La CEE impone rigurosas cuotas al acero español
Se ha fijado ya la fecha para el inicio de las conversaciones entre España y la Comunidad Económica Europea, tendentes a la readaptación en dos etapas del acuerdo de 1970. Asimismo, se han impuesto definitivamente fuertes gravámenes a las ventas del acero español a los nueve países comunitarios.
Las conversaciones se iniciarán el próximo día 27, y la base de partida será, por parte comunitaria, la presentación del mandato en dos etapas, aprobado el martes en Luxemburgo por el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores.Si España acepta, como todo hace creer después de la rueda de prensa celebrada el martes por Exteriores, en Madrid, la tesis de una adaptación del acuerdo en dos fases, la ronda negociadora del próximo día 27 podría servir para determinar los aspectos jurídicos de la extensión del acuerdo de «seis» a la actual CEE de los «nueve».
Por parte comunitaria la extensión jurídica del acuerdo supondrá un aumento de tarifas en Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca, contra las importaciones agrícolas españolas que, hasta el 1 de julio, entrarán en dichos mercados con un arancel muy bajo. Las importaciones industriales se beneficiarán de las reducciones arancelarias (de una media del 60 %) que tienen ya en los mercados de los «seis» Estados fundadores de la CEE.
La CEE aumentará, al mismo tiempo, una serie de contingentes de productos españoles que benefician de reducciones de la tarifa exterior comunitaria.
En contrapartida, España deberá conceder reducciones arancelarias (de una media del 22%) para productos industriales procedentes de Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca. También deberá aunmentar sus cupos para la entrada de productos agrícolas comunitarios.
De todo ello y, sobre todo, de las perspectivas de la segunda etapa de adaptación del acuerdo, a realizar en otoño, tratarán españoles y comunitarios durante la reunión prevista para finales de mes en Bruselas.
Al margen de los problemas del acuerdo, hay que señalar la aprobación, por parte de la Comisión Europea, de sus medidas anti-crisis en el sector siderúrgico. Normas que afectarán a la exportación siderúrgica española hacia la CEE (1.200.000 toneladas en 1976), al quedar sujetas a licencias de importación.
Las licencias serán obligatorias para todos los países no miembros del Mercado Común. Las mismas servirán para un riguroso control estadístico de las importaciones siderúrgicas de la CEE.
