Cómo puede entenderse este comportamiento de la Comunidad frente a la España actual? La democratización plantea el tema de la integración en Europa con toda su crudeza: los intereses económicos son determinantes. Es cierto que los Gobiernos de los nueve han hecho numerosas declaraciones sobre la integración de las nuevas democracias del sur de Europa, pero no es menos cierto que las negociaciones de adhesión con Grecia avanzan muy lentamente y las perspectivas de Portugal son también pesimistas. ¿Qué sucederá con España? Con un planteamiento realista hay que ser si cabe aún más pesimistas. La campaña iniciada por los medios agrícolas franceses, apoyada por informes del Gobierno y avalada incluso por algún conocido europeísta de la izquierda francesa, tiende a demostrar que la entrada sólo podrá hacerse si se establecen elementos suficientes de protección contra las exportaciones agrícolas de nuestro país. Se olvida así la esencia de la Comunidad, pero también que junto al desarrollo de nuestra exportación agrícola se producirá la apertura de nuestro mercado agrícola e industrial.
En otros países las dificultades se encubren con otros argumentos: la debilidad interna de la Comunidad, las dificultades institucionales, o la carga económica que la ampliación de la Comunidad supone.
En este contexto, ¿de qué garantías dispone España para su integración? En el plano de los principios y de las declaraciones, todas; de hecho, las derivadas de su fuerza, íntimamente ligadas al importante mercado que nuestro país representa. La apertura de este mercado puede suponer un obstáculo paradójicamente para nuestra integración. Lo que puede ser bueno a corto plazo planteará problemas a largo. La única alternativa para acelerar la integración en la Comunidad es mantener las cosas en su situación actual y procurar que el proceso de integración se realice en el menor tiempo posible. El Gobierno que salga de las elecciones debe ser consciente de la importancia del tiempo y solicitar la integración de inmediato. El actual no debe adoptar ninguna decisión que pueda significar un obstáculo en el futuro a cambio de unas reducidas ventajas inmediatas.
