Los culpables de filtración de los exámenes están entre veinte personas

El próximo sábado, día 30, se celebrarán nuevas pruebas de ingreso en la Universidad para mayores de veinticinco años, suspendidas el sábado pasado al haberse descubierto que los resultados de los exámenes habían sido vendidos con anterioridad a los aspirantes por algunas academias al precio de 5.000 pesetas. La convocatoria de estas nuevas pruebas se hará pública de inmediato, según una nota oficial del Rectorado de la Universidad Complutense. La misma nota afirma que, aparte de las diligencias que se lleven a cabo en la esfera administrativa para clarificar el fraude, la Universidad dará estado judicial al asunto, al margen de la iniciativa procesal tomada por algún grupo de los examinandos. La junta de gobierno de hoy puede decidir el nombramiento de un juez especial para investigar los hechos.

El sábado por la tarde, el rectorado de la Complutense abrió una investigación y el domingo por la manana se reunieron los vicerrectores, señores Calvo y Fernández Gallano, y el director y director adjunto del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), organismo encargado de elaborar varias de las pruebas de acceso a la Universidad para los mayores de veinticinco años.El profesor Fernández Galiano, vicerrector encargado de estas pruebas en la Universidad Complutense, declaró a Logos que el responsable o responsables de la filtración de los ejercicios puede estar entre una veintena de personas.

Los ejercicios facilitados con anterioridad a los exámenes fueron, por lo menos, dos: el de lectura crítica y el de deducción racional. Estos dos ejercicios, más el de vocabulario, son los que elabora el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad. los originales de dichos test pasan a manos de las autoridades universitarias, para su supervisión y, posteriormente, se guardan en una caja fuerte, de la que sólo salen para ser multicopiados en fechas inmediatas a la celebración de los exámenes. A continuación se embalan en tantos paquetes como tribunales se constituyen y sólo se abren el día de la prueba por el presidente del tribunal respectivo. «En este proceso, que no puede ser totalmente hermético -dijo Fernández Galiano- es donde puede haberse producido la filtración, cuyo causante será buscado hasta el fin.»

Las otras pruebas que constituyen los exámenes son una conferencia, que todo el mundo desconoce hasta el momento del ejercicio, en que uno de los miembros del tribunal la prronuncia ante los alumnos, y una traducción de idioma moderno, que viene asesorada por la Facultad de Filología.

En las pruebas del pasado sábado estaban matriculados 868 aspirantes al acceso a la Universidad, de los que, según el profesor Fernández-Galiano, el 90% se mostró satisfecho por la suspensión de los exámenes tras tener evidencias del fraude. De ello podría deducirse que las respuestas de los test del examen habrían llegado a una minoría de alumnos. El vicerrector dijo también que se conocen unas diez academias que preparan a los mayores de veinticinco años para ingresaren la Universidad, aunque esto no quiera decir que son el total de las existentes, ya que no hay relación entre la Universidad y las academias. A este respecto, Diario 16 daba ayer los nombres de las siguientes academias, entre las que se dedican a preparar para estas pruebas: Anchieta, Sciencia, Rosales, Jea, Matesanz, Erasmo; Acces, Pez, Dovi y CYMA.

Según Logos, parece que el artículo del Código Penal que habría sido infringido en caso de que el responsable o responsables fuesen funcionarios sería el 367, que dice textualmente: «El funcionario público que revelare secretos de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o entregue papeles o copia de papeles que tenga a su cargo y no deban ser publicados incurrirá en las penas de suspensión y multa de 5.000 a 10.000 pesetas. Si de la revelación o entrega de papeles resultare grave daño para la causa pública o para terceros, las penas serán de prisión iifl'enor, e in-. habilitación especial.»

Por otra parte, el rectorado de la Universidad de Zaragoza confirmó, según Logos, que en una de las pruebas de acceso para mayores de veinticinco años hubo una persona que se presentó por otra a un examen, debido a que los alumnos eran citados por los apellidos, pero no se les pedía el documento nacional de identidad ni ningún tipo de comprobante. La investigación se inició a consecuencia de la denuncia de las pruebas hechas por un periódico y de dos cartas protestando por supuestas irregularidades qÚe se recibieron en el rectorado.