Los sindicatos europeos piden prioridad para una política de empleo
El comité ejecutivo de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), que agrupa a unos 35 millones de trabajadores afiliados a organizaciones sindicales europeas de orientación democratacristiana, socialista, liberal o comunista, aprobó una serie de declaraciones sobre la próxima cumbre de países industrializados occidentales, de 7 y 8 de mayo en Londres, la reducción del tiempo de trabajo, la elección directa al Parlamento Europeo y la participación de los trabajadores en las decisiones del Banco Europeo de Inversiones.
La CES, a la que están afiliados los sindicatos del Estado español UGT y STV, pide a los jefes de Estado o de Gobierno de los siete países índustrializados que participarán en la cumbre de Londres que activen la economía, con prioridad para el empleo, la lucha contra la inflación y la creación de un orden económico más justo.Recuerdan que la «depresión económica en Europa occidental ha entrado en su cuarto año», con graves consecuencias para los trabajadores, que han visto triplicar el nivel de desempleo.
Citan también, además de la cumbre de Downing Street, las reuniones de la EFTA (zona europea de libre cambio) del 13 de mayo en Viena, la reunión social tripartita de la CEE y el «consejo Europeo» dejefes de Estado o de Gobierno de los «nueve» de 28 y 29 de junio, en Londres, como centros de discusión para activar la economía europea y reducir el paro.
Es, precisamente, para limitar los efectos del paro, que la CES propone reducciones de trabajo, sin perdida de salario, que podrían fundarse en cuatro objetivos:
- Reducción de la duración semanal de trabajo hasta llegar a la semana laboral de 35 horas.
- Ampliación del período de vacaciones hasta seis semanas.
- Prolongación de la edad de escolaridad obligatoria hasta los dieciséis años.
- Posibilidad de obtener el retiro a partir de los sesenta años, sin pérdida del importe de la pensión.
En cuanto a la elección directa, por sufragio universal, para el Parlamento Europeo, la CES se muestra partidaria de mantener la fecha prevista de primavera de 1978. Insiste, sin embargo, en dotar al futuro Parlamento Europeo de mayor control democrático de las actuales políticas comunitarias.
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