La isla de Formentera, amenazada

Ya antes de que finalice el período de información pública de las normas subsidiarias y complementarias de planeamiento urbano de Formentera, aprobadas inicialmente por su Ayuntamiento a finales del pasado mes de enero, el urbanismo se ha convertido en el tema dominante entre las aproximadamente 3.500 personas que habitualmente residen en la más meridional de las Baleares, definida con todo merecimiento como el último refugio natural del Mediterráneo español. Así, incluso para el viajero no avisado, es fácilmente perceptible el ambiente de oposición popular que se respira en la isla en contra de la aprobación de dichas normas, oposición traducida en numerosas pintadas y pegatinas en las que un lacónico «No más hoteles» sintetiza la postura de la sensibilizada opinión pública formenterense en torno al tema.Formentera, marco de un campo de concentración durante los primeros años del franquismo, posteriormente convertida en meca de marginados de la sociedad opulenta occidental, está mostrando estos días su deseo de no homologarse a otros centros turísticos del Estado español a los que un obsesivo afán de crecimiento económico estrictamente cuantitativo ha llevado a una inexorable degradación. Y, según una buena parte de la población formenterense, las normas subsidiarias de planeamiento, ahora en juego, son precisamente el mejor instrumento para que la vulgarización de Formentera sea muy pronto un hecho consumado.

Las normas de la discordia

Desde que en 1969 el Ayuntamiento de Formentera encargara la redacción de un primer Plan General de Ordenación Urbana de los 82 kilómetros cuadrados que forman su término municipal, ha llovido lo suyo, incluso, en esta isla, donde la tradicional carestía de agua se ha convertido en un eficaz elemento corrector del desarrollo turístico. Desde aquella lejana época dos han sido los planes generales de rdenación encargados y posterioinente rechazados por un Ayuntamiento cuyas características fundamentales consisten en la gravedad de los problemas que tiene planteados la comunidad orgánicamente por él representada y la precariedad de recursos y mecanismos de control traducibles en un presupuesto anual de unos siete millones de pesetas. Dos planes generales sobre los que habrá que volver más adelante, cuya inexistencia real permitió que en estos años de progresivo desarrollo de la industria turística proliferaran en la isla buen número de urbanizaciones ilegales, se construyera en estos tiempos más que en varios siglos anteriores juntos y, lo más importante, que poderosos grupos promotores turísticos, entre los que es imposible entontrar un solo formenterense, se apresuraran a realizar grandes inversiones colocándose en un punto de privilegio en la inevitable carrera hacia la especulación.Así, tras los dos intentos de planeamiento fallidos anteriormente citados, se llegó el verano pasado al encargo informal, pero de hecho, por parte del Ayuntamiento de la redacción de unas normas subsidiarias y complementarias de planeamiento. El encargo recayó en Cepeisa, un colectivo de profesionales del urbanismo afincados en Madrid, precisamente el mismo equipo que había redactado anteriormente sendos planes parciales para Ibiforsa, la empresa mercantil propietaria de las salinas de Formentera e Ibiza, planeamientos que convertían a estas zonas de máxima importancia paisajística y ecológica en unas macrourbanizaciones capaces de albergar 15.000 personas.

Convendrá recordar, asimismo, que el segundo Plan General de Ordenación fue concebido por su equipo redactor -dirigido por los arquitectos Félix Julbe y Raimón Torres- como una alternativa racional al desarrollo integral de Formentera, a partir de una exhaustiva encuesta efectuada a la población formenterense, produciendo en términos técnicos las aspiraciones de la mayoría de la población.

Hechas estas consideraciones, y siguiendo con la redacción de las normas, Cepeisa redactó su planeamiento en un tiempo récord de algo más de un mes -según la cronología oficial facilitada por el Ayuntamiento- basándose en una argumentación económica ahora continuamente impugnada por los formenterenses. Según Cepeisa, la renta per cápita en Formentera es de 77.200 pesetas y para llegar a la por nadie reclamada renta estable de las 110.000-120.000 pesetas anuales el camino es claro para este equipo de urbanistas; declarar el turismo como única opción de desarrollo. De esta manera, y tras una negociación entre equipo redactor y grandes promotores turísticos, que financiaron de su propio bolsillo 400.000 pesetas del 1.100.000 que ha costado este nuevo planeamiento, las normas posibilitan la construcción de tres hoteles de cinco estrellas -uno de ellos en El Espalmador, un islote adyacente-, uno de cuatro estrellas, un puerto deportivo, un campo de golf, todo ello en una isla en que la industria turística había surgido gracias a pequeñas economías unifamiliares. En total, las normas han fijado en 5.485 las plazas turísticas de nueva creación y en 23.268 personas el techo de población, datos que son considerados como irreales por los impugnadores del planeamiento.

Fuerte oposición popular al proyecto

Porque, hechos sin precedentes en esta isla de gentes tranquilas, estas normas han sido capaces de que los afectados hayan redactado una semana antes de que finalizara el período de información pública más de un millar de impugnaciones particulares a la totalidad de las normas, asi como varias impugnaciones colectivas, también a la totalidad del planeamiento.Los impugnadores no entienden ni aceptan por qué el turismo debe ser considerado como el único motor del desarrollo económico de la isla y más en estos tiempos de crisis en el sector. No entienden ni aceptan que las normas se desentiendan de la agricultura la ganadería y la pesca, tres tradicionales ocupaciones de los naturales de la isla. Les resulta difícil comprender que se levante un campo de golf cuando vivir en Formentera sigue siendo una rara heroicidad a consecuencia de la gravísima situación de la asistencia sanitaria, aunque la Seguridad Social obtiene mensualmente de la isla ocho millones de pesetas. No están de acuerdo en que los grandes promotores -mallorquines, catalanes, suizos, alemanes e ibicencos- hayan conseguido un trato de favor con las normas, sintiéndose los formenterenses claramente marginados. Son de la opinión, los fórmenterenses, de que el paisaje y el medio ambiente no quedan claramente preservados en el nuevo planeamiento. Ponen en tela de juicio la necesidad de que se lleve a cabo un proyecto de traída de agua potable desde Ibiza y le manifiestan en contra de que tal operación, quede en manos de la iniciativa privada, tal y como propone el Ayuntamiento.

Los formenterenses creen, en síntesis, que las normas aprobadas inicialmente por el Ayuntamiento están en contradicción con los intereses de la mayoría de la población insular.

Los formenterenses, en estos últimos cuarenta años, solamente han tenido una única oportunidad de intervenir en la gestión de su propio desarrollo y ésta fue en el transcurso de la redacción del segundo plan. En aquel entonces, hace solamente de ello un año y medio aproximadamente, los formenterenses se mostraron claramente partidarios de mantener por encima de todo el respeto al paisaje y medio ambiente de la isla por considerar que constituyen su único patrimonio colectivo. Se declararon contrarios a los grandes proyectos hoteleros, al desarrollo turístico entendido como única opción de desarrollo y controlado en los centros de decisión europeos a través de los potentes operadores. Los formenterenses, la única vez que fueron consultados, se mostraron partidarios de una diversificación económica en la que, naturalmente, el turismo controlado por ellos mismos tenía un papel fundamental a ocupar.

Ante tal situación, el Ayuntamiento de Formentera, por boca de su alcalde, Antonio Serra, ha optado por el anatema condena torio. «El problema urbanístico de Formentera -dice Antonio Serra- se ha politizado excesivamente», haciendo responsables de este supremo ejercicio de la razón al Partido Socialista Popular -que se ha declarado públicamente en contra de la aprobación de las normas~ y alguno de los miembros del equipo redactor del segundo plan general, con cretamente el arquitecto Félix Julbe, uno de los chivos expiatorios de la más reciente historia del urbanismo de Ibiza y Formentera. Porque, si como dijimos anteriormente, el segundo plan propuso la planificación integral de la isla a partir de los intereses de la mayoría de la población, la ambigüedad intrínseca que supone este escalón inferior de planeamiento previsto por la ley del Suelo como son las normas subsidiarias de planeamiento, permite legalizar de hecho una manera de entender la planificación de un territorio sin tener en cuenta las necesidades de este territorio afectado. Si a nadie escapaba en épocas muy recientes -posiblemente tampoco a sus propios redactores- que el invocado utopismo de las propuestas contenidas en el segundo plan general consistía precisamente en la extraordinaria dificultad de llevar a la práctica una coherente política reformista en materia urbanística, en un contexto donde intereses públicos y privados presentan una conflictividad poco menos que irresoluble, por el momento, en un medio donde la rapacidad del capital no puede ser mínimamente contrarrestado por unos ayuntamientos que no son representativos, resulta obvio que la salida airosa al problema de la planificación de Formentera, al menos, para los grandes intereses coincidentes en la isla, pasaba por la redacción de unas normas subsidiarias. Unas normas cuya servidumbre al plan provincial de Baleares es total por propia definición, vinculación que hacía previsible los resultados prácticos de este planeamiento dada la generosidad con que los redactores del plan provincial obsequiaron a los grandes promotores del turismo.