2.750 pesetas de gravamen a cada tonelada exportada de acero español

La decisión británica de imponer derechos arancelarios anti dumping sobre los precios de perfiles siderúrgicos comerciales españoles, exportados al Reino Unido, ha causado cierta sorpresa en medios comerciales españoles en Londres, y ha sido recibida con satisfacción por los industriales británicos, que atraviesan una grave crisis desde hace dos años.

Los derechos cifrados en 31 libras y media -unas 3.750 pesetas- por tonelada, han sido impuestos por el Ministerio británico de Comercio, atendiendo a las presiones de la industria siderúrgica privada, que consideraba que la exportación española ha sido en los últimos tres meses no sólo excesiva, sino también demasiado barata, en relación a los precios internos. Desde hace un año, había conversaciones en Madrid, entre autoridades españolas y británicas, para ajustar los precios siderúrgicos al mercado interior británico. Para el pasado martes había prevista otra ronda de conversaciones, pero Gran Bretaña anunció que no asistiría y decidió unilateralmente entablar los derechos arancelarios, y que tienen carácter provisional. Durará tres meses, a lo largo de los cuales el Ministerio británico de Comercio, estudiará si en realidad se ha producido el dumping que se denuncía.Gran Bretaña tomó su decisiónunilateral, porque estimó que en febrero España llegó al máximo de su capacidad exportadora con respecto a Gran Bretaña. Fuentes comerciales españolas en Londres dijeron a EL PAIS, que esto no responde a la realidad, porque en febrero sólo se exportaron 1.400 toneladas mientras que en enero, fueron cerca de 2.000 las toneladas vendidas a este país. Las 31,50 libras por tonelada, se considera un derecho «bastante alto si se tiene en cuenta su carácter provisional». Suráfrica tiene que soportar un derecho de 38 libras por tonelada, en Gran Bretaña, esta sanción tiene un carácter permanente. En los círculos comerciales españoles de Londres, se tiene la impresión de que a pesar de la decisión inglesa, que entró en vigor ayer, las conversaciones madrileñas sobre ajuste de precios podrán continuar y el derecho será anulado pasados los tres meses, por lo que inicialmente ha sido impuesto.